El Parlament reclama cambiar la ley de la infancia para que profesores condenados como Miquel Roldán no puedan trabajar con menores

El Parlament ha dado luz verde a una proposición de ley que solicita una modificación de la ley estatal de protección de la infancia y la adolescencia, para que personas condenadas por delitos de acoso, contra la libertad sexual de los menores o contra el tráfico de personas, no puedan desarrollar profesiones que estén en contacto con menores. Se trata de un cambio legal que en el Parlament quieren sacar adelante con premura a raíz de la polémica que en las últimas semanas se ha desatado en Mallorca por la reincorporación del docente condenado por acoso Miquel Roldán.

La iniciativa, promovida por el PP, ha recibido el respaldo de casi todos los partidos políticos presentes en el Parlament, a excepción de Vox que ha optado por abstenerse.

Tras recibir el visto bueno del pleno, esta iniciativa se elevará para su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados, dado que afecta a una normativa estatal. De esta manera, en principio llegaría antes que la modificación de la misma ley aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, que incluye esta y otras medidas.

Sobre esta urgencia ha girado el argumentario de la diputada del PP Margalida Durán, ya que ha mantenido que el cambio de ley "puntual" y "concreto" de su iniciativa se tramitaría antes que la del gobierno, que ha pronosticado que se aprobaría "a finales de 2026".

De este modo, ha señalado que la legislación se necesita aprobar "antes de septiembre" para que tenga efectos en el nuevo curso escolar y así aportar "tranquilidad" a las familias, de que los políticos cuando ven una "brecha legal, no miran hacia otro lado".

La 'popular' ha reconocido que el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación similar pero ha resaltado que "no conocen el texto concreto", aunque sí saben que se pretende incluir también aspectos como extender la prohibición a los condenados por delito de odio.

Por estos motivos, ha considerado que es importante trasladar un mensaje de "unidad y responsabilidad" cuando se habla de proteger a los niños y demostrar que se suman esfuerzos.

Caso Miquel Roldán

La diputada del PSIB Amanda Fernández ha comenzado su discurso con un agradecimiento a la lucha impulsada por las familias afectadas por el caso Miquel Roldán, docente mallorquín condenado por acoso y que actualmente se ha incorporado al CEIP Son Pisà de Palma pero que anteriormente iba a ser destinado a otros centros.

Así, ha avanzado que harán "lo posible" para que esta reforma de la ley se acabe aprobando ya sea a través de la iniciativa del Parlament o del Consejo de Ministros.

Aún así, ha recriminado al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que "no haya dado explicaciones" sobre la vigilancia psicológica que se hizo a este docente y por qué se le retiró.

Por parte de MÉS per Mallorca ha intervenido la diputada Marta Carrió, quien ha remarcado que la protección de los menores es una "prioridad absoluta" de cualquier sistema democrático.

La ecosoberanista ha reclamado que la restricción se extienda a otros puestos de trabajo que tengan relación con menores, como puedan ser los ámbitos sanitarios, de cuidados o de ocio.

En esta misma línea, ha destacado la "obligación" de los poderes públicos para actuar con "eficacia" para que los menores puedan crecer en entornos seguros. Por eso ha defendido que la modificación de la ley tendría que reconocer también otros derechos como la universalidad de la escuela en todos los niveles, la garantía a la atención sanitaria y psicológica o la restricción de la custodia compartida en casos con indicios de violencia de género.

En representación de Unidas Podemos, el diputado José María García ha reivindicado la necesidad de trabajar desde la prevención y la protección temprana de la infancia desde una perspectiva "intersecional".

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha motivado la abstención de su formación con que esta solicitud de cambio de la ley es "legislar en caliente" y se podría vulnerar "el principio de igualdad".

Igualmente, ha mostrado su "solidaridad" con las familias afectadas por el caso Roldán que no quieren que sus hijos estén bajo la tutela de un condenado.

No obstante, ha rechazado la modificación gubernamental por tratar de "ir más allá" con los delitos de odio, unos delitos que ha calificado de "ideológicos" que van contra "el disidente y quien no piensa lo políticamente correcto".

También ha censurado que se pueda apartar de la docencia a quien pueda ser condenado por un delito de violencia en el ámbito familiar, en los casos en los de padres que apliquen un "correctivo físico", como "un azote en el culo", a los hijos porque se porten como "un vándalo del norte".

La mayoría de los partidos también ha rechazado una enmienda del diputado no adscrito Agustí Buades para regular estos comportamientos en el ámbito digital, algo que entendían que ya recogía la ley original.