PP y PSIB acuerdan que el Govern pueda sancionar a las plataformas de VTC y nuevas normas para dar licencias

El Partido Popular y el PSIB han pactado una batería de cambios legislativos para endurecer el control sobre las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) y reforzar la capacidad de sanción frente a las plataformas que operen de forma irregular en las islas. El acuerdo, alcanzado este lunes en una reunión con representantes del sector del taxi (Agrupación Empresarial Autotaxi y Taxis-Pimem), busca además cerrar el paso a la posible entrada masiva de autorizaciones vinculadas a empresas como Uber y frenar las cerca de 10.000 solicitudes de licencias que actualmente están en trámite en el archipiélago.

Las modificaciones se incorporarán mediante enmiendas a la ley de proyectos estratégicos y a la Ley balear del transporte terrestre, aprovechando la tramitación parlamentaria ya abierta. Con ello, Govern pretende liderar los cambios después del malestar generado entre parte del sector por algunos puntos del nuevo reglamento del taxi aprobado recientemente.

Uno de los principales objetivos es delimitar con mayor claridad las condiciones para conceder licencias VTC en Baleares. Las asociaciones del taxi reclaman que las autorizaciones estatales solo puedan concederse a operadores que acrediten realmente una actividad de transporte entre comunidades autónomas, ya que consideran que las islas no encajan en ese modelo por su condición insular.

Tras la reunión, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido que las enmiendas servirán para "clarificar" y "poner orden" en el sector. Según ha explicado ante los medios al término del encuentro, si una empresa dispone únicamente de autorización urbana solo podrá operar dentro de las ciudades y, en caso de tener autorización interurbana, deberá limitarse a esos trayectos. "Si únicamente se dispone de una licencia a nivel estatal probablemente no se pueda prestar servicio en Baleares", afirmó.

El acuerdo también contempla aumentar las sanciones contra el intrusismo y habilitar al Govern para actuar contra las plataformas digitales -como Uber- que permitan operar a conductores sin autorización. El presidente de Taxis-Pimem, Biel Moragues, ha comparado este sistema con el aplicado a Airbnb y señaló que las plataformas podrán ser multadas "si permiten que un conductor preste servicio con un coche que no tiene autorización".

Desde el PSIB, el portavoz parlamentario Iago Negueruela ha defendido que el pacto permite corregir las "lagunas" que, a su juicio, presentaba el reglamento del taxi. "Lo importante es separar la terminología de la norma autonómica de la estatal, para dejar claro que en Baleares se regulan los ámbitos interurbano y urbano pero no el estatal", ha sostenido.

El dirigente socialista ha asegurado además que el objetivo es "proteger" al sector tradicional del taxi y de las VTC, aunque ha advertido de que su grupo no respaldará todas las propuestas que finalmente se presenten. "El PSIB está satisfecho porque ha logrado que sus reivindicaciones para el sector del taxi se hayan incorporado desde el diálogo", ha añadido.

Otro de los puntos que siguen generando rechazo entre los taxistas es la obligación de transferir la licencia en un plazo máximo de tres meses tras la jubilación del titular. Parte del sector considera que esa limitación "antes no existía" y reclama ampliar el margen o eliminar directamente el plazo. También cuestionan que los herederos de un taxista fallecido tengan únicamente seis meses para traspasar la licencia si no están autorizados para trabajar en el sector. El presidente de la Federación de la Agrupación Empresarial Autotaxi de Baleares, Toni Bauzà, ha avanzado incluso la posibilidad de acudir a los tribunales por este asunto.

Bauzà también ha mostrado reservas sobre la futura área de prestación conjunta en Mallorca y ha pedido conocer con detalle la propuesta antes de posicionarse. "No queremos un cheque en blanco", advirtió, al considerar que la realidad de Baleares no puede compararse con la de grandes ciudades peninsulares por la fuerte estacionalidad turística. "En verano hay una temporada turística muy fuerte pero en invierno todo el mundo echa la persiana", ha señalado.

El conflicto se produce además en plena batalla judicial por la paralización de las licencias VTC solicitadas en Baleares. Mateo ha recordado que el Govern ha justificado la suspensión por factores como la congestión viaria, la contaminación y las limitaciones territoriales propias de unas islas. El conseller ha indicado que todavía no han recibido formalmente las demandas presentadas por las empresas afectadas, aunque aseguró que serán trasladadas a los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico en cuanto lleguen.

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