La Autoridad Portuaria defiende el proceso para elegir a la empresa que hará los nuevos uniformes de la policía portuaria

La Autoridad Portuaria de Baleares rechaza cualquier sospecha de amaño en la adjudicación de dos concursos públicos, sobre los nuevos uniformes de la policía portuaria y los elementos de seguridad. Esta adjudicación ha sido de momento paralizada por el tribunal administrativo de contratación pública, que depende de Hacienda, tras el recurso que planteó una empresa que se presentó a dicho concurso y ni siquiera pasó el corte inicial. El comité de valoración consideró que las prendas que ofrecía no tenían la calidad suficiente, pero la empresa denunció el método de valoración y muestra sus fundadas sospechas sobre el trasfondo que esconde el proceso de adjudicación.

La APB salió al paso de esta información que fue publicada ayer por este periódico y defendió “la plena legalidad de los procedimientos de contratación recurridos”, al tiempo que destaca la participación de los representantes sindicales en el proceso de valoración de las propuestas sobre la nueva vestimenta de los policías. “Por primera vez, ambos expedientes fueron elaborados con la participación directa de comisiones técnicas específicamente constituidas e integradas por representantes de todos los sindicatos operativos presentes en la Autoridad Portuaria de Baleares. Estas comisiones técnicas fueron creadas con el objetivo de que los propios representantes de la Policía Portuaria pudieran trasladar las necesidades reales del servicio y participar activamente en la definición de los requerimientos técnicos, ergonómicos y funcionales que debían cumplir tanto las prendas como los complementos objeto de licitación”, señala el comunicado.

Se insiste en que este sistema de valoración pretende “mejorar el confort, la funcionalidad, el diseño, la ergonomía y la adecuación operativa del equipamiento utilizado por la policía portuaria, reforzando la transparencia y participación interna en decisiones de calado para el día a día de los trabajadores”.

Sobre la paralización de la adjudicación, acordada por el tribunal administrativo, desde la APB se señala que no se trata de una decisión excepcional y que esta decisión de ningún modo supone entrar en el fondo del asunto que se discute. “Es una consecuencia automática prevista legalmente cuando se interpone un recurso especial en materia de contratación pública”.

La APB reitera la defensa en el procedimiento administrativo que se ha seguido para adjudicar este doble concurso, asegurando que en todo momento se ha respetado la normativa de contratación pública, así como los principios de igualdad de trato, transparencia y libre concurrencia.

La empresa que no ha conseguido la adjudicación de estos dos proyectos no está conforme con los criterios de valoración. Sin embargo, desde Puertos de Baleares se insiste en que el rechazo de su propuesta para elaborar los nuevos trajes de la policía portuaria se debió a que las prendas no alcanzaron el “umbral mínimo de calidad técnica exigido en los pliegos, fijado en el 60% de la puntuación técnica. Este requisito constituye una condición objetiva y obligatoria para poder acceder a la fase de valoración económica”, se aclara. La empresa que ha recurrido también denuncia que la Autoridad Portuaria ha elegido una oferta económica que es el doble del presupuesto que presentó en su oferta de adjudicación.

Tras detallar la puntuación que obtuvo la empresa que fue apartada de la adjudicación se insiste en que “la exclusión no responde a una decisión discrecional, ni arbitraria, sino a la aplicación objetiva y automática de unas reglas previamente establecidas, conocidas y aceptadas por todos los licitadores desde el inicio del procedimiento”. También se señala que la oferta escrita contaba con un número de folios superior al que indicaban los pliegos y asegura que esta circunstancias también justifica el rechazo de la oferta.

Suscríbete para seguir leyendo