Costa asegura que la ley de cogestión aeroportuaria cuenta con el apoyo del PP de Feijóo

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, defiende que la ley de cogestión aeroportuaria aprobada por el Parlament junto a Més per Mallorca y Més per Menorca cuenta con el respaldo tanto del PP balear como de la dirección nacional del partido. El dirigente popular asegura que las enmiendas incorporadas durante la tramitación de la norma fueron consensuadas y conocidas por la estructura estatal de la formación y subraya que la presidenta autonómica, Marga Prohens, ha abordado personalmente esta cuestión con la dirección nacional.

"La ley de cogestión tuvo una tramitación con enmiendas del PP que se aprobaron de forma consensuada. Eran conocidas a nivel nacional por parte del PP", afirma Costa, quien insiste en que la norma dispone del apoyo de la organización tanto en Baleares como en Madrid porque responde a una necesidad ampliamente compartida en las Islas.

El eje central de la ley es el refuerzo del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares, que pasa de ser un órgano básicamente consultivo a tener un papel más determinante. En concreto, el texto establece que algunos de sus informes tendrán carácter vinculante, especialmente en cuestiones como la estrategia aeroportuaria, los planes directores o el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), lo que permitirá condicionar decisiones clave sobre el desarrollo de las infraestructuras. La norma también amplía de forma significativa las funciones del Comité, que podrá participar en la definición de rutas, frecuencias y capacidad de los vuelos, así como en la organización de franjas horarias. 

Las declaraciones del vicepresidente se producen en plena controversia por la lona publicitaria instalada en el aeropuerto de Palma, una polémica que el Govern considera una muestra más de la desconexión existente entre Aena y las instituciones baleares. Para Costa, situaciones como esta justifican precisamente la aprobación de una ley destinada a reforzar la capacidad de influencia de la comunidad autónoma en la gestión de los aeropuertos.

"No puede repetirse"

"Situaciones de ninguneo por parte de Aena no pueden repetirse. Es una auténtica vergüenza", afirma el portavoz, quien también sostiene que el conflicto generado por la campaña publicitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de dotar a Baleares de más instrumentos para intervenir en decisiones que afectan directamente a su territorio y a su modelo económico.

Costa contrapone la actuación del gestor aeroportuario a las políticas impulsadas por el Govern para contener los efectos de la saturación turística. Según señala, mientras el Ejecutivo autonómico trabaja para reconducir el modelo turístico hacia parámetros más sostenibles, determinadas actuaciones de Aena avanzan en una dirección opuesta. "No puede ser que desde aquí se hagan esfuerzos para cambiar el patrón de crecimiento turístico, para intentar que venga un turismo más respetuoso con los ciudadanos y luego haya gente que vaya en sentido absolutamente contrario", manifiesta.

El vicepresidente defiende que la ley de cogestión busca precisamente evitar este tipo de contradicciones y servirá para garantizar que las instituciones baleares tengan una participación efectiva en aquellas decisiones que repercuten directamente sobre el volumen de pasajeros, la planificación aeroportuaria y el modelo turístico de las Islas.

En este sentido, reitera que la norma pretende corregir una situación en la que decisiones estratégicas para Baleares se adoptan sin que exista una capacidad real de influencia por parte de la comunidad autónoma. A juicio del Govern, la polémica generada por la lona de Son Sant Joan y otros conflictos recientes con Aena refuerzan la necesidad de avanzar hacia un modelo que otorgue más peso a las instituciones insulares en la gestión de los aeropuertos. Costa insiste en que el apoyo de la dirección nacional del PP a la iniciativa demuestra que la reivindicación de una mayor participación de Baleares en la gestión aeroportuaria trasciende el ámbito autonómico y responde a una demanda que el partido considera legítima y necesaria para defender los intereses de las Islas.

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