PP y Vox reforman la ley para ampliar las concesiones náuticas y los usos comerciales en los puertos de Baleares

PP y Vox aprobarán mañana en el Parlament la reforma de la Ley de Puertos de Baleares tras incorporar cambios durante la tramitación parlamentaria. El dictamen definitivo mantiene el límite máximo de 50 años para las concesiones portuarias, refuerza el papel de clubs náuticos y marinas deportivas e introduce nuevos usos comerciales y recreativos en los puertos autonómicos. La modificación de la Ley 10/2005 afecta al régimen concesional, los concursos públicos, los usos económicos de los puertos, las rampas públicas, las marinas secas y la retirada de embarcaciones abandonadas.

El principal eje de la reforma continúa siendo la modificación del artículo 73 sobre duración de las concesiones administrativas. El texto definitivo establece que el plazo total de las concesiones, incluidas sus posibles prórrogas, no podrá exceder de 50 años. La ley mantiene distintos mecanismos de prórroga vinculados a inversiones relevantes, mejoras ambientales, digitalización, eficiencia energética o creación de empleo.

También se contemplan prórrogas específicas para clubs náuticos que desarrollen planes deportivos, educativos y formativos relacionados con los deportes del mar y destinen inversiones equivalentes al 15% de su presupuesto anual. PP y Vox justifican estos cambios alegando que la normativa balear necesitaba adaptarse a la evolución del sector náutico y reforzar la seguridad jurídica de las instalaciones portuarias.

Uno de los cambios más visibles introducidos durante la tramitación parlamentaria es el refuerzo explícito del papel económico y social de clubs náuticos, puertos deportivos y marinas privadas dentro de la exposición de motivos de la ley. El texto sostiene que estas instalaciones son "un elemento clave de la infraestructura náutica y turística de las islas" y destaca su papel en la generación de empleo, actividad económica y promoción deportiva.

La reforma subraya que Baleares cuenta con 24 clubs náuticos, unos 12.000 socios y más de 8.500 amarres gestionados por estas entidades. Además, incorpora por primera vez referencias detalladas al peso de las marinas privadas, que gestionan más de 6.600 amarres adicionales. Según el dictamen, el conjunto del sector náutico-portuario genera una actividad equivalente al 1,9% del PIB balear y aporta más de 58 millones de euros anuales a las administraciones públicas portuarias.

Más usos comerciales y de restauración en puertos

Uno de los apartados con más impacto urbanístico y económico es la modificación del artículo 57 sobre usos permitidos en las zonas portuarias. La nueva redacción autoriza actividades comerciales, culturales, deportivas, recreativas y de restauración complementarias de la actividad marítima y portuaria. En la práctica, la reforma consolida el modelo de puerto deportivo como espacio mixto donde conviven amarres, restauración, ocio, comercios y actividad turística.

El texto fija límites concretos para los usos comerciales y de restauración. La superficie destinada a estas actividades deberá ser inferior al 16% de la lámina de agua del puerto, inferior al 10% de la superficie terrestre y no podrá superar los 20 metros cuadrados por amarre. La reforma también mantiene la posibilidad de autorizar publicidad dentro de las instalaciones portuarias, siempre que esté prevista en los correspondientes planes directores.

La ley incorpora nuevos artículos que no figuraban en la propuesta inicial registrada por PP y Vox. Entre ellos destaca el reconocimiento de los campos de boyas y fondeos ordenados como "infraestructuras portuarias esenciales". También se declara como "servicio esencial" la red de rampas públicas para embarcaciones y sus aparcamientos asociados, con el objetivo de garantizar "el acceso universal al mar". Además, las marinas secas y naves de invernaje interior pasarán a considerarse una "extensión operativa" de la capacidad de amarre del sistema portuario balear.

Cambios en concursos y adjudicaciones

La reforma mantiene ventajas específicas para clubs náuticos y entidades deportivas sin ánimo de lucro en determinados procedimientos concesionales. En algunos casos no será obligatorio convocar concurso público y podrá tramitarse un sistema de competencia de proyectos. La ley también establece que los planes de uso portuario deberán reservar zonas de gestión para entidades náutico-deportivas sin ánimo de lucro siempre que la naturaleza del puerto lo permita.

Otro de los cambios relevantes afecta al control de los amarres. La norma obliga a los puertos en concesión a disponer de un registro electrónico actualizado de usuarios accesible para Ports de les Illes Balears. Además, la reforma regula nuevos procedimientos para retirar embarcaciones abandonadas tanto en instalaciones de gestión indirecta como en puertos gestionados directamente por Ports IB. La ley permitirá declarar abandonadas embarcaciones, vehículos u objetos tras seis meses de inactividad o impagos y proceder posteriormente a su retirada, subasta o destrucción.

La reforma también modifica el régimen de tasas portuarias para limitar las revisiones de cánones concesionales. El texto fija incrementos máximos del 10 % anual en revisiones de tasas y establece límites acumulados del 40% cada 15 años. En el caso de entidades deportivas sin ánimo de lucro, estos topes serán todavía inferiores.

La modificación de la Ley de Puertos supone una de las reformas más amplias del sistema portuario autonómico en los últimos años. PP y Vox defienden que la norma moderniza la legislación balear, facilita inversiones y adapta el marco autonómico a la evolución del sector náutico. La reforma previsiblemente abrirá también un nuevo debate político y territorial sobre el crecimiento de la actividad comercial y turística dentro de los puertos autonómicos y sobre el equilibrio entre explotación económica, acceso social al mar y preservación del litoral balear.

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