La reforma educativa de PP y Vox abre la puerta a consolidar como funcionarios de carrera a docentes que no tengan el requisito de catalán en Baleares

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha defendido la reforma impulsada por el Govern para eximir del requisito de catalán en determinadas plazas docentes de "muy difícil cobertura", asegurando que la medida busca garantizar que los alumnos de Baleares no se queden sin profesores en asignaturas esenciales. El dirigente popular ha insistido en que los docentes que accedan a estas plazas sin acreditar inicialmente el conocimiento de catalán no podrán consolidar una plaza definitiva hasta demostrar posteriormente esa competencia lingüística.

Sin embargo, esta interpretación del PP choca con la literalidad de la enmienda aprobada. El artículo 85.1 de la Ley de Educación de Baleares establece que el acceso a la función pública docente como funcionario de carrera se regirá por la legislación básica del Estado, por la propia ley autonómica y por el desarrollo normativo que impulse la administración educativa. La modificación aprobada ahora afecta al artículo 85.2, que pasa a señalar que "deberá acreditarse el conocimiento de la lengua catalana en los términos que se establezcan reglamentariamente", aunque añade una excepción: "Se exceptúa esta exigencia en las especialidades docentes que, al efecto, defina el Consejo de Gobierno como de muy difícil cobertura, mediante acuerdo". Es decir, el redactado no incorpora limitaciones temporales, no menciona que los docentes afectados deban acreditar posteriormente el catalán y tampoco especifica que no puedan consolidar una plaza definitiva mientras no obtengan esa competencia lingüística.

Precisamente ahí se sitúa el choque entre PP y Més per Mallorca. Mientras los populares sostienen que será el Consell de Govern quien desarrolle posteriormente la medida y establezca que estos profesores deberán seguir pasando cada verano por procesos de adjudicación hasta acreditar el idioma, los ecosoberanistas consideran que la ley aprobada abre directamente la puerta a consolidar funcionarios de carrera sin catalán. El debate jurídico reside en que la limitación defendida ahora por el PP no figura expresamente en el redactado aprobado, lo que podría generar futuras controversias legales sobre el alcance real de la excepción lingüística.

Según ha explicado el portavoz popular, el objetivo de la modificación aprobada es cubrir plazas docentes que actualmente quedan vacantes, especialmente en materias donde existe una falta estructural de profesionales. Sagreras ha puesto como ejemplo asignaturas como Matemáticas o Historia y ha advertido de que la prioridad del Ejecutivo autonómico es garantizar que los estudiantes tengan continuidad educativa durante el curso. "Se trata de poder cubrir aquellas plazas de profesores de difícil cobertura que en estos momentos no están cubiertas", ha afirmado.

El dirigente popular ha asegurado que será el Consell de Govern quien delimite qué plazas concretas podrán quedar exentas temporalmente del requisito lingüístico. Según ha precisado, no se tratará de una excepción generalizada, sino limitada únicamente a plazas de "muy difícil cobertura" y, además, de carácter recurrente, es decir, vacantes que queden desiertas curso tras curso.

Sagreras ha querido subrayar en varias ocasiones que estos docentes "no serán funcionarios de carrera con plaza definitiva". Según ha explicado, aunque puedan ocupar temporalmente esas vacantes, deberán volver a participar cada verano en los procesos de adjudicación mientras no acrediten oficialmente el nivel de catalán exigido. "Cada verano estos profesores tendrán que acudir otra vez al proceso de adjudicación", ha insistido, remarcando que únicamente podrán optar a esas plazas específicas catalogadas como de muy difícil cobertura.

El portavoz popular ha asegurado además que el desarrollo concreto de esta medida se realizará posteriormente mediante acuerdos del Consell de Govern. En este sentido, ha respondido directamente a las críticas de Més per Mallorca, que sostiene que la enmienda aprobada no incluye explícitamente ninguna limitación para impedir la consolidación automática de plazas. Según Sagreras, esa regulación se concretará posteriormente a través del desarrollo normativo del Ejecutivo autonómico.

Durante la comparecencia, el portavoz del PP también ha intentado aclarar cómo se aplicará la excepción en la práctica. Como ejemplo, ha señalado que no afectará de forma genérica a todas las plazas de una isla o territorio concreto, sino únicamente a vacantes muy específicas que llevan años resultando imposibles de cubrir. "No sería toda la isla de Formentera", ha indicado, sino plazas concretas de determinados centros educativos donde, de forma reiterada, no se consigue cubrir una especialidad determinada, como podría ser Matemáticas.

Preguntado directamente por la aparente contradicción entre el texto aprobado y las explicaciones ofrecidas por el Govern, Sagreras ha insistido en que el Consell de Govern será quien articule jurídicamente el sistema. "El Consell de Govern decidirá qué plazas no exigirán la acreditación del nivel de catalán", ha reiterado, defendiendo que el objetivo sigue siendo temporal y excepcional.

El portavoz del PP ha reiterado finalmente que la medida no pretende eliminar el requisito lingüístico en la enseñanza pública balear, sino introducir mecanismos excepcionales para hacer frente a la falta de docentes en determinadas especialidades. Según ha recalcado, los profesores afectados únicamente podrán mantenerse en esas plazas concretas mientras no acrediten el nivel de catalán y deberán seguir presentándose cada año a los procedimientos de adjudicación.

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