USO pide garantías jurídicas en la negociación laboral de las 'escoletes' 0-3 de Baleares

El sindicato USO Illes Balears ha movido ficha en el conflicto laboral que afecta a las escoletes de las islas. La Federación de Enseñanza de la organización ha presentado una comunicación y denuncia preventiva ante la Dirección General de Trabajo del Govern. Con este paso formal, el sindicato exige que las negociaciones abiertas para regular las condiciones del sector cuenten con "plenas garantías legales" y den voz a todas las entidades legítimas.

Esta iniciativa se introduce en un escenario complejo, marcado por los recientes contactos entre la Conselleria de Educación y Universidades, la de Trabajo, las patronales y los sindicatos STEI, UGT y CCOO para intentar desbloquear el convenio autonómico y frenar la huelga convocada para el próximo 2 de junio.

El argumento central de USO es que las escoletes de 0 a 3 años financiadas con fondos públicos han entrado en una realidad jurídica "completamente nueva en las islas". Dicen que al integrarse en el sistema de la enseñanza concertada, las reglas del juego para sus trabajadoras han cambiado de manera profunda. "Nos encontramos ante un nuevo paradigma inexistente a nivel nacional, ya que las trabajadoras de los centros de Educación Infantil de primer ciclo han pasado a integrarse, a todos los efectos, en el ámbito del sector concertado 0-18", explica el comunicado de USO.

Hasta este momento, este colectivo se regía por el convenio estatal de centros de asistencia y educación infantil. Sin embargo, al pasar a formar parte del sistema sostenido con fondos públicos, se sitúan bajo el paraguas del convenio de la enseñanza privada concertada. Por ello, el sindicato reclama una "convergencia gradual entre ambos marcos normativos" para evitar que las educadoras queden en una situación de incertidumbre.

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La organización sindical insiste en que las reuniones actuales no deben fragmentar al colectivo ni dejar fuera a ningún agente "con derecho a estar en la mesa". Recuerdan que en estos centros trabajan muchos perfiles distintos —como maestras, técnicas de educación infantil, auxiliares, coordinadoras y personal de apoyo— y que todas ellas deben quedar protegidas por el pacto final.

Para asegurar que todo se haga conforme a la ley, USO ha convocado formalmente una comisión negociadora "amparada en el Estatuto de los Trabajadores". El sindicato ha lanzado una advertencia clara sobre la validez de lo que se firme: "Ninguna organización puede atribuirse la representación de un colectivo sin haber acreditado formalmente su legitimación, y ningún acuerdo alcanzado al margen de estas reglas puede ofrecer garantías jurídicas reales para las trabajadoras".

Falta de financiación

Por último, USO señala que el debate real no es "quién negocia primero ni quién firma antes", sino solucionar los problemas de fondo. La organización denuncia la "infrafinanciación estructural" que sufren las escoletes desde hace años y el retraso en el reconocimiento del valor social y la cualificación de sus empleadas.

En este sentido, el sindicato advierte a las administraciones de que la viabilidad de los centros está en juego si no se calculan bien las ayudas públicas, concluyendo de forma directa que "sin una correcta financiación y reglas de funcionamiento los centros están abocados al cierre".

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