El Gobierno blinda los centros contra profesores condenados por acoso: Roldán, fuera ahora del aula y pendiente del detalle técnico de la norma

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una "histórica" ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), una reforma estructural que cambiará el paradigma de protección de menores en España. Aunque esta modificación legislativa responde a una necesidad estatal de corregir lagunas y no ha sido redactada específicamente para un caso concreto, su entrada en vigor proporcionará las herramientas necesarias para abordar situaciones de alarma social como la que ha protagonizado el docente Miquel Roldán en Mallorca. La reforma establece la obligatoriedad de escuchar a los menores en cualquier procedimiento que les afecte, prohíbe el uso de "pseudociencias" como el Síndrome de Alienación Parental y endurece los requisitos para acceder a profesiones con contacto habitual con niños.

La situación de impotencia de la administración educativa ha quedado patente estos últimos días en las declaraciones del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. El responsable autonómico reconoció ante los medios la imposibilidad de actuar en el conflicto por el que más de la mitad de los alumnos del colegio de Son Pisà no iban a clase en protesta por la reincorporación de Roldán. Vera fue tajante: "Si no está inhabilitado, nosotros no podemos hacer más".

El conseller explicó que la situación se había explicado a las familias afectadas: "Este docente no ha sido inhabilitado, se lo hemos comunicado". Además, defendió el desempeño del profesor en el centro durante el tiempo que duró su sustitución, señalando que "en estos momentos, el docente ha cumplido sus funciones laborales y educativas en el centro de Son Pisà". Para Vera, la polémica responde a "la situación social que viene de atrás", pero insistió en que "allí no hay ninguna situación, ni la Inspección educativa ha hecho ningún informe diciendo que esté incumpliendo".

Respecto a la futura aplicación de la reforma estatal, cuyo primer paso se ha dado este martes, desde la Conselleria se muestran cautos. Han señalado que se encuentran a la espera de conocer el detalle técnico de la ampliación de la LOPIVI para analizar cómo proceder legalmente, además de recordar que un anteproyecto de ley suele tardar meses en entrar en vigor, por lo que no es una solución inminente.

Educación ha señalado que se encuentra a la espera de conocer el detalle técnico de la ampliación de la LOPIVI para analizar cómo proceder legalmente

Suele tardar entre cuatro y seis meses en aplicarse en España. Este periodo abarca la tramitación parlamentaria (Congreso y Senado), sanción real y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si no se especifica otra fecha, entra en vigor a los 20 días de su publicación

Situación actual del docente

Cabe destacar que la situación profesional inmediata de Roldán ya no está vinculada al centro donde estalló la última polémica. Tras finalizar su plaza de sustitución en el CEIP Son Pisà el pasado 29 de abril, el docente ha dejado de ejercer, por el momento, en dicho colegio. Actualmente, Roldán no aparece en ninguna de las últimas adjudicaciones de plazas, lo que no significa que esté fuera del sistema de sustituciones activo. De hecho, esta situación de tránsito mantiene a la comunidad educativa en una tensa espera.

Cronología del caso

La trayectoria del caso Roldán comenzó en el curso 2016-2017, cuando el docente coincidió con un menor en un centro escolar, con el que años después, en 2020, entabló una relación de amistad que derivó en una denuncia por hostigamiento. En diciembre de 2021, un juez dictó una orden de alejamiento y, un año después, el docente protagonizó un episodio de desaparición simulada que generó gran alarma social.

Tras ser excluido de las listas de interinos en enero de 2023, la situación jurídica se agravó cuando, en noviembre de 2024, fue condenado a un año y medio de prisión y multa por acoso a un menor, aunque la sentencia no incluyó la inhabilitación profesional que reclamaba la comunidad autónoma, un vacío legal que ha permitido su reincorporación en sucesivas ocasiones.

Desde finales de 2024, el caso ha seguido un patrón recurrente de tensión en la comunidad educativa balear. Tras su readmisión, el docente pasó por diferentes centros como el CEIP Gabriel Janer Manila, el CEIP Maria Antònia Salvà en Son Sardina y, finalmente, el CEIP Son Pisà, generando en cada destino protestas y huelgas de familias que reclamaban la seguridad de sus hijos.

En todos estos casos, la dinámica ha sido un ciclo repetitivo donde el profesor se reincorpora a la bolsa de trabajo, su presencia provoca el rechazo de la comunidad escolar y, posteriormente, el docente presenta una baja médica o finaliza su sustitución, dejando la problemática en un estado de espera hasta el siguiente nombramiento, una dinámica que el Gobierno central ha decidido frenar definitivamente con esta reforma normativa.

Suscríbete para seguir leyendo