El Govern niega irregularidades con las VPO de es Jonquet: asegura que las siete viviendas ya están calificadas como alquiler social, con precios en torno a 700 euros

El Govern balear niega las acusaciones del PSOE sobre una supuesta comercialización irregular de viviendas protegidas en la promoción de es Jonquet, en Palma, y defiende que el proyecto cumple con la normativa vigente. El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha asegurado en el Parlament que las siete viviendas de protección oficial (VPO) incluidas en la promoción ya han solicitado y obtenido la calificación como vivienda protegida en régimen de alquiler.

Mateo ha respondido así a la diputada socialista Mercedes Garrido, quien había denunciado que estas viviendas se estarían vendiendo a precio de mercado dentro de un complejo residencial de alto nivel. El conseller ha rechazado de plano esta afirmación y ha acusado a la diputada de "mentir y enredar" con esta cuestión. Según ha explicado, los alquileres de estas siete VPO "rondarán los 700 euros" y su adjudicación se realizará entre los demandantes inscritos en el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), conforme a los procedimientos establecidos.

La versión del conseller no coincide con lo que se puede ver en la página web de XOJAY, donde se explica que están disponibles "cincuenta y siete apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, entre los que destacan espectaculares áticos en la parte superior, y pisos en planta baja con jardín y acceso privado a su propio garaje". Incluso en un lateral del portal aparece un panel que detalla que son 54 inmuebles.

Según denuncia el PSOE, la promotora puede estar incumpliendo la Ley 5/2018 de vivienda de Baleares. En concreto, se señala que durante la ejecución de las obras no se estaría informando de forma visible de la existencia de viviendas protegidas, al no exhibirse el cartel oficial que identifica la promoción como acogida al régimen de vivienda con protección pública. Este supuesto está tipificado como infracción leve en la normativa autonómica.

Asimismo, se advierte de la ausencia de información sobre estas VPO en los canales de comercialización, como la web o los materiales promocionales, lo que podría constituir una infracción grave al ocultar a los potenciales interesados la condición de vivienda protegida. La legislación balear prevé sanciones que oscilan entre los 60 y los 3.000 euros en el caso de infracciones leves y entre los 3.001 y los 30.000 euros para las graves, en función de la naturaleza del incumplimiento.

"Conforme a la normativa"

Desde el Govern insisten en que la promoción de es Jonquet a la que hace referencia el PSOE fue presentada en el Ayuntamiento en 2022, durante la etapa del Pacte, y subrayan que incluye un total de siete viviendas de protección oficial que todavía no están construidas. Según recalcan, estas viviendas serán adjudicadas conforme a la normativa vigente a través del registro de demandantes de vivienda protegida que gestiona el Ibavi, como ocurre con otras promociones privadas de VPO. Además, remarcan que la promotora ya ha solicitado y obtenido la calificación provisional como viviendas protegidas en régimen de alquiler, con carácter permanente, lo que implica que mantendrán su condición de VPO "de por vida".

El Ejecutivo autonómico añade que los precios estarán regulados y que, según la resolución de calificación, los alquileres oscilarán entre 676 y 897,96 euros mensuales, situándose la mayoría en torno a los 700 euros. Una vez finalizadas las obras, las viviendas se adjudicarán a los inscritos en el registro del Ibavi en las condiciones fijadas por la ley. Con estos datos, el Govern sostiene que el PSOE "habla de viviendas en venta a precios de lujo cuando en realidad son VPO de alquiler a precios asequibles", insistiendo en que se trata de vivienda protegida permanente y no de mercado libre.

El PSOE alerta de "promociones opacas"

La reacción del Govern llega después de que el PSOE de Palma denunciara una supuesta falta de control sobre las viviendas protegidas promovidas por empresas privadas. Los socialistas aseguran haber detectado en es Jonquet una promoción de lujo que incluye siete pisos protegidos que, según sostienen, se estarían comercializando como vivienda libre.

Los socialistas afirman que esos inmuebles forman parte de un complejo residencial de alto nivel y advierten de que, pese a estar sujetos a protección, se ofertan por importes de entre 2,2 y 6,7 millones de euros, muy por encima de los precios máximos que, a su juicio, les corresponderían. Según el PSOE, tratándose de viviendas de entre 73 y 106 metros cuadrados, su valor debería situarse aproximadamente entre 145.000 y 210.000 euros.

La diputada Garrido ha defendido las enmiendas presentadas por el PSIB-PSOE a la futura Ley de Vivienda, actualmente en tramitación en el Parlament. Entre otras medidas, plantean que la adjudicación de viviendas protegidas dependa exclusivamente del registro autonómico de demandantes, priorizando a personas en situación de vulnerabilidad y exigiendo la inscripción previa como requisito obligatorio.

Garrido ha criticado que el sistema actual permita el acceso a estas viviendas mediante "una declaración responsable que el Govern no vigila" y ha advertido de que no existe un control efectivo sobre los requisitos de renta. "Lo que queremos es transparencia y garantías para la ciudadanía", ha subrayado.

Prohens, contra los okupas

El debate sobre vivienda se ha ampliado también al pleno con un duro intercambio entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el diputado de Unidas Podemos, José María García. Prohens ha defendido una línea dura contra la okupación y ha afirmado que "la propiedad privada se defiende y a los okupas se les saca afuera en 24 horas", en respuesta a las críticas del parlamentario, que le ha reprochado la falta de medidas para frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda.

García ha acusado al Ejecutivo de "culpabilizar a quienes buscan un techo" en lugar de ofrecer alternativas habitacionales y ha cuestionado la eficacia de algunas enmiendas del PP a la ley de aceleración de proyectos estratégicos, como la creación de una oficina antiokupación o las restricciones de acceso a vivienda pública para personas condenadas por usurpación.

La presidenta ha replicado acusando al diputado de "equiparar la política social de vivienda con proteger a los delincuentes" y de defender la okupación a costa de los propietarios. En este sentido, ha insistido en que su Govern prioriza la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad, y ha reiterado que las ocupaciones deben resolverse con rapidez. Prohens ha aprovechado además para elevar el tono político y reclamar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que ha calificado de "cómplice necesario de los delincuentes", que desbloquee la ley antiokupación impulsada por el PP en las Cortes Generales.

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