PP y Vox rectifican y mantienen el control ambiental a las grandes superficies comerciales

El PP y Vox han acabado rectificando una de las medidas más polémicas incluidas en la negociación parlamentaria del decreto de proyectos estratégicos del Govern. Finalmente, los nuevos centros comerciales de más de 400 metros cuadrados que quieran implantarse en suelo urbano seguirán obligados a someterse a evaluaciones de impacto ambiental, después de que las principales patronales comerciales de Baleares trasladaran su profundo malestar a los populares por la propuesta inicial.

El acuerdo entre ambos partidos afecta directamente a la regulación de las grandes superficies comerciales y supone una marcha atrás respecto al planteamiento inicial defendido por el PP durante la tramitación parlamentaria del decreto. Los populares proponían eliminar la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental a los nuevos establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadrados que quisieran abrir en suelo urbano. La intención del PP era reducir trámites y acelerar la implantación de este tipo de proyectos comerciales. Según defendían los populares, estos establecimientos ya pasan una evaluación ambiental cuando se aprueba el planeamiento urbanístico correspondiente, por lo que exigir posteriormente una nueva evaluación específica para cada proyecto suponía, a su juicio, una duplicidad burocrática innecesaria.

La propuesta se enmarcaba dentro del paquete de medidas impulsado por el Govern para agilizar proyectos considerados estratégicos y simplificar procedimientos administrativos. En la práctica, la modificación abría la puerta a facilitar la implantación de grandes superficies comerciales en suelo urbano reduciendo las exigencias ambientales previas. Sin embargo, la iniciativa provocó una reacción inmediata y muy dura por parte de las organizaciones comerciales de Baleares. Las patronales del sector interpretaron la medida como un debilitamiento de los mecanismos de control territorial y comercial existentes y trasladaron directamente su preocupación al Partido Popular.

Representantes del sector comercial mantuvieron una reunión con dirigentes populares en la que expresaron su "hondo malestar" por la propuesta. Las organizaciones empresariales consideraban que la eliminación de las evaluaciones ambientales suponía favorecer la implantación de grandes superficies comerciales reduciendo las garantías actualmente vigentes. La presión de las patronales ha acabado teniendo efectos directos sobre la negociación parlamentaria. Como resultado de esas conversaciones, Vox ha presentado finalmente una transacción pactada con el PP que elimina la exención planteada inicialmente por los populares y mantiene la obligación de realizar estudios de impacto ambiental a los nuevos centros comerciales.

Un debate sobre el modelo comercial

La polémica había reabierto además el debate sobre el modelo comercial y territorial de Baleares y sobre el equilibrio entre la agilización administrativa y la protección del comercio local. Las patronales del sector habían mostrado públicamente su rechazo a las enmiendas impulsadas por PP y Vox, advirtiendo de que, bajo la apariencia de una simplificación burocrática, se escondía en realidad una reducción efectiva de controles sobre las grandes superficies comerciales.

Afedeco y Pimeco llegaron a alertar de que las modificaciones podían acabar debilitando el Plan de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECMA) y erosionando el sistema de garantías que regula el desarrollo comercial en Baleares. Las organizaciones empresariales defendían que las evaluaciones ambientales no constituyen un trámite accesorio, sino un instrumento fundamental para analizar el impacto territorial, urbanístico y comercial de determinados proyectos antes de autorizar su implantación.

El temor de las patronales era que la eliminación de esos controles facilitara la apertura de grandes superficies en detrimento del pequeño y mediano comercio, especialmente en un contexto de creciente presión sobre el modelo urbano y territorial de las Islas. La reacción del sector comercial había adquirido además un tono especialmente duro durante los últimos días. Desde Afedeco se llegó a advertir de que la reforma suponía "una reducción efectiva de los controles que sostienen el modelo territorial y comercial vigente". Las patronales defendían que flexibilizar o eliminar mecanismos de evaluación ambiental podía acabar permitiendo implantaciones comerciales "sin un contraste real de su impacto" y alterar el equilibrio existente entre grandes superficies y comercio tradicional.

Rectificación en plena negociación parlamentaria

La marcha atrás pactada ahora entre PP y Vox evidencia el peso que han tenido las presiones del sector comercial durante la negociación parlamentaria del decreto de proyectos estratégicos. La iniciativa legislativa impulsada por el Govern busca acelerar trámites urbanísticos y administrativos para facilitar determinados proyectos considerados estratégicos para Baleares. Sin embargo, varias de las enmiendas introducidas durante su tramitación habían empezado a generar una fuerte contestación entre distintos sectores económicos y sociales.

El episodio de las grandes superficies comerciales se había convertido en uno de los focos principales de tensión dentro del debate parlamentario por las implicaciones que podía tener sobre el modelo comercial de las Islas. Finalmente, la transacción presentada por Vox y pactada con el PP desactiva parcialmente ese conflicto y mantiene la obligación de someter los nuevos centros comerciales a controles ambientales, evitando así uno de los cambios más sensibles que se habían planteado durante la negociación del decreto.

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