Reforma de la Ley de Infancia: el Gobierno da el primer paso para poner fin a la laguna legal del ‘caso Roldán'

El Gobierno ha aprobado este martes en primera vuelta la ampliación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), una reforma que, como ha confirmado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, busca erradicar definitivamente situaciones como la vivida en Palma con el docente Miquel Roldán. El caso, que lleva tiempo generando alarma social, también recientemente tras la reincorporación del profesor, condenado por acoso a un menor, ha sido uno de los detonantes definitivos -como así lo ha reconocido la ministra- para que el Ejecutivo central modifique la normativa y blinde los centros educativos contra agresores.

Esta reforma, "que sitúa a España a la vanguardia internacional" -en palabras de Rego- busca transformar el sistema judicial y administrativo para garantizar el bienestar integral de los menores, superando las lagunas que, hasta ahora, permitían que personas con antecedentes de violencia infantil siguieran en contacto habitual con alumnos.

"Puede parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así, de hecho hemos tenido casos recientes que han generado alarma social, tanto en Palma como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto", ha detallado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Fin de los vacíos en los centros educativos

La reforma introduce un cambio importante en el artículo 57 de la ley para prohibir el desempeño de profesiones que impliquen contacto habitual con menores a cualquier persona condenada por delitos de violencia contra la infancia. De este modo, se cierra el vacío legal que permitía que condenados por acoso, como el profesor mallorquín, pudieran volver a ejercer en colegios o clubes deportivos tras cumplir penas que no incluían la inhabilitación especial. Con esta medida, el Gobierno responde a una demanda social exigida por las familias y asegura que los centros escolares sean, ante todo, "entornos seguros y libres de violencia". La ministra Rego ha subrayado que esta respuesta es necesaria para evitar que la administración quede "como una espectadora neutral ante agresores reincidentes".

Escucha obligatoria como garantía de derechos

Otro de los pilares de esta reforma es la redefinición del papel del menor en los procesos judiciales. Se elimina el límite de los doce años que hasta ahora actuaba como una barrera burocrática. A partir de ahora, la escucha obligatoria se establece como una garantía de derechos y no como una concesión supeditada a la madurez arbitraria del niño. Para asegurar que este proceso sea efectivo y seguro, el Gobierno estipula que la toma de declaración deberá realizarse siempre en entornos adaptados, mediante un lenguaje accesible y con la salvaguarda absoluta de que el menor no tenga contacto con su presunto agresor, evitando así cualquier forma de revictimización durante los procedimientos legales.

Destierro del falso síndrome de alienación parental

La nueva ley ataca frontalmente lo que el Ejecutivo ha calificado como una forma de violencia institucional: el falso síndrome de alienación parental (SAP). La norma prohíbe explícita y taxativamente el uso de esta teoría y de todas sus reformulaciones conceptuales en cualquier procedimiento judicial o administrativo. Al vetar esta herramienta, "carente de rigor científico y utilizada recurrentemente para desacreditar testimonios de menores y criminalizar a madres protectoras" -ha matizado Rego- España se convierte en el primer país en prohibir esta práctica por ley.

La nueva ley ataca frontalmente lo que el Ejecutivo ha calificado como una forma de violencia institucional: el falso síndrome de alienación parental (SAP)

Esta medida se complementa con la supresión de la capacidad de veto de los agresores, estableciendo que bastará el consentimiento de un solo progenitor para que el menor víctima de violencia pueda acceder a atención psicológica, social o jurídica, garantizando así su derecho a la reparación sin trabas.

La ampliación de la LOPIVI también establece que los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género serán considerados automáticamente como víctimas, agilizando el acceso a la red de protección sin necesidad de esperas o trámites complejos. La ministra Rego ha destacado que esta normativa "es el resultado de un análisis riguroso de la reciente macroencuesta sobre violencia infantil, cuyos datos revelaron cifras alarmantes sobre la incidencia de la violencia física, psicológica y sexual en nuestro país". Con este paso, el Estado asume la responsabilidad de que el interés superior del menor sea el criterio rector frente a cualquier automatismo judicial, consolidando un marco donde la infancia sea, finalmente, la prioridad absoluta y el "buen trato" la norma imperante.

Por su parte, el diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, ha reivindicado su papel en la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que impedirá que docentes como Miguel Roldán, condenado por acosar a un exalumno menor de edad, acceda a puestos que impliquen el contacto con niños.

El ecosoberanista, en un comunicado, ha subrayado que fue "gracias a su presión" que el ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego se reunión con FAPA Mallorca, que impulsó esta modificación.

Con ella, ha celebrado, se endurecerán las condiciones para ejercer como docente o profesional vinculado con menores a quienes hayan sido condenados por acoso u otros delitos.

"A partir de ahora la legislación española impedirá que un condenado por abusos a menores pueda trabajar en contacto con niños o adolescentes. Es de justicia que personajes como Miguel Roldán estén lejos de nuestros hijos", ha indicado.

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