El Govern acepta el Plan Estatal de Vivienda pero reclama más autonomía para gestionar los fondos

El Gobierno central y las comunidades autónomas han aprobado este jueves, por unanimidad, la distribución de los fondos del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un programa que movilizará 7.000 millones de euros en todo el país y que destinará 168 millones a Baleares hasta el año 2030. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presdido este jueves la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana en la que se ha dado luz verde al reparto definitivo de los recursos correspondientes al nuevo plan estatal.

Del total previsto para Baleares, 19,2 millones de euros llegarán ya durante este 2026. Según el reparto acordado, la financiación deberá destinarse principalmente a políticas públicas de vivienda, con especial atención a la construcción y adquisición de inmuebles, la rehabilitación del parque residencial y la protección de los colectivos con mayores dificultades de acceso a la vivienda. En concreto, al menos un 40% de los fondos tendrá que dedicarse a la construcción y compra de viviendas; un 30%, a actuaciones de rehabilitación; y el 30% restante, a medidas de protección dirigidas a los territorios y colectivos más vulnerables.

Pese a votar a favor del acuerdo, el Govern ha mostrado una posición crítica con la forma en la que se ha diseñado el plan estatal y ha reclamado una mayor capacidad de decisión sobre la gestión de los fondos. La conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha subrayado que la comunidad autónoma deberá realizar un importante esfuerzo presupuestario para acceder a la financiación prevista. Según ha detallado el Ejecutivo autonómico, la aportación del Govern pasa de los 10,4 millones de euros del anterior plan a 67,2 millones en el nuevo marco, lo que supone multiplicar por siete su contribución económica.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha defendido que este incremento servirá para reforzar el "plan de choque" impulsado por el Ejecutivo autonómico desde el inicio de la legislatura, aunque ha cuestionado el procedimiento seguido por el Ministerio. "No es un plan consensuado, sino un intento del Gobierno central de condicionar y de forzar las políticas de vivienda a pesar de ser competencia de las comunidades", sostuvo Mateo, quien también ha reclamado un mayor margen de autonomía para decidir el destino de los recursos.

El conseller aseguró que el Govern ha apoyado la aprobación "por responsabilidad" y para evitar más retrasos en la puesta en marcha de las actuaciones previstas, que, según ha señalado, "ya acumulan meses de demora". Mateo también ha criticado la "falta de negociación real" con las comunidades autónomas y ha lamentado que el contenido definitivo del plan se conociera después de su aprobación por el Consejo de Ministros y no antes de la conferencia sectorial celebrada este jueves.

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