Un tribunal paraliza la adjudicación de dos concursos de la Autoridad Portuaria ante las sospechas de un supuesto amaño

El tribunal administrativo central, que depende del Ministerio de Hacienda, ha paralizado la adjudicación de dos contratos públicos impulsados por la Autoritat Portuaria de Baleares, con los que se pretendía cambiar la vestimenta de los policías portuarios de las islas. Esta paralización responde al recurso que ha presentado una empresa al tener sospechas de que se han cometido graves irregularidades en el proceso de valoración de las ofertas y ante las sospechas de un supuesto amaño. El tribunal administrativo ha congelado la adjudicación mientras se resuelve el recurso y se estudia el método de valoración de las ofertas. Esta decisión no tiene ninguna relación con la reciente sentencia por la que se anuló el proceso de estabilización de 64 plazas de policías portuarios.

La APB adjudicó los dos contratos a la misma empresa, pese a que en una de las propuestas presentó una oferta económica que era el doble de cara que su competidora. Casualmente esta empresa está siendo investigada por otras adjudicaciones en, al menos, cuatro ciudades ante las sospechas de que ha podido recibir un trato de favor frente a las otras competidoras. De hecho, los dos propietarios fueron juzgados recientemente acusados de participar en el amaño para adjudicarse un contrato en Santa Pola, pero la sentencia les ha absuelto. Uno de los contratos sospechosos se adjudicó en el municipio de Sant Antoni de Ibiza.

En España el mercado de la fabricación de uniformes policiales es muy limitado. No son muchas las empresas que se dedican a este negocio y es habitual que coincidan en los concursos para la adjudicación de contratos que propone la administración. La tela que se utiliza para confeccionar los uniformes es muy similar, por no decir que es la misma, en todas las propuestas que se presentan. La diferencia esta en el diseño de la prenda, que siempre se realiza en función de las necesidades de la administración, la fabricación de los uniformes y la capacidad de entrega.

A finales del pasado año la Autoritat Portuaria publicó el anuncio de esta doble adjudicación, abriendo el plazo para la presentación de ofertas. El primer contrato, por un valor de algo menos de medio millón de euros, se anunciaba para cambiar los uniformes de la plantilla policial de los puertos. En el anuncio de licitación se establecían las características de las prendas que se precisaban, así como del diseño necesario, para que los policías portuarios se diferenciaran de otras unidades policiales.

A esta primera adjudicación se presentaron dos empresas, que adjuntaron las características físicas de los uniformes que ofrecían y las condiciones de fabricación que podían cumplir. En estas ofertas se adjuntaron las propuestas económicas, que eran muy distintas entre ellas.

En las bases del concurso se estableció que si las ofertas no alcanzaban una determinada puntuación serían rechazadas. Esto es lo que ocurrió con la empresa que ha recurrido la adjudicación, que recibió una respuesta por parte de Puertos de Baleares que señalaba que la propuesta había sido rechazada porque la calidad técnica del producto era “inaceptable”. Esta empresa, en el recurso que ha presentado ante el Tribunal Administrativo, sostiene que no está dispuesta a aceptar esta conclusión y cuestiona que los funcionarios, entre los que hay varios representantes sindicales, en la valoración de la oferta se han basado más en aspectos subjetivos, que en cuestiones técnicas y objetivas. Además, afirman que las mismas prendas se han presentado en otras adjudicaciones anunciadas por otras administraciones y nunca les había ocurrido que ni siquiera pasaran el corte inicial de valoración. Esta empresa, además, presentó una oferta económica de alrededor de 200.000 euros más económica que su competidora, pero que la administración portuaria ha optado por la oferta más cara, que supera los 400.000 euros.

La segunda licitación planteada por la APB era para los trajes de seguridad que precisan los policías portuarios. En esta ocasión la propuesta económica era de casi un millón de euros. Cuatro empresas del sector se presentaron a la adjudicación, pero solo una de ellas logró superar el corte inicial y ha sido la que finalmente ha conseguido la adjudicación. Es la misma a la que se le adjudicó el proyecto de los uniformes. Esta valoración también ha sido recurrida y el tribunal administrativo ha paralizado la adjudicación mientras se revisan los criterios de valoración de todas las propuestas. Se da la circunstancia que una de las ofertas descartadas la presentó la empresa nacional más potente del sector, que es la encargada de confeccionar todos los uniformes y elementos de seguridad que utilizan los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil. Sin embargo, a juicio de los técnicos de la APB que han valorado la propuesta, las prendas de seguridad que ofrecían para esta licitación no tenían la calidad suficiente.

Sobre esta polémica, desde la Autoridad Portuaria se señaló que se respetaba el procedimiento y las garantías previstas en la normativa de contratación pública. Y se insistía en que el tribunal administrativo había acordado la paralización provisional de la licitación tras el recurso presentado por una de la empresas que se presentó al concurso

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