Uber presenta un recurso contra el decreto del Govern que regula la actividad de los VTC en Baleares

Uber ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto aprobado en febrero por la conselleria de Movilidad del Govern balear que regula la actividad de taxis y vehículos de transporte con conductor (VTC) en las islas. La impugnación se dirige contra un reglamento que desarrolla por primera vez la Ley 4/2014 de Transportes Terrestres de Baleares, doce años después de su entrada en vigor. El decreto, que no tiene rango de ley, establece un marco jurídico integral compuesto por 63 artículos con el objetivo de ordenar un sector considerado estratégico para la movilidad tanto de residentes como de visitantes.

El Govern justificó la aprobación de la norma en un contexto de transformación del sector, marcado por el aumento de la presión sobre el territorio y por un escenario jurídico complejo tras diversas resoluciones judiciales en los últimos años. Según el Ejecutivo autonómico, el principal objetivo del decreto es dotar de seguridad jurídica al sector y fijar criterios objetivos para regular el número de licencias en un territorio limitado como el insular.

Uno de los elementos clave de la regulación es el establecimiento de límites a la concesión de nuevas licencias de taxi y autorizaciones VTC en función de indicadores como la congestión del tráfico y la calidad del aire. El texto responde, entre otros factores, al elevado volumen de solicitudes registrado en 2023, cuando se presentaron más de 10.000 peticiones de nuevas licencias, frente a las algo más de 3.000 actualmente existentes -2.540 de taxi y unas 740 de VTC-. El Govern considera que asumir ese volumen sería desproporcionado y medioambientalmente insostenible.

El decreto contempla que solo podrán otorgarse nuevas licencias cuando no se superen determinados umbrales de congestión viaria y contaminación atmosférica, y prevé autorizaciones excepcionales de carácter temporal en casos justificados. Además, introduce exigencias medioambientales, como la obligación de que los vehículos de hasta cinco plazas cuenten, con carácter general, con distintivo ambiental de cero emisiones o ECO.

La norma también regula aspectos como la accesibilidad -con porcentajes mínimos de vehículos adaptados-, refuerza la lucha contra el intrusismo y establece requisitos homogéneos para los conductores. En el caso de las VTC, mantiene la obligación de que los servicios se contraten previamente, aunque no fija un tiempo mínimo de antelación.

El Govern espera los detalles de la demanda

Según han señalado desde el Govern este mismo lunes, Uber todavía no ha formulado la demanda, por lo que el Ejecutivo Autonómico está esperando "para poder pronunciarnos con más detalle sobre sus argumentos".

Recuerdan que "hay una gran judicialización de la normativa del sector", por lo que el recurso de Uber "entraba en lo previsible". El Govern defiende que el decreto "se ha elaborado teniendo en cuenta los numerosos pronunciamientos judiciales previos sobre normativas autonómicas y estatales, y ha pasado por informe del Consell Consultiu".

"Por tanto, y como hemos defendido en todo momento, es un volumen de solicitudes desproporcionado y medioambientalmente insostenible en un territorio insular, limitado y especialmente frágil como el nuestro. El decreto responde a esa realidad y trata de ordenar el sector bajo parámetros de interés general, de sostenibilidad medioambiental y de gestión del transporte", concluyen desde el Ejecutivo.

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