El Govern solo logra movilizar 74 viviendas en Mallorca con el programa Alquiler Seguro en año y medio

El programa de Alquiler Seguro impulsado por el Govern balear apenas ha conseguido movilizar 74 viviendas en Mallorca desde su puesta en marcha hace aproximadamente un año y medio. La iniciativa, diseñada para captar pisos vacíos del mercado privado y ofrecerlos a precios por debajo de mercado mediante incentivos públicos, suma hasta ahora 82 contratos firmados en todo el archipiélago, una cifra limitada en relación con la magnitud de la crisis de vivienda que atraviesa Baleares. El Ejecutivo autonómico preveía captar entre 2.000 y 3.000 pisos.

Las operaciones se han cerrado en 22 municipios distintos, aunque más de la mitad de los pisos se concentran en Palma, con un total de 47 viviendas. El resto se reparte entre Alcúdia y Llucmajor, con cuatro viviendas en cada municipio; Eivissa, Ciutadella e Inca, con tres; Santa Margalida y Maria de la Salut, con dos; y una vivienda en Alaró, Algaida, Andratx, Calvià, Campos, Ferreries, Lloseta, Marratxí, Pollença, Santa Maria del Camí, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Sóller y Vilafranca.

En la presentación de la iniciativa, en octubre de 2024, la presidenta del Govern, Marga Prohens, aseguró: "Con este programa queremos romper la barrera que frena a muchos propietarios de pisos vacíos que, como nos dicen los agentes de la propiedad inmobiliaria, prefieren tener la vivienda vacía por miedo a impagos, desperfectos o malas experiencias". Sin embargo, el Ejecutivo se ha visto forzado a ampliar el alcance ante la escasa confianza que ha generado esta medida entre los propietarios de vivienda.

Alquileres de casi 1.000 euros al mes

Según los datos del Govern, los inquilinos pagan de media 965 euros mensuales por estas viviendas, una cifra inferior a los precios máximos fijados dentro del programa. Los pisos tienen una superficie media cercana a los 100 metros cuadrados y, en la mayoría de los casos, disponen de dos o tres habitaciones. Por su parte, los propietarios reciben una renta media de 1.378 euros mensuales. Sobre esta cantidad, la Administración autonómica aplica una reducción del 30% financiada con fondos públicos para permitir que las viviendas se alquilen por debajo del precio de mercado.

El modelo diseñado por el Ejecutivo autonómico establece precios máximos distintos según la isla. En Mallorca y Menorca, los propietarios pueden percibir hasta 1.500 euros mensuales, mientras que en Ibiza y Formentera el límite asciende a 2.100 euros. En consecuencia, los inquilinos pueden pagar como máximo 1.050 euros en Mallorca y Menorca y hasta 1.470 euros en las Pitiüses.

Contratos de siete años y pagos anticipados

Uno de los principales incentivos que ofrece el programa a los propietarios es la estabilidad contractual. El Govern firma contratos de alquiler de siete años y permite diferentes modalidades de cobro: pagos mensuales, adelanto de una anualidad completa o incluso el abono anticipado de los siete años de contrato. Además, la Administración asume la intermediación y fija condiciones específicas para las viviendas. Los inmuebles deben estar ubicados en Baleares, disponer de suministros de agua y electricidad, contar con certificado energético en vigor y tener la instalación eléctrica adaptada a la normativa vigente. Tampoco pueden estar sometidos a limitaciones legales que impidan su alquiler residencial.

En paralelo, los beneficiarios del programa deben acreditar una residencia mínima de cinco años en Baleares y utilizar la vivienda como residencia habitual y permanente. El contrato prohíbe expresamente destinar los pisos a alquiler turístico o subarrendarlos. El Govern también obliga a los inquilinos a devolver la vivienda en las mismas condiciones en las que fue entregada al finalizar el contrato.

Una cifra reducida frente a la emergencia habitacional

Los datos reflejan, sin embargo, las dificultades que sigue teniendo la Administración para incorporar vivienda privada al mercado residencial estable pese a los incentivos económicos ofrecidos. La captación de solo 74 viviendas en Mallorca contrasta con la fuerte presión inmobiliaria existente en la isla y con el incremento continuado de los precios del alquiler. El programa nació con el objetivo de convencer a propietarios de pisos vacíos para que cedieran sus viviendas al mercado residencial a cambio de garantías de cobro y estabilidad contractual. Sin embargo, el balance provisional evidencia un impacto todavía muy limitado sobre la oferta disponible en las Islas.

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