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Los auxiliares técnicos educativos de Baleares llevan su protesta al Parlament: "Somos el pilar invisible de la inclusión"

El colectivo reclama el fin de los contratos precarios y el reconocimiento del plus de peligrosidad ante las agresiones en una movilización unitaria teñida de rosa

Una auxiliar ayuda a dos niños en un aula.

Una auxiliar ayuda a dos niños en un aula. / Unsplash

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Nair Cuéllar

Nair Cuéllar

Palma

El colectivo de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE) de Baleares ha dicho basta. Tras meses de "negociaciones estancadas" y una sensación de "abandono administrativo" que califican de "insostenible", los profesionales encargados de la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) se concentrarán mañana jueves, 14 de mayo, a las 17.00 horas frente a la sede del Parlament. Bajo el lema "#milloresateja", la movilización busca visibilizar una "precariedad laboral que afecta directamente a la calidad de la escuela inclusiva" en el archipiélago.

La convocatoria llega tras una reunión clave del Comité de Educación el pasado 24 de abril, donde se constató que "la Administración no ha ofrecido respuestas concretas a las demandas históricas del sector", apuntan. La protesta cuenta con un "apoyo sindical unitario sin precedentes" -manifiestan los afectados-, ya que los sindicatos CSIF, CCOO, STEI, ANPE, UGT y USO han dejado de lado sus siglas para marchar bajo una única pancarta. El color rosa pálido será el elemento distintivo de la jornada, un símbolo con el que pretenden demostrar que, pese a ser "esenciales", su labor "sigue siendo ignorada por las instituciones".

Uno de los principales detonantes del malestar es la disparidad en las condiciones de contratación. Actualmente, en los centros educativos de Baleares conviven profesionales que realizan las mismas funciones pero con contratos de nueve, diez o doce meses. Esta situación provoca que muchos auxiliares se vean obligados a irse al paro antes de que termine el curso escolar, dejando a los alumnos sin su figura de referencia. Desde el colectivo denuncian que los contratos de 12 meses están "bloqueados por falta de presupuesto", lo que consideran una discriminación presupuestaria frente a las necesidades reales de los menores.

A esta inestabilidad se suma un "caos administrativo" en los procesos selectivos que los trabajadores tildan de "surrealista". El colectivo denuncia el solapamiento de oposiciones, habiéndose visto obligados a examinarse de nuevo el pasado mes de marzo sin conocer todavía los resultados definitivos del proceso anterior, iniciado en 2023. Esta parálisis obliga a los interinos a invertir tiempo y recursos en preparar nuevas pruebas por el miedo a perder su puesto, mientras la administración sigue sin resolver los méritos de convocatorias pasadas.

Agresiones sin protección

La protesta de mañana también pondrá el foco sobre la seguridad en las aulas. Los ATE denuncian que, a pesar de estar expuestos a situaciones de riesgo físico derivadas de las crisis que pueden sufrir algunos alumnos, no perciben un plus de peligrosidad. Mordeduras, tirones de pelo y agresiones físicas son "una realidad constante que la Administración parece ignorar", sostienen. Los trabajadores lamentan que se les exija "una entrega absoluta" sin contar con el respaldo de un complemento salarial que reconozca la penosidad y el riesgo de su labor diaria.

Asimismo, critican la falta de planificación en el inicio de cada curso. Muchos profesionales se incorporan al centro el mismo día que los alumnos, sin margen para conocer los expedientes o coordinarse con el equipo docente. "Somos el pilar invisible de la inclusión, pero a menudo se nos trata como personal no cualificado", lamentan, señalando que el requisito administrativo de acceso sigue siendo únicamente el graduado escolar, a pesar de que la gran mayoría de ellas son integradoras sociales o educadoras infantiles con alta cualificación.

La presión sobre la Conselleria de Educación y Universidades ha subido de tono tras la intervención en el Parlament, este martes, del diputado José María García, de Esquerra Unida, quien trasladó directamente al conseller Antoni Vera la urgencia de atender a un colectivo que cuenta con el respaldo de casi 7.000 firmas de la sociedad balear. García denunció la "precariedad contractual" y la falta de interlocución directa con la parte social, instando al Govern a "pasar de las buenas palabras a los compromisos firmes que resuelvan la situación salarial de una vez por todas".

La concentración de mañana frente al Parlament será la primera de un calendario que prevé extenderse al resto de islas del archipiélago, con protestas programadas para el 28 de mayo en Menorca y el 4 de junio en Ibiza.

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