Fernández sale en defensa del tercer sector de Baleares tras las críticas de Vox: "Debemos sentirnos orgullosos"

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha salido este martes en defensa del tercer sector social de Baleares tras las críticas lanzadas por Vox contra las entidades que gestionan programas y ayudas públicas. La dirigente del Govern ha reivindicado el papel de las organizaciones sociales de las islas y ha asegurado que Baleares cuenta con uno de los entramados asociativos "más potentes y pioneros" de España.

Las declaraciones de Fernández llegan después de que la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, reclamara mecanismos de "control y auditoría" sobre las subvenciones dirigidas al tercer sector y exigiera conocer qué entidades participarán en el reparto de parte de las ayudas incluidas en el paquete de emergencia social anunciado por el Govern. Vox había cuestionado además que determinadas organizaciones sociales reciban financiación pública para desarrollar programas vinculados a colectivos vulnerables e inmigración.

En respuesta a estas críticas, Fernández ha reivindicado la colaboración histórica entre la administración autonómica y las entidades sociales. "Desde que he tenido responsabilidades en el ámbito de servicios sociales he trabajado conjuntamente con entidades del tercer sector social", ha afirmado la consellera, quien ha insistido en que esta cooperación permite llegar "mucho mejor" a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La consellera ha defendido que el tercer sector desempeña una función esencial en ámbitos donde la administración pública, por sí sola, no siempre puede intervenir con la misma capilaridad o rapidez. En este sentido, ha subrayado que muchas de las entidades sociales que operan en Baleares llevan décadas trabajando sobre el terreno en atención a personas mayores, discapacidad, pobreza, exclusión social, dependencia, infancia o emergencia habitacional.

"Siempre he defendido y alabado el trabajo que hemos podido hacer conjuntamente porque creo que así podemos llegar mucho mejor para resolver la problemática social que podemos tener en nuestras comunidades autónomas", ha señalado Fernández.

Aunque ha reconocido que "puede haber entidades que lo hagan mejor o peor", la responsable autonómica ha asegurado que el balance general del tercer sector balear es ampliamente positivo. Fernández ha destacado especialmente el nivel de profesionalización y experiencia de muchas organizaciones sociales de las islas, así como su capacidad de innovación en programas de atención social. "Yo creo que el tercer sector social que tenemos aquí en Baleares es para sentirnos muy orgullosos", ha afirmado la consellera.

Fernández también ha comparado la realidad balear con la de otras comunidades autónomas, asegurando que su experiencia le permite afirmar que Baleares dispone de algunas de las entidades sociales "más potentes" del país. "He tenido la oportunidad de conocer otras realidades en el resto de España y creo que tenemos uno de los sectores sociales y de las entidades sociales más fuertes, más pioneros y que mejor trabajan", ha insistido.

La polémica se produce en el contexto de la presentación del nuevo paquete de medidas sociales impulsado por el Govern para reforzar ayudas y agilizar prestaciones destinadas a familias y colectivos vulnerables. Entre las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo autonómico figuran la ampliación de ayudas de conciliación, el incremento de partidas para comedor escolar y libros de texto, nuevas líneas de apoyo para personas mayores en riesgo de exclusión, el refuerzo de plazas para discapacidad y medidas para acelerar la tramitación administrativa de prestaciones sociales.

Precisamente algunas de estas actuaciones habían sido valoradas positivamente por Vox, aunque la formación de Santiago Abascal reclamó que las ayudas incorporen "criterios de arraigo" y "prioridad para quienes llevan años cotizando y contribuyendo". Además, Cañadas criticó el papel de algunas organizaciones sociales y sindicatos en la emisión de certificados de vulnerabilidad y cuestionó el destino de determinadas subvenciones públicas.

Frente a ese discurso, el Govern ha optado por cerrar filas con las entidades sociales. La defensa realizada por Fernández supone, además, una reivindicación política del modelo de colaboración público-social que históricamente ha tenido un peso importante en la gestión de servicios sociales en Baleares, especialmente en ámbitos como la atención a la exclusión residencial, la inmigración, la discapacidad o la dependencia.

Medidas concretas

El nuevo paquete de medidas sociales anunciado por el Govern pone el foco especialmente en las familias con menores y en los colectivos más vulnerables. Entre las actuaciones más destacadas figura el aumento de las ayudas de comedor escolar, que recibirán un millón de euros adicional hasta alcanzar los 11 millones de presupuesto. El Ejecutivo autonómico también habilitará otro millón de euros para nuevas ayudas de hasta 1.000 euros destinadas a gastos de conciliación familiar, como escuelas matinales, comedores escolares, actividades de tarde o escuelas de verano.

A ello se suma un incremento de 1,35 millones para ayudas de libros y material escolar, elevando la dotación total hasta los 4,5 millones, además de una subida extraordinaria del 15 % del complemento de las Pensiones No Contributivas, la Renta Social Garantizada y la renta de emancipación hasta finales de 2026, con una inversión de 1,65 millones. La presidenta del Govern, Marga Prohens, defendió que se trata de "medidas concretas y cuantificadas destinadas a las familias y a los colectivos más vulnerables".

El segundo gran bloque del plan se centra en reforzar los servicios sociales, la atención alimentaria y los recursos residenciales. El Govern destinará 3 millones de euros adicionales a los servicios sociales municipales, considerados la primera puerta de acceso para las personas en situación de vulnerabilidad, mientras que otros 2,35 millones se dirigirán al tercer sector social para compensar sobrecostes y ampliar programas asistenciales. Entre las partidas previstas destaca un millón de euros para cubrir el incremento de costes en transporte y alimentación de personas con discapacidad, dependencia o trastorno mental grave, además de nuevas ayudas para entidades que trabajan con pacientes de Alzheimer, enfermedades raras o patologías oncológicas. El paquete también contempla 500.000 euros más para duplicar los fondos destinados a entidades de reparto de alimentos y comedores sociales, así como una inversión de 1,5 millones para ampliar plazas y programas de vivienda dirigidos a personas vulnerables, víctimas de violencia machista, personas sin hogar y jóvenes en procesos de emancipación.

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