El PP deja en el aire su apoyo a la enmienda de Vox para agilizar los proyectos para ampliar los grandes centros comerciales

El Partido Popular se distancia, por ahora, de la enmienda registrada por Vox en el Parlament para agilizar la tramitación de grandes superficies comerciales a través de entidades privadas. El portavoz popular, Sebastià Sagreras, ha asegurado que su grupo se encuentra todavía en fase de análisis de la propuesta y que no existe ningún acuerdo previo con su socio parlamentario.

La iniciativa de Vox, incorporada a la ley de aceleración de proyectos estratégicos, plantea que entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) puedan intervenir en la tramitación de estos proyectos, emitiendo certificaciones que sirvan de base para informes favorables municipales. El objetivo es reducir los tiempos administrativos y facilitar la puesta en marcha de iniciativas comerciales de gran escala. Sagreras ha insistido en que el debate parlamentario se encuentra aún en una etapa preliminar. "Estamos en fase de ponencia y estamos estudiando todas estas enmiendas", ha señalado, subrayando que el PP no ha fijado todavía una posición definitiva sobre la propuesta concreta de Vox.

El dirigente popular ha reconocido que el planteamiento de agilización administrativa encaja, en términos generales, con la línea política de su partido. "A falta de acabar de estudiarla, vemos bien el sentido de agilización administrativa que en todos los ámbitos hemos defendido desde siempre", ha afirmado. No obstante, ha introducido matices relevantes al advertir que esa simplificación de trámites debe ser compatible con el marco normativo vigente. En este sentido, ha apuntado que el PP analiza si la propuesta podría entrar en conflicto con el PECMA (el plan de equipamientos comerciales), uno de los instrumentos clave para ordenar el crecimiento del sector en Baleares.

Sin acuerdo con Vox y voto en contra en esta fase

Sagreras ha querido dejar claro que la enmienda no ha sido pactada entre ambos partidos y ha remarcado, marcando distancias con Vox en un asunto que ha generado inquietud en parte del sector comercial y entre técnicos de la administración. De hecho, ha avanzado que, en la fase actual de la tramitación parlamentaria, el PP no respaldaría la iniciativa. "En fase de ponencia aún votaríamos en contra, sin que eso signifique nada", ha explicado, en referencia al carácter provisional de las posiciones en este punto del proceso legislativo.

El portavoz popular ha recordado que el recorrido de la ley ómnibus continúa y que aún hay margen para modificar el contenido final. "Durante la comisión aún se pueden aprobar para que queden incorporadas al dictamen", ha señalado, dejando abierta la puerta a eventuales cambios o acuerdos en fases posteriores.

La enmienda de Vox llega en un contexto de controversia en torno al papel de las ECU y su impacto en el control administrativo, porque permitir que estas entidades privadas participen en la tramitación podría debilitar la supervisión pública, especialmente en proyectos de gran impacto territorial y comercial. Además, la propuesta se produce sin un debate específico sobre la legislación comercial, al introducirse en una ley ómnibus que agrupa medidas de distinta naturaleza. También se vincula a conflictos recientes en el sector, como el contencioso por la ampliación de un establecimiento comercial en Marratxí. Con todo, el PP mantiene por ahora una posición de cautela: comparte el objetivo de reducir trabas administrativas, pero condiciona su apoyo a que no se alteren los equilibrios regulatorios ni el modelo de ordenación comercial vigente en Baleares.

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