El Govern ultima un paquete de ayudas sociales por la guerra de Irán

El Govern aprobará "en los próximos días" un nuevo paquete de medidas sociales destinado a amortiguar el impacto económico y social derivado del conflicto bélico en Irán, una batería de actuaciones que incluirá ayudas dirigidas especialmente a familias vulnerables, refuerzo de prestaciones y nuevas herramientas administrativas para agilizar la atención social.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha trasladado las líneas maestras de este plan a los representantes de los grupos parlamentarios durante una reunión mantenida en el Parlament. El encuentro forma parte de la ronda de contactos impulsada por el Ejecutivo autonómico en los últimos días con consells insulares, ayuntamientos y entidades del tercer sector para definir el alcance de las medidas.

Según explicó posteriormente la conselleria en un comunicado, el objetivo es articular una respuesta coordinada para atender el incremento de necesidades sociales que pueda derivarse de la inestabilidad internacional y del encarecimiento de determinados productos y servicios básicos. Fernández defendió la necesidad de mantener una interlocución permanente con instituciones y entidades sociales para diseñar medidas "útiles, eficaces y adaptadas a las necesidades reales" de la ciudadanía.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, señala que las medidas estarán enfocadas principalmente en las familias y, especialmente, en aquellas que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad económica. Entre las iniciativas que el Govern prevé incorporar figuran un plan de choque para agilizar la tramitación de prestaciones sociales, la creación de una ventanilla única para simplificar trámites administrativos, el refuerzo de la red de emancipación y la ampliación de ayudas vinculadas al bono social térmico.

Además, el Ejecutivo también prevé aumentar partidas destinadas a ayudas para libros de texto y comedor escolar, impulsar un programa piloto de vivienda para personas mayores en situación de exclusión residencial y ampliar plazas para personas con discapacidad.

Vox

Por otro lado, la portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, reclama al Govern "criterios de acceso que prioricen a los de aquí" y mecanismos de "control y auditoría" sobre las ayudas sociales y subvenciones destinadas al tercer sector, después de que la Conselleria de Asuntos Sociales presentara un paquete de medidas de emergencia social.

En declaraciones a los medios, Cañadas ha explicado que una de las primeras peticiones trasladadas por Vox a la consellera ha sido precisamente el listado completo de organizaciones que gestionarán las ayudas. Según ha señalado, el borrador presentado por el Govern habla de personas en situación de vulnerabilidad, familias y colectivos en exclusión social, pero "no dice nada de los criterios de residencia, sobre el tiempo de arraigo o sobre la prioridad para quienes llevan años cotizando y contribuyendo para acceder directamente a estas ayudas".

La dirigente de Vox ha diferenciado entre las ayudas directas a las familias y las subvenciones destinadas al tercer sector. En este sentido, ha afirmado que formaciones como la suya ven positivamente que determinadas prestaciones como la renta social garantizada, el bono social eléctrico, las ayudas de conciliación familiar, los programas de libros de texto, material didáctico o comedor escolar lleguen "directamente a los ciudadanos". Sin embargo, ha mostrado su rechazo a que parte de los fondos públicos se canalicen a través de organizaciones sociales.

"Las familias de Baleares necesitan dinero en el bolsillo sin intermediarios", ha asegurado Cañadas, quien también ha reclamado una auditoría de aquellas entidades que ya hayan gestionado financiación pública en años anteriores. La portavoz de Vox ha cuestionado que el Govern financie programas gestionados por organizaciones que, según ha denunciado, "se dedican exclusivamente a atender a inmigrantes ilegales dejando de lado a los ciudadanos de las islas".

Preguntada sobre si estas exigencias condicionarán el apoyo de Vox al resultado final del decreto, Cañadas ha recordado que las medidas presentadas por el Govern "no se votan" porque forman parte de una decisión directa del Ejecutivo autonómico. Aun así, ha advertido de que Vox criticará cualquier iniciativa con la que no esté de acuerdo o cualquier entidad que considere inadecuada para gestionar fondos públicos.