El Ministerio obliga a Baleares a pagar los nuevos fondeos ecológicos cuando tenía fondos europeos para hacerlo

El director general de Puertos, Antonio Mercant, no oculta su "indignación" ante la decisión adoptada por el ministerio para la Transición Ecológica, que ha decidido pasarle la pelota al Govern balear a la hora de poner en marcha siete proyectos para la instalación de boyas de amarre ecológicas en un punto de Mallorca y seis de Ibiza, renunciando a cubrir los gastos cuando disponía de fondos europeos para desarrollar esta iniciativa. El coste de estas actuaciones va a tener que ser asumido por la Administración balear, que va a recurrir a la ecotasa para ello, pero supone que estas instalaciones no van a estar operativas durante este verano, como estaba previsto.

La Conselleria y el Ministerio habían acordado la instalación de esas siete zonas de fondeos ecológicos para la protección de las praderas de posidonia, una de ellas en Mallorca (Portals Vells) y seis en Ibiza (Talamanca, Es Xarco, Benirras, Cala Bassa, Portinatx y Cala Salada), aunque con discrepancias entre ambas administraciones durante su tramitación. Estas siete zonas debían de sumarse a las ocho ya existentes en las islas y las tres que están en ejecución. Con la suma de las siete que debía de impulsar el Ministerio, se debía alcanzar la cifra de 960 boyas destinadas a proteger los fondos marinos del litoral de las islas. Para estas últimas, Mercant subraya que Madrid disponía de fondos europeos para cubrir los alrededor de cuatro millones de euros en los que se estima el coste de estas actuaciones.

Carta del Ministerio

Sin embargo, el subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio, Fernando Magdalena, ha remitido una carta a Antonio Mercant, como vicepresidente de Ports de les Illes Baleares, en la que le comunica que su departamento renuncia a la puesta en marcha y financiación de estas siete zonas de fondeo ecológico, alegando que desde el Govern se habían trasladado "consideraciones contrarias a la tramitación iniciada desde este organismo, lo que en la práctica dificultaría inevitablemente la ejecución de los proyectos, dilatando su implementación efectiva".

Por ello, "con el objetivo de garantizar la conservación de estos ecosistemas, se ponen a disposición del Govern de les Illes Balears los siete proyectos, para que esta administración pueda ejecutar las obras para la posterior puesta en marcha, mantenimiento y gestión de las instalaciones", se concluye.

En esta carta se incluye el enlace para que la Conselleria pueda acceder a los siete proyectos de las boyas de fondeo ecológico que se habían redactado por la empresa pública TRAGSA.

Pasarle el coste a Baleares

Mercant subraya que lo que Madrid ha hecho es pasarle los proyectos, la responsabilidad y el coste de la ejecución de los mismos a la Administración autonómica, con el agravante de que se van a perder los fondos europeos que se habían obtenido para ello, con la condición de que esas zonas de boyas debían de estar operativas este verano (se había fijado la fecha del mes de junio).

El director general de Puertos del Govern advierte que el daño que se hace es doble. Para empezar, ahora deberá ser la Conselleria la que determine los nuevos plazos de ejecución y las características definitivas de estas zonas de fondeo, y asuma unos costes que debía de financiar la Unión Europea. Para ello, Mercant anuncia que va a proponer estas iniciativas para que sean incluidas entre las que se deben de financiar con el impuesto del turismo sostenible. La fecha límite para ello es la del próximo día 25.

Pero además, subraya que eso supone que estas zonas de boyas no van a estar operativas durante este verano, manteniendo los fondeos incontrolados que se están desarrollando en esos puntos y que son especialmente intensos en zonas como la de Talamanca, con el correspondiente perjuicio sobre las praderas de posidonia.

El representante del Govern achaca la postura del Ministerio en que frente a lo inicialmente acordado, pretendía licitar las obras e incluso cuestionaba que estas siete zonas de fondeo ecológico fueran gestionadas desde las islas como se ha venido haciendo hasta ahora.

Mercant recuerda que Port IB no busca rentabilidad económica con esta gestión, de ahí que no cobre tarifas por hacer uso de esas boyas, sino únicamente una tasa que depende de que el fondeo se realice por unas horas, un día o dos jornadas, que es el límite.

El director general insiste en la indignación que le genera la postura adoptada por el Ministerio, especialmente por lo que conlleva por el debilitamiento que supone en el control de los fondeos irregulares y por el daño que eso supone en las praderas de posidonia.

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