PP y Vox aprueban mañana en el Consell la exigencia de cinco años de residencia legal en Mallorca para optar a las ayudas por la guerra de Irán

El Partido Popular y Vox aprobarán mañana en un pleno extraordinario del Consell de Mallorca el paquete de ayudas sociales para familias vulnerables para las que se exigirán un mínimo de cinco años de residencia legal en la isla. Tres semanas después de que el presidente insular, Llorenç Galmés, anunciara en el Debate de Política General su intención de poner en marcha el escudo social para paliar los efectos de la guerra en Irán, la iniciativa saldrá finalmente adelante tras el desbloqueo de las negociaciones entre ambos partidos.

El pasado viernes al mediodía, saltaba la noticia para sorpresa de los medios y hasta del propio Consell tras varias semanas de silencio institucional: Vox anunciaba a través de un comunicado de partido que se exigirían cinco años de residencia legal en Mallorca para acceder a las líneas de ayudas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio, atribuyéndose la implantación del requisito, celebrando el haber "condicionado" su puesta en marcha y asegurando que "hemos puesto cinco años porque es hasta ahí donde nos deja llegar la ley". Los de Abascal conseguían que el PP de Mallorca cediera ante su "prioridad nacional" y se exprimiera el marco legal para incrementar el requisito de residencia de los tres a los cinco años, una exigencia directa programada desde Bambú.

Según la información proporcionada el viernes por fuentes institucionales, los beneficiarios de estas ayudas no deberán superar los 25.200 euros de ingresos anuales y se priorizarán a familias con hijos. Además, el Consell ya aprobó hace unas semanas una primera fase del escudo social que combinaba medidas de carácter social y económico.

El PP lo ve "razonable", la oposición "peligroso"

Las reacciones al anuncio no se hicieron esperar. A lo largo del fin de semana, tanto el propio Consell de Mallorca como la oposición se pronunciaron acerca del anuncio de Vox, formación que, cabe destacar, forma parte del equipo de gobierno insular junto al PP.

El conseller popular de Economía del Consell de Mallorca, Rafael Bosch, consideraba el sábado que el requisito era algo "muy razonable" y "muy adecuado", defendiendo que está en línea con el de otras comunidades autónomas y también con el de instituciones europeas. Bosch aseguró además que, el paquete de ayudas del Consell, dotado con 22,7 millones de euros, debe servir -sostuvo- para respaldar a empresas, familias y jóvenes mallorquines, que "hacen un esfuerzo cada día" para pagar impuestos y sostener el sistema de la Seguridad Social y el Estado del Bienestar.

Por su parte, desde la oposición, tanto Més per Mallorca como el PSOE denunciaron a lo largo del fin de semana que "Vox ha tomado el Consell de Mallorca", lamentando las cesiones que el Partido Popular efectúa a los ultraderechistas para lograr sacar adelante sus propuestas ante la falta de la mayoría necesaria. El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca, Joan Llodrà, afirmó que "el PP ha dejado de gobernar para convertirse en una simple gestoría de las imposiciones de Vox". "Hoy ya no es posible distinguir qué es una decisión del PP y qué es una exigencia de Vox. Han asumido completamente su marco ideológico, sus formas e incluso sus tiempos políticos. Vox ha tomado la delantera en la actividad política y también en el control del relato institucional, ante un PP dispuesto a aceptarlo todo para mantener el sillón", remarcó Llodrà.

La portavoz de los socialistas, Catalina Cladera, consideró que la implantación del requisito "pone en peligro" las medidas del escudo social anunciado hace poco menos de un mes y llamó a Galmés a "marcar distancias con la extrema derecha". "Los socialistas de Mallorca expresamos una enorme preocupación ante la deriva ideológica que está cogiendo el Consell de Mallorca de Galmés por ceder ante los chantajes de Vox con el tema de la prioridad nacional que impone Abascal desde Madrid", subrayaba Cladera.

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