El Govern, sobre la exoneración de la evaluación de impacto ambiental para grandes comercios: "Apostamos cada vez más por la simplificación administrativa"

El conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, defiende en el Parlament que el Govern está "al lado del pequeño comercio y local" y rechaza que las enmiendas en tramitación supongan una desregulación del sector, mientras el PSOE acusa al Ejecutivo de facilitar la expansión de grandes superficies y de romper el consenso histórico en defensa del comercio de proximidad.

El conseller enmarca las medidas en una estrategia de apoyo al comercio de proximidad y recuerda el peso del sector en las islas. "Estamos cerca del comercio, hay 17.000 autónomos que ustedes siempre han ignorado", reprocha a la oposición. En todo caso, insiste en la idea central de su intervención: "Lo que no vamos a hacer es buscar atajos, poner controles; lo que vamos a hacer es apostar cada vez mas por la simplificacion administrativa".

Durante el debate parlamentario, el conseller sostiene que el Partido Popular está estudiando la enmienda con "rigor", "escuchando al sector" y evaluando "el alcance real de la propuesta". En este sentido, insiste en que el Govern tiene como prioridad la "simplificación y la agilización administrativa", pero subraya que este proceso "no tiene que suponer recortes ni sortear el PECMA". "No se va a abrir ninguna puerta a atajos", afirma, antes de recalcar que el objetivo es dotar al sector de "seguridad, reglas claras y un modelo equilibrado".

Sáenz de San Pedro defiende que el Ejecutivo mantiene una interlocución constante con el tejido comercial. "Tenemos reuniones periódicas, muy productivas y cercanas con todas las patronales", señala, y niega de forma tajante cualquier intento de desregulación. "No hay ningún tipo de desregulación, lo que estamos haciendo es corregir una incoherencia que ustedes dejaron en 2022", añade, en referencia a la etapa del anterior Govern. Según explica, el criterio que se aplica es el mismo que ya existía para la evaluación simplificada, "sin atajos con el PECMA".

El PSOE denuncia menos controles y beneficios a grandes cadenas

La réplica de la diputada socialista Mercedes Garrido eleva el tono del debate y sitúa el foco en el contenido de la enmienda impulsada por Vox. Según Garrido, la propuesta plantea "suprimir los controles urbanísticos en grandes establecimientos comerciales" mediante la sustitución de informes municipales por informes elaborados por empresas privadas pagadas por los propios promotores.

A su juicio, este cambio abre la puerta a una expansión sin precedentes de grandes superficies. "Permitirá ampliar grandes establecimientos comerciales, construir nuevos supermercados o nuevos centros comerciales", advierte, al tiempo que subraya el rechazo frontal de las principales patronales del sector, como Pimeco y Afedeco.

La diputada socialista cuestiona directamente las intenciones del Govern y plantea interrogantes sobre el impacto territorial de las medidas. "¿Permitirán nuevos hipermercados en los pueblos de Mallorca? ¿Permitirán la ampliación de Alcampo o de Festival Park?", pregunta, señalando que, con estas enmiendas, "ganan Aldi, Alcampo, Mercadona y Festival Park como mínimo".

Garrido también advierte de las consecuencias medioambientales y de movilidad. Según sostiene, la supresión de determinados trámites implicará que "no se evaluará en ningún momento la movilidad que estos grandes establecimientos puedan generar", lo que podría agravar problemas ya existentes en infraestructuras y ordenación del territorio.

En su intervención, la diputada socialista acusa directamente a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de romper por primera vez el consenso político y sectorial en torno a la protección del pequeño comercio. "Facilitan y ponen alfombra roja a todos los grandes establecimientos y supermercados que no son de aquí", afirma.

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