El Govern da por amortizado su pacto con Vox con la ley ómnibus mientras Més anuncia un recurso al Constitucional

El Parlament aprobó ayer la ley de proyectos estratégicos impulsada por el Govern de Marga Prohens tras un debate marcado por las críticas de la izquierda a los acuerdos alcanzados entre el PP y Vox durante la tramitación parlamentaria de la norma. Aunque el texto nació como un instrumento para acelerar inversiones y simplificar procedimientos administrativos, la discusión política se centró principalmente en las medidas relacionadas con lengua, función pública, ayudas sociales y vivienda incorporadas mediante enmiendas.

El vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, defendió la ley como una herramienta para "modernizar" la Administración y agilizar proyectos públicos y privados. Costa sostuvo que Baleares ha estado durante años "atrapada en una administración excesivamente lenta, fragmentada y burocrática" y aseguró que la norma permitirá reducir trámites y coordinar mejor los procedimientos administrativos.

El dirigente popular reivindicó además el acuerdo parlamentario alcanzado con Vox y afirmó que el Govern "cumple con la palabra dada" al incorporar las medidas pactadas en el acuerdo presupuestario de 2025. Costa defendió especialmente las modificaciones relativas al requisito de catalán porque, según explicó, las excepciones afectan únicamente a puestos "de muy difícil cobertura" y no alteran ni el Decreto de Mínimos ni la Ley de Normalización Lingüística.

PSOE

La oposición centró buena parte de sus críticas precisamente en estas medidas lingüísticas. La diputada del PSIB Amanda Fernández acusó al Govern de impulsar "una modificación encubierta" de la Ley de Normalización Lingüística y aseguró que el PP ha terminado aprobando medidas "que ni José Ramón Bauzá se atrevió a hacer".

Fernández criticó especialmente las excepciones al requisito de catalán para determinadas plazas docentes y advirtió de que permitirán que profesores sin conocimientos de la lengua puedan acceder a plazas de funcionario de carrera. La diputada sostuvo además que las medidas se han aprobado sin negociación previa con los sindicatos educativos y alertó de que, en el caso de Formentera, donde todas las plazas están consideradas de muy difícil cobertura, la nueva regulación podría tener un impacto especialmente significativo.

Por su parte, el diputado socialista Llorenç Pou amplió las críticas al conjunto de la ley y acusó al PP de impulsar medidas que, a su juicio, perjudican tanto a la cohesión social como a las personas más vulnerables. Pou cargó contra la exigencia de tres años de residencia legal para acceder a determinadas ayudas sociales, criticó la posibilidad de que fondos de inversión puedan acceder a viviendas de precio tasado y denunció que la norma favorece "la especulación turística y urbanística".

Més per Mallorca

Més per Mallorca protagonizó algunas de las intervenciones más duras del pleno y centró buena parte de sus críticas en las medidas lingüísticas pactadas entre PP y Vox. Su portavoz, Lluís Apesteguia, acusó al Govern de impulsar "el único proyecto estratégico" de la legislatura: "Atacar el catalán, los derechos sociales y desregular el territorio".

El dirigente ecosoberanista rechazó además los argumentos del PP para justificar las excepciones al requisito de catalán en determinadas plazas docentes y sostuvo que el problema real no es lingüístico, sino el coste de la vida y de la vivienda en Baleares. "Un castellanohablante no lo tendrá más fácil para encontrar una casa", afirmó durante su intervención.

Asimismo, acusó al Govern de haber retirado algunas propuestas "por pura vergüenza", en referencia a las exenciones ambientales para grandes superficies comerciales y a los cambios planteados inicialmente sobre ayudas a menores dependientes.

El portavoz de Més cuestionó igualmente la forma en que se ha tramitado la norma y acusó al PP de vulnerar el reglamento parlamentario mediante enmiendas que, según denunció, excedían el contenido original del proyecto de ley. La formación ecosoberanista anunció finalmente la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional al considerar que el texto afecta a derechos lingüísticos y sociales.

Vox

Por parte de Vox, la portavoz Manuela Cañadas se mostró satisfecha con el resultado de la negociación parlamentaria y defendió que su partido ha conseguido introducir medidas relacionadas con la "libertad lingüística", la eliminación de "requisitos ideológicos" y la desburocratización administrativa. "Lo estamos gozando", afirmó.

Cañadas aseguró además que "gracias al puñado de escaños de Vox se ha cambiado el rumbo de Baleares" y criticó a la izquierda por "entrar en pánico" cada vez que se plantean medidas para reducir trabas burocráticas. La diputada defendió especialmente la eliminación de "barreras lingüísticas" para facilitar la llegada de profesionales cualificados.

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