PP y Més aprueban la ley de cogestión aeroportuaria para que Baleares pueda decidir sobre tarifas, frecuencias y capacidad de los vuelos

El Parlament balear ha aprobado este martes la ley de cogestión aeroportuaria, una iniciativa impulsada por Més per Mallorca y Més per Menorca que ha salido adelante con el apoyo del PP y la abstención del PSIB-PSOE. La norma no supone la transferencia de los aeropuertos, que seguirán siendo competencia del Estado, pero sí introduce cambios relevantes para reforzar la capacidad de la comunidad autónoma de influir en su gestión. Ahora la norma será enviada al Congreso de los Diputados, donde deberá ser aprobada de forma definitiva si obtiene los apoyos necesarios.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, no ha estado presente en la votación, pero horas antes, en la sesión de control, ha celebrado el acuerdo con los ecosoberanistas, si bien ha reprochado al PSIB que reclame la limitación a la entrada de vehículos en Mallorca el mismo día en el que no votan a favor de la ley de cogestión aeroportuaria: "Queremos voz en los aeropuertos para alinear esta estrategia de contención por tierra, mar y aire. Pero a ustedes, curiosamente, esto no les va bien. Esta es su hipocresía".

El eje central de la ley es el refuerzo del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares, que pasa de ser un órgano básicamente consultivo a tener un papel más determinante. En concreto, el texto establece que algunos de sus informes tendrán carácter vinculante, especialmente en cuestiones como la estrategia aeroportuaria, los planes directores o el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), lo que permitirá condicionar decisiones clave sobre el desarrollo de las infraestructuras.

Detalles de la ley

La norma también amplía de forma significativa las funciones del Comité, que podrá participar en la definición de rutas, frecuencias y capacidad de los vuelos, así como en la organización de franjas horarias. En este sentido, el texto apunta explícitamente a la necesidad de estudiar posibles limitaciones en temporada alta para evitar situaciones de saturación, en línea con el debate creciente sobre la presión turística en las islas.

Otro de los cambios relevantes es la ampliación de la composición del órgano, que incorpora una mayor presencia institucional y social. Además de representantes del Estado y de Aena, el Comité contará con miembros del Govern, los cuatro consells insulares, ayuntamientos como Palma, Maó y Sant Josep, así como representantes de cámaras de comercio, patronales y sindicatos. Esta configuración busca dar entrada a una cogobernanza más amplia de la política aeroportuaria.

La ley introduce también mecanismos de control económico y de transparencia, ya que el Comité tendrá acceso a información detallada sobre los ingresos, gastos y resultados de Aena en los aeropuertos baleares, así como sobre sus planes de inversión y políticas tarifarias. Esta información permitirá a las instituciones autonómicas tener un mayor control sobre la evolución del sistema aeroportuario.

Además, el texto obliga a elaborar anualmente un informe sobre el impacto de los aeropuertos en aspectos como el medio ambiente, la movilidad, el uso de recursos naturales o la calidad de vida de los residentes. Este diagnóstico deberá ir acompañado de un plan de actuaciones para mitigar los efectos negativos detectados, incluyendo la cuantificación de los costes asociados.

Asimismo, el Parlament podrá requerir la comparecencia de representantes de Aena y de los directores de los aeropuertos para dar cuenta de su gestión, lo que introduce un nuevo nivel de control político sobre estas infraestructuras.

La aprobación de la ley se produce en un contexto marcado por el aumento del tráfico aéreo y la creciente preocupación por la saturación turística. El texto parte de la idea de que existe una desconexión entre las políticas de contención de plazas turísticas y el crecimiento de los vuelos, y plantea como objetivo alinear la gestión aeroportuaria con el modelo territorial, económico y medioambiental de las islas.

Con esta norma, Baleares no asume la gestión directa de sus aeropuertos, pero sí gana capacidad para influir en decisiones estratégicas que afectan al volumen de pasajeros, la conectividad y, en última instancia, al modelo turístico del archipiélago.

Debate político

Ferran Rosa, de Més per Mallorca, enmarcó la ley como la corrección de una "anomalía histórica" en la gestión aeroportuaria de Baleares. El diputado recordó que, en un territorio insular, los aeropuertos no son solo infraestructuras de transporte, sino una pieza estructural del modelo económico y territorial. Por eso, subrayó, no resulta extraño que el Estatut de 2007 ya contemplara la participación de las instituciones autonómicas, ni que el Parlament haya reclamado reiteradamente esa cogestión. "Lo extraño es que en casi veinte años nunca se haya pasado de las palabras a los hechos", afirmó.

Rosa vinculó esa inacción a un contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo y encarecimiento de los desplazamientos, coincidente con la privatización parcial de Aena en 2014. A su juicio, ese proceso ha consolidado un modelo "extractivo", orientado a maximizar beneficios sin garantizar la conectividad ni compensar los impactos sobre el territorio. "Es hora de priorizar el interés general y a los residentes", defendió, reclamando capacidad de decisión desde Baleares para fijar límites y adaptar la actividad aeroportuaria a la capacidad de carga de las islas.

Margalida Pocoví, diputada del PP, ha apelado a la "realidad innegable" de que los aeropuertos son infraestructuras estratégicas, puerta de entrada y salida de las islas y una pieza "absolutamente clave" tanto para la economía como para el día a día de los ciudadanos. En este sentido, ha advertido de que Baleares no puede seguir siendo un mero espectador en decisiones que condicionan su futuro. "No nos podemos permitir no tener voz", ha afirmado, reivindicando un mayor peso de las instituciones autonómicas en la gestión aeroportuaria.

La diputada popular ha enmarcado la iniciativa en la estrategia del Govern para avanzar hacia un modelo "más sostenible, equilibrado y responsable", haciendo hincapié en que la presidenta, Marga Prohens, ya trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de abordar la congestión tanto en el Consolat como en la Moncloa: "No tiene sentido que el Govern adopte medidas de contención mientras Aena avanza hacia un crecimiento sin límites. ¿Quién conoce mejor que nosotros las necesidades de las islas?".

Desde el PSIB-PSOE, el portavoz adjunto Marc Pons introdujo un contrapunto técnico y político al cuestionar la viabilidad de la norma. Advirtió de que algunos de sus elementos presentan un "difícil encaje" tanto en la Constitución como en el Estatut, y cargó especialmente contra los informes vinculantes con capacidad de veto, que calificó de "mecanismo perverso" por atribuir competencias que no corresponden a la comunidad autónoma. Pons defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo más equilibrado entre el Estado y Baleares, pero alertó de que la propuesta tiene "pocas posibilidades de salir adelante" en Madrid, donde el PP ya ha fijado posición en contra. Además, rechazó el diagnóstico de fondo de los impulsores de la ley: "El modelo económico y territorial no es consecuencia de Aena, sino de decisiones de la propia sociedad balear".

En cambio, Josep Castells, de Més per Menorca, puso el acento en el valor práctico del acuerdo alcanzado. Defendió que la ley permitirá a las instituciones insulares tener "una voz determinante" en cuestiones clave y contribuirá a evitar que no se supere la capacidad de carga de cada isla. Para Castells, el transporte aéreo es una "necesidad vital" en un territorio insular y exige un modelo de gestión adaptado a esta singularidad. En este sentido, reivindicó el pacto entre fuerzas distintas como una "gran noticia" en un Parlament marcado por la polarización.

La posición más crítica llegó desde Vox. Su portavoz, Sergio Rodríguez, cargó con dureza contra la iniciativa y contra el acuerdo entre PP y MÉS, al que situó en una "vorágine" de asunción de competencias autonómicas. Calificó la ley de "bodrio" y sostuvo que el texto final es un proyecto "emasculado" respecto a la propuesta inicial. A su juicio, la norma se limita a reforzar un Comité de Coordinación Aeroportuaria que definió como un "chiringuito" destinado a ampliar la estructura pública, y acusó a los partidos que la apoyan de contribuir a "destripar el Estado".

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