Cerca de 6.500 personas solicitan la regularización en Baleares en las dos primeros semanas del proceso extraordinario
Paralelamente, la Oficina de Extranjería ha resuelto desde el pasado 15 de abril el 21% de los cerca de 9.000 expedientes de arraigo que ya estaban en trámite antes de la puesta en marcha del proceso
Colas de inmigrantes en Palma para tramitar el proceso de regularización extraordinaria. / Bernardo Arzayus
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La Delegación del Gobierno de Baleares ha contabilizado un total de 6.485 expedientes presentados durante las dos primeras semanas de vigencia del proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en las islas. Según los datos facilitados por la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), del total de solicitudes registradas, 5.575 corresponden a expedientes de arraigo extraordinario, dirigidos a personas extranjeras en situación irregular que no han solicitado protección internacional y que están contemplados en la Disposición adicional 21 del Real Decreto 316/2026, que modifica el Reglamento de Extranjería.
Las otras 910 solicitudes pertenecen a personas solicitantes de protección internacional cuyos expedientes se encuentran incluidos en la Disposición adicional 20 del mismo Real Decreto. Esta medida extraordinaria afecta a peticiones anteriores al 1 de enero de 2026 que todavía no habían sido resueltas.
Paralelamente, la Oficina de Extranjería de Baleares ha resuelto desde el pasado 15 de abril el 21% de los cerca de 9.000 expedientes de arraigo que ya estaban en trámite antes de la puesta en marcha de este proceso extraordinario. Además, otro 31% de estos expedientes se encuentra actualmente en fase de tramitación gracias a un plan especial impulsado para agilizar los procedimientos. La previsión es que todos los expedientes pendientes queden resueltos antes del 15 de junio.
El secretario general de la Delegación del Gobierno, Rubén Castro, ha asegurado que "las cifras ponen de manifiesto que este proceso se desarrolla con completa normalidad y con rigor", y ha destacado el trabajo del personal de la Administración General del Estado, así como la colaboración de otras administraciones y entidades implicadas en el procedimiento. Asimismo, Castro ha señalado que "la respuesta que están dando los servicios públicos demuestra que es posible regularizar la situación de personas que ya llevan tiempo viviendo con nosotros, cuando no se instrumentalizan las instituciones públicas para torpedear procedimientos que son justos, legales y democráticos".
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