Las enmiendas de PP y Vox para ayudar a las grandes superficies provocan una dura colisión con las patronales del comercio tradicional

Las patronales del comercio mallorquín Afedeco y Pimeco han expresado su "frontal rechazo" a las enmiendas presentadas por PP y Vox y actualmente e tramitación en el Parlament "por considerar que, bajo la apariencia de agilización administrativa, debilitan de forma directa el Plan de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECMA) y el sistema de garantías que ordena el desarrollo comercial en Baleares". Por ello estas organizaciones empresariales exigen "su revisión inmediata e insta a las instituciones a reforzar, y no a erosionar, las garantías jurídicas que protegen el equilibrio entre desarrollo económico, cohesión territorial y sostenibilidad del comercio local", advirtiendo que se puede generar un debilitamiento del sistema de ordenación comercial "que no podemos consentir".

Tal y como ha venido informando Diario de Mallorca, las enmiendas de ambos partidos buscan evitar la evaluación de impacto ambiental en aquellos nuevos comercios de más de 400 metros cuadrados no previstos en el planeamiento municipal, y permitir que las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU) puedan agilizar la tramitación de los proyectos vinculados a las grandes superficies.

Reducción de los controles

Afedeco adopta con notable dureza un posicionamiento totalmente contrario a las medidas planteadas por PP y Vox al considerar que "no estamos ante una mejora técnica del procedimiento, sino ante una reducción efectiva de los controles que sostienen el modelo territorial y comercial vigente. La evaluación ambiental no es un trámite accesorio, sino un instrumento esencial de verificación previa que permite asegurar la compatibilidad de los proyectos con el interés general. Su flexibilización o sustitución por mecanismos menos exigentes implica, en la práctica, abrir la puerta a implantaciones comerciales sin un contraste real de su impacto".

Para esta patronal "resulta especialmente grave que estas iniciativas incidan sobre un marco normativo como el PECMA, aprobado en 2019 y avalado tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares como por el Tribunal Supremo, lo que refuerza su plena vigencia y legitimidad. Debilitar sus efectos por la vía indirecta de vaciar los mecanismos de control supone desnaturalizar un instrumento que ha superado el control jurisdiccional".

Además, se recuerda que estas enmiendas se presentan en un momento en el que la mayoría de los municipios siguen sin haber adaptado su planeamiento urbanístico al citado plan de equipamientos comerciales de Mallorca, incumpliendo los plazos que se fijaron para ello, lo que implica que reducir en este marco los controles existentes, además de no solucionar el problema sino agravarlo, genera "un escenario de mayor discrecionalidad, inseguridad jurídica y potenciales desequilibrios territoriales".

Esta patronal "rechaza que se pretenda trasladar la carga de la ineficiencia administrativa al propio sistema de garantías. No es aceptable sustituir un modelo que no se ha aplicado correctamente por otro más laxo y menos transparente. La prioridad debe ser exigir el cumplimiento efectivo de la normativa vigente, no facilitar su elusión".

Finalmente, recuerda que las medidas impulsadas por PP y Vox "pueden derivar en situaciones irreversibles", ya que una vez autorizadas e implantadas las grandes superficies, "cualquier corrección posterior resulta extraordinariamente compleja".

A su vez, la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, ha reclamado la retirada de las enmiendas de PP y Vox. "Entendemos que la agilización no puede servir para rebajar controles ambientales, urbanísticos o de movilidad en favor de grandes establecimientos comerciales".

"No son proyectos estratégicos"

Para Pimeco, "una gran superficie, un hipermercado o un nuevo gran operador comercial no son proyectos estratégicos para la comunidad, y por tanto no deberían tratarse dentro de una ley pensada para proyectos estratégicos. Lo verdaderamente estratégico es proteger al pequeño comercio, mantener vivos los centros urbanos y evitar un modelo que concentre cada vez más actividad fuera del tejido comercial tradicional".

Carolina Domingo subraya que "nos preocupa especialmente que la enmienda del PP pueda dejar sin evaluación ambiental específica determinados proyectos comerciales urbanos de más de 400 metros cuadrados no previstos en el planeamiento. También nos preocupa que, con la enmienda de Vox, una ECU pueda acabar condicionando informes urbanísticos o de movilidad. Que una entidad colaboradora diga que no hay efectos sobre la movilidad no significa necesariamente que no los haya; eso debe valorarlo la administración pública con todas las garantías".

Por todo ello, se reclama que "se retiren ambas enmiendas y que cualquier cambio de este calado se tramite con debate propio y transparencia".

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