Galmés afronta un doble frente en el Consell por el absentismo de Núria Riera y los coches oficiales de Bestard

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se enfrenta a un doble foco de desgaste político. El expediente por absentismo laboral de la portavoz del PP, Núria Riera, y la polémica por el uso de coches oficiales que afecta al vicepresidente segundo de la institución y dirigente de Vox, Pedro Bestard, han acabado instalando en el debate político una discusión incómoda para el dirigente insular: la utilización de recursos públicos y los privilegios asociados al poder institucional.

Los dos casos responden a dinámicas diferentes. El de Riera afecta directamente al funcionamiento interno de la Administración y a las compatibilidades entre actividad política y empleo público. El de Bestard gira alrededor de la utilización de vehículos oficiales para desplazamientos personales. Pero ambos coinciden en algo fundamental: proyectan sobre el Consell una imagen de permisividad institucional en cuestiones vinculadas al uso de medios públicos.

El problema para Galmés es que las dos polémicas afectan además a perfiles especialmente visibles dentro de la arquitectura política del Consell. Riera no es únicamente una consellera electa más: es la portavoz del PP en la institución y, por tanto, la dirigente popular con mayor exposición mediática del partido. Bestard, por su parte, es vicepresidente segundo y uno de los principales referentes de Vox en Mallorca dentro del pacto de gobierno. La consecuencia es que el presidente del Consell empieza a ver cómo parte de la agenda pública alrededor de la institución se desplaza desde la gestión hacia controversias vinculadas al comportamiento de cargos políticos de su propio ejecutivo.

El "caso Riera" sigue abierto políticamente

El expediente disciplinario abierto por el Govern por ausencias laborales vinculadas a actividades políticas y mediáticas ha terminado convirtiéndose en uno de los principales elementos de desgaste durante el último año. El expediente disciplinario contra Riera sesaldó con la sanción más leve posible: una amonestación. El motivo no es la falta de pruebas, ya que se contabilizaron hasta 25 ausencias en horario laboral, sino la falta de investigación del Govern, que durante meses no revisó las salidas de la dirigente para asistir a ruedas de prensa o tertulias. Por este motivo, la mayoría de esas faltas prescribieron y no pudieron sancionarse.

En cambio, el informe sancionador constata que Riera se ausentó en nueve ocasiones de su puesto para participar en tertulias políticas, aunque en seis de ellas contó con supuestas autorizaciones administrativas. Sin embargo, la propia ley prohíbe este tipo de permisos para acudir a programas de radio o televisión. Además, este diario pudo comprobar que la dirigente popular también abandonaba su puesto para ofrecer ruedas de prensa en el Consell de Mallorca, una práctica que tampoco está permitida.

La normativa es inequívoca: un funcionario no puede realizar actividades políticas en horario laboral salvo con un permiso por deber inexcusable. Y este solo se concede en casos muy limitados: debe tratarse de un deber personalísimo, imposible de cumplir fuera de la jornada laboral, y circunscribirse a situaciones puntuales, imprevisibles y excepcionales, nunca reiteradas. Además, la ley establece que ese permiso únicamente cubre la asistencia a órganos de gobierno y comisiones de los que se forme parte como cargo electo.

El expediente disciplinario subraya esta interpretación: la atención a los medios de comunicación solo puede quedar cubierta por el deber inexcusable si se realiza de forma inmediata a un acto institucional que lo justifique. En el caso de Riera, muchas de sus ruedas de prensa se celebraron en días sin pleno, sin Junta de Portavoces y sin ninguna obligación institucional que exigiera su presencia. De hecho, el PP en el Consell dispone de un portavoz adjunto, Bernat Vallori, que tras la polémica ha asumido de forma habitual las tareas de comunicación.

El frente de Vox y los coches oficiales

A ese desgaste se suma ahora otro foco de tensión política para Galmés: la controversia alrededor de Pedro Bestard. El dirigente de Vox ha quedado envuelto en una polémica vinculada a la utilización de coches oficiales para desplazamientos personales, una cuestión especialmente sensible políticamente porque afecta directamente a uno de los símbolos clásicos del poder institucional: los vehículos oficiales.

La explicación del vicepresidente segundo del Consell no ha logrado cerrar la polémica política alrededor de su conducta. Lejos de disipar las dudas, su comparecencia en la Comisión de Transparencia dejó abiertas nuevas incógnitas sobre la utilización de vehículos de la institución insular para fines ajenos a la actividad pública. Admitió incluso posibles "errores", pero defendió que actuó "por comodidad" y "por economía". Sin embargo, la presencia de vehículos oficiales en un acto de Vox y las imágenes de hasta dos coches del Consell aparcados de noche frente a su domicilio particular han reforzado la percepción de un uso partidista y personal de recursos públicos. "No es la foto completa", alegó Bestard, aunque sin ofrecer detalles concluyentes sobre el contexto de aquellas imágenes.

La controversia ha generado además malestar interno dentro del propio Consell, especialmente en el área de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes que dirige Bestard, donde los vehículos oficiales son compartidos entre altos cargos y servicios operativos. A diferencia de Galmés, que dispone de coche asignado, el resto de miembros del gobierno deben solicitar expresamente el uso de vehículos justificando cada desplazamiento.

La polémica se agrava además por dos elementos especialmente sensibles: la utilización de coches sin la rotulación institucional obligatoria y la modificación posterior de la agenda pública cuando trascendió el escándalo. No es, además, la primera vez que Bestard se ve envuelto en una controversia sobre la frontera entre intereses públicos y privados. El dirigente de Vox ya protagonizó otra fuerte polémica al intentar compatibilizar la vicepresidencia del Consell con la presidencia de la Federación Balear de Caza, pese a la incompatibilidad establecida por la Ley del Deporte, una situación que acabó resolviéndose tras semanas de presión política con su renuncia al cargo federativo.

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