Martínez reivindica ante el Parlament la reforma de la Ley de Capitalidad de Palma: "Se respetará la vivienda protegida"

La reforma de la Ley de Capitalidad de Palma ha echado a andar este martes en el Parlament con el apoyo de PP, Vox y PSIB, que han dado luz verde a su toma en consideración frente al voto en contra de Més per Mallorca y Podemos, integrado en el grupo mixto. El debate, sin embargo, ha dejado claro desde el primer momento que el texto inicia ahora una tramitación parlamentaria cargada de exigencias y advertencias cruzadas: mientras los populares defienden la necesidad de actualizar una norma de hace dos décadas para duplicar la aportación anual a Palma hasta los 60 millones de euros, Vox ha avisado de que no firmará "cheques en blanco" y el PSIB ha anunciado ya la presentación de enmiendas, entre ellas una para que el Consistorio palmesano pueda declararse zona tensionada. Enfrente, Més ha cuestionado el modelo de ciudad que plantea la reforma y ha expresado su desconfianza hacia el compromiso del Govern con la vivienda protegida.

Antes de entrar al pleno, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha defendido ante los medios la modificación de la ley como una "oportunidad histórica" para la ciudad. Martínez ha sostenido que la norma permitirá dar una respuesta "justa y necesaria" a la realidad de una Palma que ha cambiado profundamente en las dos últimas décadas y que soporta una presión creciente sobre sus servicios e infraestructuras. El alcalde también ha salido al paso de la polémica sobre la reserva de vivienda protegida incluida en el texto, que abre la puerta a que el Ayuntamiento proponga al Govern reducir o eliminar el porcentaje obligatorio de VPO. Después de que el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, anunciara ayer enmiendas para blindar un mínimo del 50% de vivienda protegida y de precio limitado, Martínez ha asegurado que "de eso se trata, de mejorar el texto" y ha defendido que la ley "dice claramente que se respeta y se protegen los estándares tanto estatales como autonómicos de vivienda protegida". También ha subrayado que será el Govern quien tenga "la última palabra" para decidir si dota al Ayuntamiento de más herramientas para afrontar la crisis habitacional.

Ya en la tribuna del Parlament, y acompañado por miembros de su equipo de gobierno, Martínez ha reivindicado la reforma como algo más que una modificación técnica. "Más que una simple modificación legislativa, nos encontramos ante una nueva ley de capitalidad de Palma", ha afirmado, antes de recordar que la ciudad roza ya el medio millón de habitantes y se ha convertido en la séptima ciudad más poblada de España tras crecer un 30% en veinte años. El alcalde ha insistido en que ejercer la capitalidad "exige liderazgo y una visión estratégica" y ha defendido que Palma soporta diariamente una población muy superior a la de sus residentes por el peso del puerto, el aeropuerto y la actividad económica y turística.

Martínez ha sostenido durante su intervención que la financiación prevista en la ley de 2006 ha quedado desfasada y ha cifrado en más de un 122% el esfuerzo presupuestario adicional que ha asumido la ciudad desde entonces para sostener los costes derivados de la capitalidad. "Palma necesita y merece un régimen de capitalidad justo", ha proclamado, antes de defender el incremento de la aportación anual de 30 a 60 millones de euros. También ha dedicado parte de su intervención a la vivienda y ha asegurado que la ley puede servir para impulsar "un régimen jurídico que genere seguridad y vivienda asequible", garantizando las reservas de vivienda protegida "que marca la ley". El alcalde ha pedido finalmente a los grupos actuar "con responsabilidad" y dejar a un lado las diferencias políticas porque, ha dicho, "cuando Palma prospera, lo hacen Mallorca y Baleares".

Advertencias de Més y condiciones de Vox

El diputado de Més per Mallorca, Ferran Rosa, ha justificado el voto en contra de su grupo acusando al PP de presentar una reforma sin respuestas para los problemas estructurales de la ciudad. Rosa ha reprochado al alcalde haber hecho un discurso "triunfalista" sobre Palma sin entrar en cuestiones como la falta de institutos, centros de salud, residencias o suelo para equipamientos públicos. "Les piden 30 millones de euros más, ¿para qué?", ha lanzado desde la tribuna, cuestionando si el dinero servirá para vivienda social o para seguir alimentando la presión turística y la gentrificación en determinados barrios.

El ecosoberanista también ha centrado buena parte de su intervención en la vivienda protegida y ha dejado claro que no cree en el compromiso del Govern de rectificar el texto durante la tramitación parlamentaria. "Ayer el señor Sagreras tuvo que desautorizar al señor Martínez", ha afirmado, al tiempo que recordaba que el PP llevaba un año defendiendo más vivienda protegida y ahora presenta una ley que, según ha denunciado, abre la puerta a exonerar a promotores de esa obligación. "Yo no creo en los milagros y en ustedes todavía menos", ha rematado Rosa, que sostiene que la reforma de la Ley "no resuelve los problemas del presente ni del futuro" de Palma.

Desde Vox, Sergio Rodríguez ha dejado claro que el apoyo de su grupo no será un aval sin condiciones. Rodríguez ha coincidido en la necesidad de actualizar la ley y ha reclamado "pensar a lo grande" para una ciudad que ya es la séptima de España. "No se puede gobernar Palma como un pueblo pintoresco de la Serra", ha afirmado, reivindicando grandes proyectos urbanos y una visión ambiciosa para recuperar el papel de Palma como referente cultural del Mediterráneo.

Pese al voto favorable, Vox ha enumerado varias cuestiones que quiere modificar durante la tramitación. Rodríguez ha mostrado sus dudas sobre posibles duplicidades administrativas, ha rechazado el refuerzo de servicios vinculados a políticas de género y ha reclamado cambios urbanísticos para afrontar la crisis de vivienda. "Hay que empezar a crecer en altura", ha sostenido, lamentando que el skyline de Palma "parece una dentadura mellada" por la diferencia de alturas entre edificios. También apuesta por construir aparcamientos en altura y flexibilizar cambios de uso de locales y oficinas para facilitar el acceso a la vivienda. "No firmamos cheques en blanco", ha insistido el diputado de Vox.

El líder socialista en Palma y portavoz en el Parlament, Iago Negueruela, ha defendido el apoyo del PSIB argumentando que la reforma abre una oportunidad para mejorar la financiación y hacer una administración "más ágil y autónoma", pero sobre todo para mejorar la vida de los ciudadanos. Negueruela ha sostenido que la discusión no debe centrarse en debates identitarios ni en el nombre de la ciudad, sino en servicios públicos, vivienda, transporte o limpieza. "No es la ley que necesita Palma, sino una ley para mejorar Palma", ha resumido.

El socialista ha anunciado además que su grupo presentará enmiendas y ha situado entre las prioridades permitir que el Ayuntamiento pueda declararse zona tensionada en materia de vivienda. "No le digo que declaremos zona tensionada, sino que Cort tenga autonomía para poder declararse", ha señalado.

Por parte del PP, Mauricio Rovira ha defendido la reforma como "un acto de justicia" para Palma y ha reivindicado que ya la ley aprobada en 2006 nació para compensar los costes añadidos de la capitalidad. Rovira ha sostenido que la ciudad actual ya no se parece a la de hace veinte años y ha defendido que la propuesta planteada por el Govern y el Ayuntamiento es "la más ambiciosa y muy necesaria". El diputado popular ha tendido además la mano a los grupos para negociar durante el trámite de enmiendas y ha asegurado que Palma y sus ciudadanos "merecen este cambio".

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