Educación ante la reforma de la Ley de Infancia: cautela con el 'caso Roldán' a la espera del detalle técnico y los plazos de aplicación

Cautela desde la Conselleria de Educación y Universidades. Tras el anuncio, este martes, de la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia (LOPIVI), el departamento liderado por Antoni Vera ha adoptado una postura de máxima cautela. Lejos de ver la medida como una solución inmediata, ha señalado que deben esperar para trazar la hoja de ruta que seguir ahora antes de plantearse cualquier cambio en su gestión del 'caso Roldán' o situaciones similares.

La prioridad actual de la Conselleria es el análisis pormenorizado del texto. Según han trasladado a este diario, el procedimiento a seguir es claro: antes de tomar cualquier decisión administrativa, deben conocer el detalle técnico de la reforma. "Esperamos a ver los detalles", han señalado, subrayando que es imperativo determinar las características de la norma.

Un proceso "no inminente"

Desde la Conselleria han querido rebajar las expectativas sobre una solución rápida o inminente al conflicto, advirtiendo sobre los tiempos de la burocracia estatal. Al tratarse de un anteproyecto de ley que debe iniciar su tramitación, el calendario previsto por los responsables educativos es largo: el proceso requiere pasar por el Congreso y el Senado, recibir la sanción real y, finalmente, ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para entrar en vigor (generalmente a los 20 días). "No será inminente", han insistido desde la administración autonómica.

Mientras este marco legislativo nacional termina de definirse, cabe recordar que la Conselleria subrayó hace dos semanas que su capacidad de intervención sigue estando estrictamente supeditada a la realidad judicial actual. Vera fue categórico sobre el límite que encuentran hoy en día todavía: "Si no está inhabilitado, nosotros no podemos hacer más".

En este sentido, la postura de la Conselleria ante la polémica generada en centros como el CEIP Son Pisà es de firmeza administrativa: defienden que el docente ha cumplido con sus funciones laborales y educativas bajo el criterio de la Inspección Educativa. "Este docente no ha sido inhabilitado, eso es lo que hemos explicado a las familias", reiteró Vera, diferenciando claramente la gestión técnica de la Inspección de la "situación social" que el caso arrastra.

Por tanto, hasta que la nueva ley no sea una realidad operativa y sus servicios jurídicos determinen cómo aplicarla, la administración seguirá supeditada a que no exista un informe de incumplimiento de funciones ni una inhabilitación judicial firme.

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