PP y Vox endurecen el acceso a ayudas sociales, elevan el ‘cheque bebé’ y frenan nuevos parques solares en suelo rústico

El PP y Vox continúan perfilando su acuerdo parlamentario en torno a la ley de proyectos estratégicos y a las distintas enmiendas pactadas. Las modificaciones cerradas entre ambos partidos afectan ya a ámbitos tan diversos como las ayudas sociales, la fiscalidad familiar, la vivienda, la atención temprana o las energías renovables. Uno de los cambios más relevantes aprobados ayer en comisión por ambas formaciones endurece las condiciones para acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga) para que, a partir de ahora, solo puedan acceder a esta prestación las personas con residencia legal en España y que acrediten además al menos tres años de residencia en Balears.

También se han incluido exigencias de Vox como la creación de una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Ocupación Ilegal, la incorporación de psicólogos generales sanitarios al sistema público, la reserva de plazas de policía local para militares profesionales y la agilización de proyectos comerciales mediante entidades colaboradoras urbanísticas.

PP y Vox también han pactado ampliar las ayudas fiscales vinculadas a la natalidad, con una transacción a las enmiendas fiscales del PP para elevar la cuantía del denominado 'cheque bebé'. Según el acuerdo, las familias recibirán 900 euros por el nacimiento o adopción del primer hijo, 1.200 euros por el segundo, 1.500 euros por el tercero y 1.800 euros a partir del cuarto hijo. Las mismas cuantías se aplicarán también en caso de adopción.

Además, mantienen las medidas fiscales dirigidas a incentivar la contención de los alquileres con la desgravación de hasta 800 euros por vivienda, con un límite máximo de 2.000 euros, para los propietarios que no incrementen el precio del alquiler más allá del IPC cuando finalicen este año los contratos de arrendamiento de sus inquilinos.

Una de las polémicas estuvo alrededor de una enmienda que planteaba eliminar el acceso a determinados servicios de atención temprana para niños cuyos padres estuvieran en situación administrativa irregular, si bien el PP decidió retirar la propuesta en cuanto detectó que podía generar interpretaciones erróneas.

Otra de las enmiendas pactadas entre PP y Vox introduce además una moratoria temporal para nuevos proyectos de energías renovables en suelo rústico de Balears. La modificación supone en la práctica un freno provisional a la implantación de nuevos parques solares y eólicos en el campo mientras no se apruebe una nueva ordenación territorial específica para el sector energético. La enmienda suspende de manera excepcional parte de la normativa vigente que actualmente facilita la autorización de instalaciones de generación eléctrica no fósil y sistemas independientes de almacenamiento energético. Aunque la propuesta no establece formalmente una prohibición expresa, sí crea un escenario jurídico mucho más restrictivo que persigue paralizar temporalmente la aprobación de nuevos proyectos en suelo rústico en todas las Islas.

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