Baleares y otras CCAA plantean desde el Senado paralizar la demolición de edificios afectados por la Ley de Costas

El PP y varias comunidades autónomas gobernadas por los 'populares', entre ellas Baleares, han defendido este miércoles desde el Senado una iniciativa que, entre otras cosas, plantea una moratoria para todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre, suspendiendo "cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición".

Así consta en uno de los puntos de la iniciativa que ha presentado el PP este miércoles en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con la que buscan elevar al Pleno la suspensión de la demolición de los edificios afectados por la Ley de Costas.

En la defensa de este punto estarán presentes también los consejeros de Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, que han acudido a la Comisión de CCAA citados por el PP para hablar sobre la Ley de Costas.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha explicado que se plantea una moratoria para el derrumbe de todas las edificaciones afectadas por la Ley de Costas, "que puedan implicar cualquier tipo de limitación o pérdida de los derechos de propiedad privada o concesionales de los ciudadanos que se encuentren afectados por los procedimientos antes citados".

La iniciativa de los 'populares' consta de diez medidas y, entre otras cosas, reclama "una revisión ordenada, seria y consensuada" de la Ley de Costas y de toda la normativa del litoral, así como solicita "la convocatoria de manera urgente" de la Conferencia Sectorial.

Cabe recordar que el PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacar esta iniciativa adelante en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero se elevará al Pleno para su convalidación definitiva.

Intervención del conseller Lafuente

Durante su intervención, el conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha puesto el foco en las limitaciones del actual modelo estatal y ha defendido la necesidad de reforzar la capacidad de decisión de las comunidades autónomas.

En esta línea, ha recordado que el traspaso de competencias en materia de costas, formalizado en 2023, fue un traspaso incompleto, infradotado, lo que limita la capacidad de la comunidad autónoma para gestionar eficazmente su litoral.

Lafuente ha puesto como ejemplo el canon del dominio público marítimo-terrestre y ha explicado que Baleares asume la gestión, inspección y tramitación, pero los ingresos -en torno a 12 millones de euros anuales- continúan en manos del Estado y no revierten en las islas. "Baleares gestiona, inspecciona y tramita, pero el dinero no se queda aquí", ha afirmado.

En este contexto, Lafuente ha denunciado la falta de coordinación institucional y ha señalado que no se ha podido convocar la Comisión Bilateral y que en tres años tampoco se ha celebrado ninguna Conferencia Sectorial en materia de costas, lo que dificulta avanzar en soluciones conjuntas y en una verdadera cogobernanza.

Tal y como recoge la moción debatida en el Senado, Lafuente ha defendido que resulta necesario reforzar los mecanismos de cooperación y garantizar una participación efectiva de las comunidades autónomas en la toma de decisiones .

Asimismo, el conseller ha advertido que el Estado ha incrementado de forma notable los cánones del dominio público marítimo-terrestre, llegando a duplicar e incluso triplicar los importes que deben abonar los interesados, sin que ese aumento tenga una repercusión directa en Baleares.

En este sentido, ha reclamado que estos recursos reviertan en el territorio para mejorar la gestión del litoral, reforzar la inversión y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. El conseller también ha cargado contra la falta de claridad del Ministerio en proyectos como los campos de boyas ecológicas y ha exigido que concrete su propuesta.

Lafuente ha denunciado los continuos cambios de criterio y la ausencia de información sobre aspectos clave como los plazos, la financiación y el reparto de competencias, una situación que, a su juicio, "genera inseguridad y bloquea la gestión".

Además, ha advertido de que este cambio de planteamiento hace inviable que los proyectos puedan estar operativos este verano.

Asimismo, ha advertido de que la dependencia del Estado en decisiones clave, como concesiones o deslindes, provoca retrasos administrativos, inseguridad jurídica y limita la capacidad de respuesta ante las necesidades del litoral balear.

Durante su intervención, Lafuente ha reivindicado la singularidad del litoral de las islas y ha defendido que la normativa estatal debe adaptarse a la realidad de cada territorio, tanto desde el punto de vista ambiental como económico y social.

El conseller ha reiterado que el Govern apuesta por una gestión equilibrada que combine la protección del medio natural con el mantenimiento de las actividades económicas y los usos tradicionales, y ha insistido en la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación entre administraciones desde una actitud constructiva.