PP y Vox sacan adelante las ayudas sociales del Consell por la guerra en Irán para las que se exigirán cinco años de residencia legal en Mallorca

El Partido Popular y Vox ya ensayan con la "prioridad nacional" en el Consell de Mallorca. La institución insular ha aprobado este martes el segundo paquete del denominado escudo social para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán, con una modificación de crédito extraordinaria y urgente de 22,7 millones de euros que incorpora la exigencia de cinco años de residencia legal y continuada en la isla para poder acceder a las ayudas sociales, cuyos beneficiarios no podrán superar los 25.200 euros en ingresos anuales.

La medida, que priorizará a familias con hijos a cargo, ha salido adelante en un pleno extraordinario convocado con carácter urgente y marcado por la confrontación entre el equipo de gobierno y la oposición a causa de las imposiciones de la ultraderecha. Los nueve millones destinados a ayudas directas a familias vulnerables, gestionados a través del Institut Mallorquí d'Afers Socials, quedan así condicionados a ese requisito de arraigo que Vox ha convertido en bandera y que el PP ha terminado por asumir.

La aprobación llega tres semanas después de que el presidente insular, Llorenç Galmés, anunciara en el Debate de Política General la puesta en marcha de estas ayudas. Un retraso que, según fuentes cercanas al partido, responde a las negociaciones internas con Vox y, especialmente, a las directrices marcadas desde Madrid, donde el partido de Santiago Abascal fijó como línea roja la introducción del criterio residencial en las ayudas. Finalmente, el requisito ha pasado de los tres años inicialmente planteados a los cinco que se han aprobado este martes.

El pleno, celebrado con prisa -había compromisos institucionales posteriores-, ha dejado una imagen poco habitual: Galmés no ha intervenido en ningún momento del debate ni al final del mismo, limitándose a su papel de moderador y dejando que el protagonismo recayera sobre el conseller insular de Hacienda, Rafel Bosch, encargado este martes de defender el segundo paquete del escudo social.

La "prioridad nacional" empieza a caminar en el Consell

Antes de entrar en el fondo del asunto, el PSIB ha cuestionado la legalidad del expediente y ha solicitado aclaraciones jurídicas sobre la exigencia de residencia legal. Entonces, el secretario del pleno ha tomado la palabra para avalar la tramitación: el expediente, ha señalado, cuenta con informe favorable de la intervención y cumple los requisitos formales, dejando para una fase posterior la valoración concreta de las convocatorias.

Bosch ha defendido la medida apelando tanto a la necesidad social como a su encaje legal. El conseller de Hacienda ha argumentado que se trata de ayudas "no básicas" en el marco europeo, lo que permite introducir criterios de arraigo, y ha citado jurisprudencia reciente de la UE que avala exigencias similares de hasta cinco años en distintos países. "No nos atreveríamos a traer este expediente si no fuera legal", ha insistido, subrayando que el objetivo es "destensar la situación" económica derivada del encarecimiento generalizado de precios.

Ya durante el turno de intervenciones, el discurso de Vox ha sido el más explícito. Su portavoz, Toni Gili, ha defendido sin ambages el criterio de residencia implementado y ha proclamado que "hoy empieza a caminar en el Consell de Mallorca la prioridad nacional", reivindicando que las ayudas deben dirigirse "a los nuestros", en referencia a quienes han contribuido económicamente al mantenimiento del sistema de bienestar. Una línea que el partido ya había avanzado en días anteriores y que sitúa este paquete de medidas como un primer paso hacia una posible revisión del conjunto de ayudas públicas por parte de la ultraderecha con la que redefinir los criterios para optar a las mismas e incluir exigencias de arrigo.

El apoyo de Coalició per Mallorca, a través de su portavoz Antoni Salas, ha completado la mayoría con la que se ha aprobado el paquete de ayudas (PP, Vox y Coalició). Salas ha respaldado la modificación de crédito y ha defendido la necesidad de priorizar a los mallorquines en las políticas públicas, llegando a plantear requisitos incluso más exigentes de residencia -hasta 15 años-, en un discurso centrado en la sostenibilidad del sistema y la "supervivencia" social de la isla.

Enfrente, tanto el PSIB como Més per Mallorca han cargado con dureza contra la aprobación de unas ayudas que, consideran, incluyen requisitos "racistas". Los socialistas han denunciado que el equipo de gobierno ha cedido al "chantaje" de Vox y han advertido de posibles acciones legales por lo que consideran una exclusión social injustificada. "Están creando ciudadanos de primera y de segunda", ha reprochado la portavoz socialista, Catalina Cladera, cuestionando que trabajadores residentes en Mallorca desde hace menos de cinco años queden fuera de las ayudas.

Cladera ha señalado además que la cesión del PP ante Vox con la exigencia residencial supone crear "un precedente" que "dañará esta tierra dejando que la extrema derecha avance como nunca": "No pararán aquí", ha advertido. La portavoz socialista ha recordado que el Govern de Marga Prohens pactó un escudo social con el PSOE en el Parlament y ha reiterado su disposición a pactarlo también en el Consell.

Desde Més, ante la ausencia de la portavoz Catalina Inés Perelló, ha sido la consellera electa Rosa Cursach quien ha lamentado que la "extrema derecha" marque la agenda del Consell y ha denunciado que el escudo social se haya convertido en un instrumento de "prioridad nacional" que, a su juicio, rompe con principios básicos de igualdad.

"Ustedes no solo aceptan, sino que ejecutan. No discutimos una modificación de crédito, sino qué modelo de Mallorca defendemos", ha criticado la ecosoberanitsa, asegurando además que la prioridad del equipo de gobierno ha sido "mantener el equilibrio político del pacto" y no la puesta en marcha de las ayudas cuanto antes.

¿A qué se destinará el dinero de las ayudas?

Según ha detallado el propio Bosch, este segundo paquete eleva hasta cerca de 89 millones de euros el conjunto de medidas activadas por el Consell para hacer frente a la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio .

De los 22,7 millones aprobados este martes -importe superior a los 17,5 anunciados inicialmente-, 18,7 se destinan a políticas sociales: además de los 9 millones para familias vulnerables, se incluyen 4 millones para equipamientos de personas con discapacidad, 2 millones para residencias municipales, 3 millones para federaciones deportivas, 500.000 euros para asociaciones de mayores y 150.000 para entidades juveniles. El paquete se completa con 4 millones en medidas económicas, dirigidas a empresas, cooperativas agrícolas, el sector ecuestre y el ámbito cultural .

Estas cifras se suman al primer bloque de ayudas aprobado a principios de abril y a las inversiones ya previstas en los presupuestos insulares y que, junto con la movilización de 53,5 millones de euros en obra pública previstos en los presupuestos de este año -51,5 millones para modernizar y mejorar la sostenibilidad de las infraestructuras viarias, y 2 millones para renovar instalaciones deportivas municipales-, ascienden a cerca de 89 millones de euros del Pla Mallorca Protegeix, 5,2 millones más de los 84 millones que se habían anunciado.

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