Prohens apuesta por ampliar los retornos de menores migrantes: "Vienen con la voluntad de vivir dos años tutelados sin la intención de integrarse"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido este martes en el Parlament la necesidad de impulsar más retornos de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, después de que el Ministerio del Interior ejecutara recientemente la devolución a Argelia de cinco menores tutelados en Ibiza. La jefa del Ejecutivo autonómico ha sostenido que ese caso demuestra que "si hay voluntad por parte del Gobierno de España existen mecanismos de retorno".

El debate se ha producido durante la sesión de control al Govern, a raíz de una pregunta de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien ha preprochado al Ejecutivo autonómico que no haya cumplido uno de los compromisos incluidos en el acuerdo presupuestario firmado hace un año con su formación: la elaboración de planes de retorno de menores migrantes no acompañados con sus familias en los países de origen.

Cañadas ha recordado que Baleares tutela actualmente a más de 700 menores y ha asegurado que los centros de acogida están "saturados". También ha reclamado al Govern que concrete si ha iniciado contactos o negociaciones con países de origen para facilitar esos retornos, apelando a las herramientas que contempla la Ley de Extranjería. "Pedimos que se cumpla lo que se firmó", ha insistido Cañadas, antes de acusar al Ejecutivo de dar por ejecutados compromisos que, a juicio de Vox, siguen pendientes.

En su respuesta, Prohens ha explicado que una parte importante de los menores tutelados en Baleares son de origen argelino y ha señalado que la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, mantuvo reuniones con la embajada de Argelia en España para abordar esta cuestión. No obstante, ha subrayado que cualquier acuerdo sobre retornos corresponde al Gobierno central.

La presidenta ha incidido especialmente en que, en muchos de estos casos, no se trata de menores "abandonados", sino de jóvenes que mantienen "contacto constante y directo" con sus familias en Argelia. Según ha defendido, esa circunstancia facilitaría la posibilidad de ampliar procedimientos de retorno similares al aplicado en Ibiza. Prohens ha recordado además que tanto ella como el presidente del Consell de Ibiza solicitaron en la última Conferencia de Presidentes que Interior extendiera el mismo procedimiento utilizado con esos cinco menores al resto de jóvenes no acompañados en situaciones similares.

Durante su intervención, la dirigente autonómica ha endurecido también el discurso sobre el acceso a determinadas ayudas sociales. Ha asegurado que el Govern no puede permitir que haya menores de 16 o 17 años que lleguen a Baleares "con la intención de vivir dos años tutelados", "sin voluntad de integrarse, de estudiar o trabajar" y únicamente con la intención de "pasar a cobrar" posteriormente a la renta de emancipación.

En este contexto, ha defendido la modificación de las condiciones de acceso a esa ayuda que se incluye en la ley ómnibus con tal de limitarla a jóvenes que acrediten integración efectiva en el sistema y necesidad real de la prestación. "Está pensada para menores que se han integrado y dan el paso a la vida adulta", ha sostenido, diferenciando entre quienes, según ha dicho, llegan con voluntad de integrarse y quienes no.

Los requisitos "que permite la Constitución"

La sesión parlamentaria ha dejado también otro choque entre el Govern y la oposición a cuenta de las políticas sociales y migratorias. El diputado de Unidas Podemos José María García ha preguntado a Prohens si terminará asumiendo el concepto de 'prioridad nacional', utilizado recientemente en otros territorios gobernados por PP y Vox.

La presidenta ha evitado asumir expresamente ese término, aunque ha defendido que su Ejecutivo gobierna "pensando en los residentes" y ha justificado la imposición de requisitos de arraigo y residencia legal para acceder a determinadas prestaciones. Entre ellos ha citado los tres años exigidos para percibir la renta social garantizada o la renta de emancipación, así como los cinco años mínimos de residencia para optar a una vivienda de protección pública.

"Eso es lo que nos permite la Constitución", ha afirmado Prohens, quien ha rechazado las acusaciones de racismo lanzadas desde la bancada de Podemos replicando que "racista es instrumentalizar y engañar a las personas migrantes".

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