El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental

Los grandes establecimientos comerciales que superen los 400 metros cuadrados de superficie y que se quieran abrir en zonas no previstas por el planeamiento municipal no van a tener que presentar un informe de impacto ambiental, facilitando así su implantación, al menos en el caso de que prospere la enmienda presentada por el PP en el Parlament en relación con el decreto sobre medidas para acelerar los proyectos que se consideren estratégicos. Se da la coincidencia de que Vox tiene presentada otra enmienda destinada igualmente a agilizar la tramitación de los proyectos relacionados con los grandes comercios.

Hasta ahora, los grandes establecimientos comerciales (más de 400 metros cuadrados, lo que incluye también a muchos supermercados) que se querían abrir en lugares no previstos por el planeamiento municipal debían de contar con una evaluación de impacto ambiental ordinaria, que es la más compleja y conlleva una tramitación más larga. La otra alternativa es la evaluación simplificada, más sencilla.

Lo que la enmienda presentada por el Partido Popular pretende es suprimir esa exigencia, especificando que ese informe ordinario pasara a ser solo necesario en el caso de los comercios de más de 400 metros cuadrados que se instalen en suelo rústico.

Además, para los que pretendan estar en suelo urbano no previsto en el planeamiento, con la modificación ni siquiera se les pide la evaluación simplificada, evitando así cualquier trámite en relación con este tema y, consecuentemente, facilitando que el proyecto salga adelante.

Cambio de amplio efecto

La diputada del PSIB Mercedes Garrido pone de relieve que esta enmienda abre la vía a facilitar la apertura de grandes establecimientos en una gran parte de los municipios de las islas, ya que al tener su planeamiento sin actualizar, no contemplan zonas específicas en donde estas empresas se puedan instalar.

Además, señala que el hecho de limitar la exigencia de ese informe de impacto ambiental a los grandes comercios que pretendan situarse en suelo rústico no tiene en estos momentos demasiado sentido, dado que para abrir uno de esos establecimientos en la actualidad se reclama que el terreno tenga la condición de solar, y esta solo se consigue estando en suelo urbano, a lo que se suma que el plan director de equipamientos comerciales de Mallorca no permite esas implantaciones en rústico.

En definitiva, según Mercedes Garrido, lo que se pretende es que ningún nuevo gran comercio que se vaya a abrir en el archipiélago precise de una evaluación de impacto ambiental.

Desde el PP se alega que la enmienda busca armonizar la Ley de Evaluación Ambienta. "Se elimina la referencia a si estos equipamientos estaban o no previstos en el planeamiento urbanístico, un criterio que había generado dudas y dificultades de interpretación en la aplicación de la norma, ya que se daban situaciones en las que un equipamiento comercial no aparecía expresamente recogido en el planeamiento, pero sí tenía permitido el uso comercial, lo que provocaba incertidumbre sobre la necesidad de someterlo o no a evaluación ambiental. Con ello, la enmienda aporta claridad y corrige esta incoherencia en la ley y garantiza que la evaluación ambiental se centre en aquellos proyectos con mayor potencial de impacto ambiental que requieren especial atención para la protección del territorio y el medio ambiente".

Coincidencia con Vox

Hay que apuntar la coincidencia de que PP y Vox hayan presentado diferentes enmiendas que se están tramitando en estos momentos en el Parlament para facilitar el desarrollo de proyectos relacionados con los grandes establecimientos comerciales.

En el caso de Vox, su enmienda busca que las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) puedan ayudar a agilizar las tramitaciones. La vía pasa por reformar la disposición transitoria cuarta de la ley 11/2014 de comercio de Baleares para permitir que una ECU elabore un certificado de conformidad urbanística para que pueda «ser tomado en consideración como base suficiente para la emisión del informe» favorable del Ayuntamiento competente, aunque sin quitar a este la posibilidad de realizar las comprobaciones oportunas.

La enmienda de Vox ha sido muy cuestionada desde las patronales del comercio mallorquín Afedeco y Pimeco, alegando que solo favorece a las grandes empresas en detrimento de las tiendas tradicionales, que nunca se van a poder beneficiar de ella, al igual que desde formaciones de la oposición como el PSIB y Més.

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