PP y Vox aprueban su ley ómnibus con exenciones al catalán, rebajas fiscales, externalización de trámites y bonificaciones para propietarios de viviendas

PP y Vox han aprobado definitivamente la ley de aceleración de proyectos estratégicos, conocida como ley ómnibus, después de seis meses de tramitación en los que ambas formaciones han aprovechado para introducir un paquete amplio de reformas que van mucho más allá del objetivo inicial de la norma. Con este acuerdo, el Govern de Marga Prohens da por amortizado su pacto de gobierno con una iniciativa legislativa llena de cambios en cuestiones tan diversas como la lengua, fiscalidad, vivienda y administración pública.

Algunas de las principales medidas están relacionadas con la lengua catalana. Las enmiendas de PP y Vox suponen la eliminación del requisito lingüístico en plazas docentes de muy difícil cobertura y en diversas categorías básicas de la función pública. El Govern confirmó hace una semana que, gracias a esto, habrá docentes que sin el requisito del catalán podrán ser funcionarios de carrera pero sin participar en concursos de traslado.

El Ejecutivo también eximirá del requisito del catalán a quienes no trabajen de cara al público en plazas deficitarias y algunas categorías de personal laboral. Asimismo, rebajan las exigencias para obtener certificados de nivel B2 y C1 en el sistema educativo e incorporan la posibilidad de obtenerlos tras cursar un año en el extranjero. Por último, se ampliará la exención de la evaluación de lengua catalana a los alumnos desplazados temporalmente a las islas "por razones debidamente justificadas a las Islas Baleares, para evitar el menoscabo en la educación del menor".

Resoga y Oficina Antiocupación

En esta ley Ómnibus, Vox ha pactado con el PP la creación definitiva de la Oficina Antiocupación y la introducción de un requisito de al menos tres años de residencia legal ininterrumpida para acceder a la renta social garantizada, lo que en la práctica excluiría a los recién llegados de esta prestación. Esto inclue además que, a partir de ahora, se exigirá el requisito de haber estado tutelado al menos tres años en Baleares para poder acceder a la renta de emancipación. También se incluye la reserva del 20% de plazas de policías locales para exmilitares y que estos policías puedan utilizar dispositivos eléctricos de control, como las pistolas táser. 

Entre las principales medidas del PP incorporadas a la ley, destacan la ampliación del umbral de los valores de los inmuebles hasta los 331.000 euros en Mallorca y Menorca para aumentar el número de beneficiarios de las bonificaciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP); la eliminación o bonificación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para los jóvenes; la incorporación de la bonificación del 50% del ITP y el AJD para las Viviendas de Precio Limitado, así como una nueva deducción fiscal destinada a los propietarios que congelen los alquileres. A ello se suma la creación de un registro oficial de agentes inmobiliarios y el blindaje de la prohibición de ampliar las licencias de alquiler turístico en pisos plurifamiliares.

Por otro lado, PP y Vox extienden de forma masiva la figura de la declaración responsable para agilizar trámites y, al mismo tiempo, abrir la puerta a que empresas privadas gestionen procedimientos administrativos que hasta ahora realizaban funcionarios. El modelo replicaría el funcionamiento de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU): el ciudadano o promotor pagaría a una entidad privada para tramitar licencias u otros expedientes, manteniéndose formalmente la supervisión pública.

Cuando se presentó el decreto, ambos partidos aseguraron que la iniciativa legal se impulsaba pensando en dos cuestiones concretas: la creación de los Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE) y el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca. En cambio, después de seis meses, PP y Vox han aprovechado para convertir la ley en un cajón de sastre que abarca desde exenciones al conocimiento del catalán para los docentes que ocupen plazas de muy difícil cobertura hasta la creación de la Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal. Muchas de estas medidas formaban parte de enmiendas que fueron inicialmente rechazadas en comisión por no guardar relación directa con la ley, pero que ahora PP y Vox han recuperado gracias a su mayoría en el Parlament.

Taxi y VTC

El Partido Popular y el PSIB llegaron hace una semana a un acuerdo para incluir en esta ley una batería de cambios legislativos. Además de una reforma estructural de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), se han aprobado varias enmiendas para endurecer el control sobre las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) y reforzar la capacidad de sanción frente a las plataformas que operen de forma irregular en las islas. El acuerdo busca además cerrar el paso a la posible entrada masiva de autorizaciones vinculadas a empresas como Uber y frenar las cerca de 10.000 solicitudes de licencias que actualmente están en trámite en el archipiélago. También contempla aumentar las sanciones contra el intrusismo y habilitar al Govern para actuar contra las plataformas digitales, como Uber, que permitan operar a conductores sin autorización. 

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