Un constructor acusado de una estafa inmobiliaria en Mallorca: “No fue mi intención arruinar la vida de nadie”

“Como dije en su día, pido disculpas por todo lo que ha pasado y por todo esto. No fue mi intención estafar a nadie ni arruinar la vida de nadie”. Un constructor de la isla que ayer fue juzgado en la Audiencia de Palma por una presunta estafa inmobiliaria a una pareja con la construcción de su casa en Esporles en 2021 rompió a llorar en el turno de la última palabra.

La fiscalía solicitó para él una condena de seis años de prisión, una multa, su inhabilitación para ejercer cualquier oficio o profesión relacionada con el sector de la construcción y que indemnice a los perjudicados con 67.476 euros por la cantidad defraudada y otros 10.000 euros por daño moral. La acusación particular reclamó la misma pena por un delito de estafa agravada o, alternativamente, por apropiación indebida, si bien en concepto de responsabilidad civil pidió una compensación de 107.013 euros. Por su parte, la defensa interesó la libre absolución o, subsidiariamente, seis meses de cárcel y una multa al considerar que concurren dos atenuantes, dilaciones indebidas y disminución del delito.

El empresario acusado, de 51 años, que era el administrador único de la mercantil Sogig Projects SL, cuyo local comercial se hallaba en la calle Marquès de la Sènia de Palma, admitió ayer ante el tribunal de la Sección Primera que se dedicaba a la construcción. “Íbamos bien, después del Covid la cosa estaba complicada, pero teníamos trabajos. Teníamos diez, doce o quince trabajadores y en esas fechas teníamos cuatro obras. Nos publicitábamos en redes sociales”, detalló.

El encausado, por mediación de un arquitecto, conoció a un matrimonio que proyectaba construir su vivienda familiar para residir con sus tres hijos en un solar que habían adquirido en Esporles. “Se presentó un presupuesto y se llegó a un acuerdo. Se firmó un contrato en enero de 2021. No recuerdo la cantidad exacta”, manifestó. El precio fijado fue de 271.991 euros.

Días después, el 3 de febrero de 2021 la pareja abonó 59.838 euros por transferencia a la cuenta de la empresa, el 20% del precio total. “No recuerdo si era el 15 o el 20%. Era normal hacer el pago anticipado. Ese dinero era para poner en marcha la obra. El dinero entra en la cuenta, como el de otros proyectos, y se va destinando a lo que se necesita en cada momento. Teníamos otras obras. En Esporles, se hizo la excavación y el hormigón de limpieza”, precisó el constructor.

Según su versión, la obra se retrasó porque en la excavación se encontró que el terreno “no era el que tocaba”, y había que hacer un estudio topográfico nuevo. El 23 de julio de 2021 la pareja pagó otros 7.600 euros por la certificación de obra. Once días después, les comunicaron que la obra no podía seguir porque la empresa había quebrado.

“Los proyectos que teníamos en marcha se nos cayeron y, por desgracia, dejamos de trabajar. Se intentó negociar y se les presentó un alternativa para que la obra siguiera con una subcontrata. Nos dijeron que no. En agosto la situación en la empresa era ya complicada. No les pude devolver el dinero”, reconoció el hombre, que también admitió que en esa época la mercantil acumulaba una deuda con Hacienda y la Seguridad Social.

Los perjudicados

El matrimonio perjudicado, con tres hijos, había vendido una casa de protección oficial y compró un solar en Esporles. “Hicimos un proyecto para una casa para toda la familia, para los cinco. Iba a ser la casa de nuestra familia, pagamos más de 67.000 euros; solo hicieron cuatro agujeros para los pilares y un hueco para un safareig; no nos devolvieron nada”, subrayó el hombre afectado.

“Entregamos el 20% por adelantado, lo que nos pidieron. Y también pagamos más de 7.000 euros por la primera certificación de obra. Nos decían que estaban finalizando otras obras y por eso iban tan lentos. Once días después de entregar los 7.000 euros nos comunicaron que no podían seguir, que no tenían capacidad. El constructor nos dijo que la empresa había quebrado. Nunca nos dijo los problemas económicos por los que atravesaba la empresa. Nos decían no os preocupéis que ahora arrancamos”, recordó el perjudicado.

“La afectación va más allá de lo económico, era nuestro proyecto de vida. Nos hemos divorciado. Vivimos de alquiler, pagábamos una hipoteca y habíamos pedido otra. No disponíamos de capital para construir”, aseguró el hombre.

Su exmujer coincidió con él: “Las consecuencias han sido nefastas, nos divorciamos, no tenemos ninguna vivienda en propiedad, yo pago 1.400 euros de alquiler y él, 1.250; no podemos acceder a una vivienda, nuestro futuro está comprometido; ha sido muy duro”. La afectada indicó que la empresa parecía solvente, igual que dijo el arquitecto. “La obra era como que no empezaba, no entendíamos qué pasaba. No había movimiento alguno”, insistió la perjudicada.

El hombre que realizó la excavación en el solar tampoco recibió dinero alguno. “No me pagó nada”, remarcó. La constructora entró en concurso de acreedores, que fue fortutito. El caso quedó ayer visto para sentencia.

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