La fiscal acusa a Le Senne de “vulnerar derechos fundamentales” al expulsar a dos diputadas socialistas tras romper la foto de Picornell
El ministerio público solicita al Tribunal Constitucional que estime el recurso de amparo interpuesto por Mercedes Garrido y Pilar Costa y que anule su expulsión
El pleno no se interrumpió por la exhibición de las imágenes de Les Roges del Molinar, sino por la intervención del presidente del Parlament, según destaca la fiscalía

Gabriel Le Senne observa la marcha de las diputadas socilistas Mercedes Garrido y Pilar Costa. / Guillem Bosch
La fiscalía acusa al presidente del Partalment balear, Gabriel Le Senne, de “vulnerar derechos fundamentales” al expulsar a las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa tras romper la fotografía de Aurora Picornell y de las hermanas Antònia y Maria Pascual Flaquer, conocidas como Les Roges del Molinar, en el pleno del pasado 18 de junio de 2024 en el que se debatía la derogación de la ley de memoria histórica de Baleares.
El ministerio público, en su escrito de alegaciones, ha solicitado al Tribunal Constitucional que estime el recurso de amparo interpuesto en el verano de 2024 por las dos socialistas, quienes además son la vicepresidenta segunda y la secretaria segunda de la Mesa del Parlament, respectivamente. Precisamente, la Sala Segunda del Constitucional se reunió ayer para deliberar sobre este caso.
La fiscal ha reclamado también que se declare la nulidad de las decisiones que tomó el dirigente de Vox el 18 de junio de 2024 al expulsar de la Cámara a las dos diputadas, así como las que tomó el 10 de julio de 2024 en la sesión de la Mesa del Parlament y el 17 de julio de ese año en la sesión de la Junta de Portavoces, cuando rechazó el escrito de queja formulado y descartó haber lesionado los derechos de ambas diputadas.
El ministerio público, en un duro escrito, interesa que el Tribunal Constitucional dicte sentencia en la que declare que Le Senne vulneró el principio de legalidad, en materia de disciplina parlamentaria, así como el derecho fundamental de las recurrentes al ejercicio en condiciones de igualdad del cargo parlamentario y, correlativamente, del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.
Esta posición contrasta con la del fiscal delegado de delitos de odio y discriminación de Baleares, José Díaz Cappa, quien solicita la libre absolución del político ultraconservador en la causa penal que está pendiente de juicio en la Audiencia de Palma por un presunto delito de odio por haber rasgado la foto de Aurora Picornell, icono de la represión franquista en Mallorca, y de las hermanas Pascual Flaquer, todas ellas encarceladas, torturadas y asesinadas la noche de Reyes de 1937. Según Díaz Cappa, el comportamiento de la segunda autoridad de Baleares no fue delictivo, ya que no tuvo intención de lesionar ni discriminar.

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, con la foto rasgada de Aurora Picornell. / E. P.
Ahora, el Constitucional deberá dirimir si Le Senne vulneró derechos fundamentales al expulsar a Garrido y Costa del plenario el pasado 18 de junio de 2024. La fiscalía destaca que el pleno no se interrumpió por la exhibición de las imágenes de Les Roges del Molinar, sino por la intervención del presidente del Parlament. Además, sostiene que el dirigente de Vox echó de la Cámara a las dos diputadas sin ningún tipo de cobertura legal y le reprocha que no hubiera fundamentado por escrito su decisión.
No se motivó por escrito
“La sanción de expulsión se adopta por el presidente durante el debate en el pleno, partiendo de la afectación de la neutralidad de la Mesa, sin calificar la infracción reglamentaria que se cometía con la exhibición de las fotografías y sin indicar el precepto del reglamento que se estaba aplicando. La decisión de expulsión de las diputadas no es posteriormente motivada por escrito con notificación a las afectadas y solo al tramitarse la queja presentada en la Junta de Portavoces, el presidente, aunque reconoce que la falta de neutralidad no está expresamente tipificada y sancionada en el reglamento, acude a señalar que se ha aplicado el artículo 118.3 del reglamento”, detalla la fiscal, en referencia al artículo que faculta a Le Senne para llamar al orden a los diputados en el caso de que haya interrupciones o alteraciones en el plenario.
El ministerio público analiza la conducta de las dos diputadas, que exhibieron la foto de Les Roges del Molinar en la tapa de sus ordenadores, y concluye que el debate se desarrolló “durante casi una hora sin incidencias ni alteraciones” hasta que Le Senne les llamó la atención y les ordenó retirar las imágenes “para preservar la neutralidad de la Mesa”.
El presidente “ordenó a las diputadas retirar las fotos de sus ordenadores, no porque se estuviera produciendo con esa exhibición una alteración en el desarrollo de la sesión del pleno, sino por considerar que había que preservar la neutralidad de la Mesa”, subraya la fiscal, que añade que es un motivo que el reglamento de la Cámara “no tipifica ni sanciona como supuesto de infracción disciplinaria”.
Por ello, el ministerio público considera que la decisión de Le Senne de expulsar de la sala a las dos diputadas miembros de la Mesa, por mostrar las imágenes en sus ordenadores, sin que dicha exhibición estuviera produciendo una alteración del orden de la sesión, “ha vulnerado el principio de legalidad en materia sancionadora”, por no haberse motivado debidamente la decisión de sanción e infringir la garantía material de tipicidad de la conducta, “siendo además la sanción contraria a la costumbre parlamentaria y vulnerando el derecho al trato igualitario en el desempeño del cargo parlamentario”.
Las alegaciones también hacen hincapié en que el Letrado Mayor del Parlament certificó que no constaba en los registros de la Cámara, con anterioridad al pleno del 18 de junio de 2024, que se hubiera expulsado a algún diputado. Sin embargo, meses más tarde, el 15 de octubre de 2024, Le Senne volvió a echar a Garrido y Costa por vestir una camiseta con la foto de Les Roges del Molinar. Ambas formularon otro recurso de amparo, que fue admitido por el Constitucional.
Por último, la fiscal señala que con la expulsión del pleno, se privó a las diputadas de participar en el debate parlamentario y votar la proposición de ley, por lo que se vulneró también el derecho fundamental al ejercicio del cargo parlamentario, lo que conlleva la correlativa vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus legítimos representantes.
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