Vox pretende agilizar los proyectos para ampliar los grandes centros comerciales

Vox ha presentado en el Parlament una enmienda con la que pretende agilizar los proyectos de grandes superficies comerciales, al posibilitar que la tramitación de los mismos pueda realizarse por una entidad colaboradora urbanística (ECU), es decir, por una empresa privada que puede verificar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de la normativa y cuya implantación en las islas fue impulsada por el Govern de Marga Prohens para favorecer la edificación de nuevas viviendas.

Vox ha presentado su enmienda para incluirla en la ley ómnibus que se está tramitando en la Cámara autonómica, y busca la modificación de la legislación autonómica en materia de comercio sin abrir un debate previo en torno a esta materia.

En concreto, se quiere reformar la disposición transitoria cuarta de la ley 11/2014 de comercio de Baleares para permitir que una ECU elabore un certificado de conformidad urbanística para que pueda «ser tomado en consideración como base suficiente para la emisión del informe» favorable del Ayuntamiento competente, aunque sin quitar a éste la posibilidad de realizar las comprobaciones oportunas.

Además, se abre la puerta que en el caso de contar con ese certificado de una de las citadas entidades privadas, el órgano competente en materia de comercio pueda proseguir con la instrucción del procedimiento, aunque la resolución final esté condicionada al citado informe favorable del Consistorio donde se quiera ejecutar el proyecto.

En definitiva, lo que se pretende es que estos proyectos puedan salir adelante con mucha más agilidad. Hay que tener en cuenta que la ley de comercio balear posibilita que en un gran establecimiento comercial se pueda ampliar la superficie útil de exposición y venta siempre que no suponga un aumento de la superficie edificada, como sería el caso, por citar un ejemplo, de modificar un espacio ocupado por cines para destinarlo a oferta comercial.

Esta enmienda de Vox, firmada por Manuela Cañadas, llega tras el contencioso abierto entre el ayuntamiento de Marratxí y las patronales de comercio Pimeco y Afedeco por el proyecto de ampliación de las instalaciones que Alcampo cuenta en ese municipio.

Efectos de la enmienda

Los técnicos consultados ponen de relieve que la enmienda de Vox puede tener un impacto apreciable en el sector comercial de Mallorca, al considerar que la posibilidad de que las ECU participen en esa tramitación puede debilitar el control que se realiza desde las Administraciones públicas.

Se cuestiona también que este cambio se lleve a cabo a través de una ley ómnibus (que agrupa medidas de materias muy diferentes), sin que se abra un debate previo sobre el impacto que una iniciativa como esa puede tener sobre la actividad comercial. Hay que recordar que la ley de comercio de 2014, impulsada por el PP, fue aprobada con el apoyo de los grupos de oposición en la mayor parte de su articulado.

Un punto en el que también se hace hincapié es que de este modo se puede favorecer, al darle más agilidad, la posibilidad de que se amplíe la superficie de venta sin que se eleve la edificación existente, situando oferta comercial donde antes había instalaciones de ocio o de restauración. Los técnicos consultados apuntan a que así se puede desnaturalizar el control sobre el impacto comercial y territorial si esa modificación se limita a una adaptación interna.

Agravio con los pequeños

Otro aspecto que se subraya es que la enmienda de Vox beneficia de forma real a las empresas que cuentan con mucha superficie y capacidad para hacer reformas internas, lo que deja fuera de esos beneficios al pequeño comercio. Este punto se destaca debido a que lo que se busca es agilizar cambios como el citado aumento de las superficies de venta en centros que ya están implantados sin valorar las consecuencias de esta posibilidad, alterando así la competencia existente con las pequeñas tiendas.

Además, al no tener en cuenta el impacto que estas reformas pueden tener, se condicionan los equilibrios que se buscaron con la aprobación del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECMA) que en su momento impulsó el Consell Insular.

En cualquier caso, esa posible reestructuración de las superficies de venta ya estaba prevista en la ley balear de 2014, por lo que el cambio más importante que se busca es acelerar la tramitación de los proyectos que afectan a las grandes superficies comerciales. Sobre esta agilización, lo que se advierte es que cuando un proyecto de elevado impacto ve como los filtros iniciales pasan a depender de entidades privadas y su expediente puede avanzar antes de que conste el informe municipal, el control que se puede ejercer sobre ellos puede perder intensidad, algo que se discute en actuaciones especialmente complejas o sensibles.

Suscríbete para seguir leyendo