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El Govern aprueba la jornada laboral de 35 horas para funcionarios, una subida salarial del 1,5% y más flexibilidad en las vacaciones

El acuerdo afecta también al conjunto de entes integrantes del sector público autonómico

Los trabajadores públicos podrán disfrutar de sus días de descanso fuera del periodo ordinario y acceder antes a los días adicionales por antigüedad

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Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El Govern balear ha aprobado este viernes uno de los mayores paquetes de medidas laborales para la función pública autonómica de los últimos años. El portavoz del Ejecutivo y vicepresidente, Antoni Costa, ha anunciado tras la reunión del Consell de Govern la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, una subida salarial del 1,5% para 2026 y una reforma del régimen de vacaciones y horarios que introduce nuevas medidas de flexibilidad para el personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma y del conjunto de entes integrantes del sector público autonómico.

Las medidas han sido pactadas con las organizaciones sindicales en el marco de la Mesa Sectorial de Servicios Generales celebrada el pasado 30 de abril y forman parte del despliegue del pacto de legislatura firmado en febrero de 2025 entre el Govern y los representantes sindicales de la función pública. Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que el objetivo de este paquete es mejorar las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos, facilitar la organización del tiempo de trabajo y reforzar la estabilidad de la administración autonómica en un contexto marcado por las dificultades de cobertura de determinadas plazas y el incremento de la presión sobre los servicios públicos.

La jornada laboral de 35 horas entrará en vigor el 1 de junio de 2026

Una de las principales medidas aprobadas por el Consell de Govern es la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para el personal funcionario de la Administración autonómica y del resto de organismos y entes del sector público instrumental. La medida ha sido aprobada por unanimidad entre la Administración y las organizaciones sindicales y tendrá efectos a partir del 1 de junio de 2026. La nueva jornada quedará fijada en 35 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual, con un sistema de distribución flexible que, de manera general, se desarrollará de lunes a viernes.

Uno de los aspectos más destacados del acuerdo será precisamente la ampliación de las franjas de flexibilidad horaria. Los empleados públicos podrán adaptar sus horarios de entrada y salida dentro de unos márgenes más amplios, con entradas entre las 7.00 y las 9.00 horas y salidas entre las 14.00 y las 16.30 horas, siempre respetando el cómputo de horas establecido. El acuerdo también incorpora medidas destinadas a facilitar la conciliación y la organización del tiempo de trabajo. Entre ellas figura una pausa diaria retribuida de treinta minutos, así como el reconocimiento como tiempo efectivo de trabajo de la formación realizada dentro del horario laboral.

Asimismo, el Govern prevé adaptaciones específicas para aquellos colectivos que cuentan con horarios especiales o con necesidades organizativas particulares en función de los servicios que prestan. La recuperación de la jornada de 35 horas supone además un cambio significativo respecto a las medidas de ajuste aplicadas tras la crisis económica, cuando muchas administraciones ampliaron la jornada de sus trabajadores públicos hasta las 37,5 horas semanales. En los últimos años, distintas comunidades autónomas han ido recuperando progresivamente este modelo mediante acuerdos con los sindicatos.

Subida salarial del 1,5% con efectos retroactivos desde enero

El Consell de Govern también ha aprobado un incremento retributivo del 1,5% para el personal al servicio de la Administración autonómica y del resto de entes integrantes del sector público autonómico. La medida permitirá aplicar la subida salarial prevista para el ejercicio de 2026 y tendrá efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. El incremento se aplicará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025. El Govern prevé abonar tanto la subida salarial como los correspondientes atrasos de manera preferente en la nómina del mes de mayo.

Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que esta decisión busca garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos y reforzar la estabilidad de las condiciones laborales dentro de la administración pública balear. La medida beneficiará al conjunto del personal de la Administración autonómica y de los entes del sector público instrumental y se suma a otras actuaciones retributivas impulsadas durante el último año por el Govern.

Entre ellas figura la subida salarial del 2,5% correspondiente a 2025, la recuperación y mejora del complemento de insularidad y el pago de los atrasos derivados del retorno de las cantidades que habían permanecido congeladas durante la anterior legislatura. El Ejecutivo autonómico enmarca este nuevo incremento salarial dentro de la estrategia de fortalecimiento de la función pública balear en un momento especialmente sensible para determinados servicios públicos, marcados por las dificultades de captación y retención de profesionales, especialmente en ámbitos como la sanidad y la educación.

Más flexibilidad en las vacaciones y en la organización del tiempo de trabajo

El paquete de medidas aprobado este viernes también incluye una reforma del régimen de vacaciones del personal funcionario de la Administración autonómica. El acuerdo, igualmente pactado con los sindicatos y aprobado por unanimidad, introduce nuevas fórmulas de flexibilidad en la organización de las vacaciones y del tiempo de trabajo y tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2026.

Entre las principales novedades destaca que los días adicionales de vacaciones vinculados a la antigüedad podrán disfrutarse a partir del año siguiente de haber cumplido el correspondiente periodo de servicio. Según el Govern, este cambio facilitará la aplicación práctica de este derecho y permitirá mejorar la planificación interna de los periodos vacacionales.

Además, los funcionarios podrán disfrutar de vacaciones fuera del periodo ordinario durante cualquier momento del año, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. Los periodos mínimos deberán ser de cinco días hábiles consecutivos. Desde el Ejecutivo autonómico sostienen que esta medida pretende adaptar mejor la organización del tiempo de trabajo tanto a las necesidades de los trabajadores públicos como al funcionamiento de los servicios públicos.

El Govern ha subrayado que todas estas medidas forman parte del desarrollo del pacto de legislatura firmado en febrero de 2025 con las organizaciones sindicales y representan uno de los principales acuerdos laborales alcanzados hasta ahora dentro de la función pública autonómica. El portavoz del Ejecutivo ha defendido que el conjunto de iniciativas aprobadas este viernes refleja el compromiso del Govern con la mejora de las condiciones laborales y económicas de los empleados públicos y con el fortalecimiento de la administración autonómica.

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