Educación abre expediente disciplinario a la cúpula directiva del Centro de Tecnificación de Baleares

La crisis institucional y de convivencia que asola al Centro de Tecnificación Deportiva de Balears (CTEIB) —que actualmente también integra el IES CTEIB, en Palma— ha traspasado finalmente la barrera de las quejas administrativas para convertirse en un proceso sancionador en toda regla. Cinco miembros clave del centro han recibido recientemente una resolución de inicio de procedimiento disciplinario tomada -como ha reconocido la administración a requerimiento de este diario- en base a las informaciones reservadas que se llevaron a cabo tras la inspección «excepcional» del pasado mes de junio, un hecho que marca un punto de no retorno en la gestión del antiguo Polideportivo Príncipes de España, hoy bajo la lupa por presuntas irregularidades que van desde la negligencia económica hasta el trato despectivo y el absentismo laboral.

Este movimiento administrativo pone fin, por lo tanto, a un largo tiempo de incertidumbre y silencio oficial, señalando directamente a los responsables de la gestión académica y económica del CTEIB.

En el centro de la diana se encuentra la directora, Sonia Gabaldón. La propuesta de resolución para ella es de una sanción disciplinaria calificada como grave. El motivo esgrimido por los instructores es una presunta «falta de rendimiento que afecta al funcionamiento del servicio». En términos administrativos, se la acusa de no haber cumplido con sus responsabilidades de gestión de manera adecuada. Esta acusación valida las quejas de un sector del claustro que hablaba de una dirección errática y «poco comprometida con las necesidades pedagógicas reales del centro deportivo».

No es la única figura de la cúpula directiva que enfrenta acusaciones de calado. El jefe de estudios de Régimen Especial, Antoni Albertí -marido de Gabaldón-, también se enfrenta a la propuesta de una falta grave. En su caso, la infracción se refiere a presuntas «acciones u omisiones dirigidas a evadir el sistema de control de horarios». Los instructores sugieren que el docente habría intentado, presuntamente, «impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo». Esta acusación conecta directamente con las denuncias de absentismo que ya se apuntaban en la Programación General Anual, donde se obligaba al equipo directivo a retomar su presencia mínima en el centro para cumplir con la normativa vigente, tras detectarse que sus horas lectivas podrían estar figurando sobre el papel pero no estarse ejecutando presencialmente.

Control de fondos y personal

La secretaria del centro también ha sido notificada de la apertura de un expediente, aunque en su caso se le propone una infracción leve. La acusación se centra en una presunta «negligencia en el ejercicio de las funciones propias», alegando irregularidades en la gestión, registro y control de los fondos económicos del instituto. Este punto resulta especialmente sensible, dado que la inspección ya había puesto el foco sobre el destino de un remanente de 159.000 euros y la necesidad de justificar debidamente cualquier gasto superior a los 2.100 euros con tres presupuestos distintos.

El organigrama del conflicto se completa con el otro jefe de estudios, el de Formación Profesional, a quien también se le propone una sanción leve por «falta de cuidado o negligencia de las funciones propias». Según la resolución, no se habría realizado un «seguimiento adecuado de la asistencia de la jornada del profesorado», permitiendo que no existiera un control efectivo y sistemático de los marcajes. Los informes señalan una situación de extrema gravedad operativa: la existencia de docentes que, presuntamente, compaginan varios trabajos y figuran como presentes en el centro cuando en realidad no se encuentran físicamente en las instalaciones, una práctica que presuntamente habría contado con la permisividad de la jefatura de estudios.

Faltas de obediencia

Más allá de la pura gestión administrativa, el expediente disciplinario también aborda la vertiente humana y la jerarquía interna, centrándose especialmente en el comportamiento del orientador del centro. Este perfil es el que acumula un mayor número de propuestas de sanción: un total de cinco cargos. Entre ellos destacan tres faltas graves y dos leves. Las graves se refieren de nuevo a la «falta de rendimiento que afecta al funcionamiento del servicio» y a una presunta «falta de obediencia con los superiores». Sin embargo, son las sanciones leves y de desconsideración las que parecen ilustrar mejor el clima de hostilidad que impera en los pasillos del CTEIB, según los testimonios que constan en la investigación oficial.

Las acusaciones detallan una presunta actitud de «incorrección» constante hacia otros miembros de la comunidad educativa. Entre los episodios relatados, se menciona que el orientador se habría dirigido a la directora de forma despectiva llamándola «muchacha» y habría vertido comentarios groseros sobre su profesionalidad ante otros docentes. Asimismo, los informes apuntan a una «intención de humillar» a Albertí, a quien presuntamente se dirigió con «tono elevado» y calificativos ofensivos relacionados con su aspecto físico, como llamarle «gordo». Este tipo de comportamientos, lejos de ser incidentes aislados, parecen formar parte, presuntamente, de un patrón de desconsideración que podría haber fracturado irremediablemente el claustro y haber generado un entorno laboral insostenible.

Un hecho curioso del que se ha podido tener constancia es que, debido a la densidad y extensión de la documentación recopilada durante meses por los inspectores, la administración ha optado por notificar las diferentes resoluciones de una forma poco habitual en la era digital: el envío por correo certificado.

Es un procedimiento largo y una vez acabe y haya propuesta de resolución definitiva ya lo valoraremos

Conselleria de Educación y Universidades

Respecto al desarrollo de los expedientes, preguntada por este diario, la Conselleria de Educación y Universidades mantiene la cautela: «Es un procedimiento largo y una vez acabe y haya propuesta de resolución definitiva ya lo valoraremos», señalan. Pese a la contundencia de las propuestas de sanción, el procedimiento administrativo que ahora se inicia es totalmente garantista para los instruidos. Las cinco personas implicadas se encuentran ahora en un periodo de alegaciones, un derecho que no detiene el curso del expediente. El siguiente paso será la convocatoria de audiencias ante el Departamento de Inspección Educativa, un escenario similar al desarrollo de un juicio. En estas sesiones se levantará acta y se podrán convocar testigos para ratificar o desmentir los hechos imputados, siempre en presencia de los instruidos para garantizar su derecho a la defensa y la transparencia total del proceso sancionador.

El calendario previsto apunta a que la resolución definitiva no llegará hasta mediados o finales del próximo curso escolar, debido a la complejidad de las pruebas y los plazos de la administración. Una vez finalizado el periodo de pruebas y las testificales, el instructor elaborará una propuesta de sanción o de archivo. Dicha propuesta deberá ser validada por la Dirección General de Personal Docente y por los servicios jurídicos antes de ser firmada por la directora general.

El proceso disciplinario podría alargarse hasta bien entrado el próximo curso

Las consecuencias para los implicados podrían ser severas: una falta grave puede acarrear meses de suspensión de empleo y sueldo, mientras que las leves oscilan entre una amonestación y once días de sanción económica efectiva.

Cabe destacar que, mientras tanto, al no haberse solicitado ni aplicado medidas de suspensión cautelar, los cinco expedientados pueden seguir ejerciendo sus diferentes funciones en el centro con normalidad.

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