Educación recela de los plazos de la reforma estatal para evitar casos como el del profesor Miquel Roldán
Antoni Vera critica que la "ingeniería legislativa" del Gobierno central retrasará una solución urgente que Baleares reclama desde hace más de un año

Antoni Vera, este miércoles en Son Ferriol. / CAIB

La reciente aprobación en primera vuelta por parte del Gobierno central de la reforma de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia (LOPIVI), que busca -entre otras cuestiones- impedir que condenados por delitos contra menores ejerzan en centros educativos, ha generado una respuesta ambivalente desde el Govern balear. Si bien el objetivo de fondo es compartido, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha manifestado este miércoles su preocupación por los tiempos que implicará este trámite estatal, que ha calificado de "insuficiente" ante la "urgencia" que requiere la situación tras el impacto social del caso Roldán.
El conseller ha recordado que esta petición no es nueva y que se ha gestado tras un largo silencio administrativo. “Quiero ser muy claro, nosotros ya hemos pedido la modificación de un artículo en concreto de la ley estatal de la infancia. La ministra, que vino aquí, se comprometió. Recordemos que a la ministra le envié una carta hace más de un año, el 5 de febrero de 2025”, ha detallado Vera. Según el titular de Educación, la respuesta inicial del Ministerio de Educación, encabezado por Pilar Alegría, fue negativa, lo que agrava su frustración ante el reciente giro del Ejecutivo central.
"Ingeniería legislativa"
La crítica principal del Govern se centra en el método elegido por Madrid para introducir estos cambios. Vera sostiene que, al plantear una reforma sustancial y completa de la LOPIVI, el proceso se vuelve "excesivamente lento y complejo", alejándose de la inmediatez que los centros educativos baleares necesitan "para proteger a sus alumnos" frente a situaciones como la del docente Miquel Roldán.
“Ahora resulta que han propuesto una modificación sustancial de la ley y, entre ella, está lo que nos afecta. Pero si haces una modificación sustancial, el proceso no será tan rápido como queremos. Tendrá que entrar en el Congreso, constituirse una ponencia, una comisión, pasar por el Senado y volver al Congreso; es decir, el proceso es mucho más largo y habrá debate de todos los grupos parlamentarios”, ha explicado el conseller.
Para Vera, esta dinámica responde a una "ingeniería legislativa" que ignora la posibilidad de una solución "mucho más ágil y directa". El Govern había solicitado que se utilizara la fórmula de la lectura única para modificar exclusivamente el artículo necesario. “Nosotros le habíamos pedido la modificación solo de este artículo. La lectura única significa que no tienes por qué hacer ponencia ni comisión, sino que se puede hacer todo en el Pleno. Es mucho más rápido, ya que es un solo artículo, un tema con un consenso parlamentario generalizado”, ha argumentado.
El Govern había solicitado que se utilizara la fórmula de la lectura única para modificar exclusivamente el artículo necesario
El camino autonómico continúa
Ante este escenario, el conseller ha sido taxativo: el Govern no se detendrá a esperar los tiempos de Madrid. La intención es seguir adelante con el proceso parlamentario propio en el Parlament de les Illes Balears para modificar el proyecto de ley y enviarlo al Congreso de los Diputados, solicitando que sea tramitado con la mayor brevedad posible.
“Nosotros no podemos estar pendientes de la ingeniería legislativa de Pedro Sánchez. Necesitamos las soluciones ahora en nuestros centros escolares. Pero este paso no será ni en septiembre ni en octubre; nosotros continuaremos con nuestro proceso autonómico para intentar solucionarlo aquí”, ha concluido Vera.
Con esta decisión, el Ejecutivo balear busca blindar los centros educativos antes de lo que permitirían los plazos estatales, manteniendo el foco en una problemática que, a juicio del conseller, no admite más dilaciones burocráticas.
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