La Audiencia blinda a los clientes que sufren una estafa informática

Cada día son más numerosas y con mayor perjuicio económico las estafas informáticas que se cometen sobre clientes que tienen depositados sus ahorros en cuentas bancarias. Estas personas reciben, o bien mensajes, o llamadas telefónicas, de delincuentes que utilizan toda clase de estrategias para convencerles de que un desconocido ha entrado en su cuenta y que es necesario que traslade su dinero a otro destino. El cliente «pica» en el engaño y de pronto descubre que todo su dinero ha desaparecido, sin que desde su banco le hayan advertido que estaba sufriendo una estafa.

Sin embargo, la Audiencia de Palma ha dictado una reciente sentencia que se puede interpretar como una especie de blindaje de los clientes para defenderse de su propio banco, que pocas veces se responsabiliza cuando se produce una de estas estafas y focaliza la responsabilidad en la propia víctima. El tribunal considera que son tan sofisticados los métodos que utilizan en estos momentos los delincuentes, que es muy fácil que el cliente, incluso con conocimientos medios de informática, caiga en la trampa. Por ello, los magistrados creen que los principales responsables para detectar de inmediato estas estafas deben ser los bancos, cuya obligación por encima de todo es la de proteger y defender a sus clientes que tienen depositados sus ahorros en la entidad.

La Audiencia se pronuncia sobre una estafa sufrida por un matrimonio extranjero que reside en la localidad de Alaró. En julio de 2022 el hombre recibió un SMS en su teléfono, comunicándole que su tarjeta de crédito había sido desactivada para pagar a través del móvil. Para reactivarla tenía que introducir datos de su tarjeta y de su dirección en un enlace que le proporcionó el estafador. La víctima cayó en la trampa.

Al día siguiente recibió una llamada de una persona que se hizo pasar por el empleado del banco donde tenía depositados sus ingresos. La llamada se hizo desde Inglaterra. Le preguntó si había entrado en algún enlace sospechoso, a lo que dijo que accedió al que le habían indicado el día anterior. El supuesto empleado le dijo que de esta manera le habían instalado un programa en su teléfono que permitía conocer sus datos bancarios y realizar compras. Siguió preguntándole si tenía dinero en otras cuentas y contestó que sí. El estafador le indicó que para que la autoridad financiera de Inglaterra le garantizara los fondos de su cuenta, debía transferir el dinero a otras cuentas que él mismo le facilitó. Acto seguido un supuesto representante de la autoridad financiera le llamó por teléfono y le sugirió que transfiriera el dinero de inmediato. En ocho horas la víctima realizó hasta 23 transferencias a dicha cuenta, traspasando 187.000 euros. Acto seguido el estafador realizó la misma operación con la mujer, que también transfirió 30.000euros. En total, esta estafa le costó al matrimonio 217 mil euros. El banco no quiso saber nada de lo ocurrido, considerando que la responsabilidad de las pérdidas recaída en los clientes, porque habían caído en la trampa de los estafadores.

La Audiencia, sin embargo, sí entiende que el responsable último de estas estafas informáticas debe ser el banco, porque existen normas que le obligan a facilitar al cliente medidas de seguridad que detecten de inmediato este tipo de engaños. En este caso, el tribunal no entiende que la financiera no tuviera un sistema de alarma adecuado con el que hubiera detectado la realización de 26 transferencias, en poco más de ocho horas, a cuentas bancarias distintas y de elevadas cantidades, cuando ello no respondía al comportamiento financiero habitual del cliente residente en Mallorca.

La sentencia incide que en esos momentos los métodos de engaño informático son tan complejos y con un grado tan alto de perfección, que son difíciles de detectar incluso para una persona que tenga un nivel medio de formación. «Es evidente que el fraude era sofisticado y que una persona con una diligencia media habría sido engañada. El fraude era creíble para un usuario bancario no experto en temas informáticos, que pudiera ser una víctima fácil», señala la sentencia. Y también incide en que los sistemas de seguridad del banco «no estaban lo suficientemente adaptados y actualizados a la nueva delincuencia informática, como para dotar de seguridad a las transacciones bancarias online».

El tribunal cree que no es lo mismo un cliente que, por su cuenta y sin ningún tipo de influencia previa, realiza unas operaciones, se equivoca y pierde el dinero, que la persona que cae en la trampa del estafador y realiza estas transacciones económicas convencidas de que está protegiendo sus ahorros. Los jueces justifican que, aunque el comportamiento de los usuarios puede ser incluso negligente, mucho más lo es la del banco al no proporcionar los sistemas informáticos para protegerlos. Por ello, el banco tendrá que asumir las pérdidas de esta estafa.

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