El PSOE presiona al Govern por el fin de la prórroga de alquileres y Més exige intervenir el mercado

El portavoz adjunto del PSOE en el Parlament, Marc Pons, eleva la presión sobre el Govern de Marga Prohens tras el rechazo en el Congreso a la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler. El socialista ha exigido al Ejecutivo autonómico que aclare "qué respuesta piensa dar a las 40.000 familias" de Baleares que, según ha advertido, podrían ver comprometida su continuidad en la vivienda al decaer el decreto que permitía alargar dos años los contratos.

Pons ha subrayado que, aunque la no convalidación de la norma afecta a todo el territorio estatal, el impacto será especialmente intenso en las Islas por el contexto de fuerte encarecimiento del alquiler. En este sentido, ha alertado de que miles de contratos vencerán entre 2026 y 2027, dejando a los inquilinos "en manos de grandes tenedores, bancos y fondos buitre" en el momento de renegociar las condiciones. "El riesgo es que alquileres de 800 euros pasen a 1.500", ha señalado, describiendo un escenario que considera fuera del alcance de la mayoría de familias.

El dirigente socialista ha responsabilizado directamente al PP y a Vox de esta situación tras su voto en contra en la Cámara Baja, al que se sumó Junts, y ha lamentado que la decisión deje "desprotegidos a decenas de miles de ciudadanos de Baleares". A su juicio, el Govern no puede limitarse a señalar al Ejecutivo central, sino que debe adoptar medidas propias para contener el impacto en el mercado residencial.

En esta línea, el PSIB-PSOE ha reclamado la aplicación "inmediata" de la limitación de precios del alquiler en las zonas tensionadas de Baleares. Pons ha advertido de que, si el Ejecutivo de Prohens no actúa, "demostrará una falta de sensibilidad y de humanismo evidente ante una problemática que sería perfectamente evitable". El socialista ha insistido en que incrementos de rentas de 700 a 1.200 euros, o incluso superiores, son "inasumibles para la mayoría de familias" y pueden derivar en procesos de expulsión residencial.

Desde Més per Mallorca, su portavoz parlamentario, Lluís Apesteguia, ha insistido en esta crítica y ha reclamado una intervención directa del mercado del alquiler. El ecosoberanista ha advertido de que dejar la renovación de contratos exclusivamente en manos del mercado "agravará la crisis de acceso a la vivienda" y acelerará la expulsión de residentes, especialmente en las zonas con mayor presión turística.

Apesteguia ha defendido la necesidad de desplegar de forma efectiva los mecanismos de contención de precios previstos en la legislación estatal y ha instado al Govern a posicionarse con claridad. A su juicio, la actual coyuntura evidencia "la incapacidad del mercado para garantizar el derecho a la vivienda" en territorios como Baleares, donde la demanda supera ampliamente la oferta disponible.

Ambas formaciones han coincidido en que la finalización progresiva de contratos entre 2026 y 2027 puede convertirse en un punto crítico si no se adoptan medidas de forma urgente. En este escenario, han advertido de un posible aumento de la conflictividad social vinculada a la vivienda y han reclamado al Govern que actúe con rapidez para evitar que miles de familias queden expuestas a subidas abruptas o, en el peor de los casos, a la pérdida de su hogar.

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