Baleares dedicó 11,4 millones para que discapacitados o personas de exclusión social encontraran un empleo

La administración de Baleares dobló el año pasado las ayudas económicas a las empresas o entidades que se encargan de ayudar a las personas que sufren una discapacidad o se encuentran en una situación de exclusión social. Estos proyectos, que dan empleo a dichas personas, recibieron 11,4 millones de euros de fondos públicos, a través de los contratos específicos que están reservados a las empresas de inserción o a los centros especiales de ocupación de iniciativa social.

Los responsables de la red de economía alternativa y solidaria de Baleares, REAS, han presentado esta mañana el informe anual que realizan sobre el seguimiento de la contratación pública social. Maria Jaume, Víctor Reyes y Jordi López, responsables de esta red, han recordado que la finalidad de estos contratos que ofrece la administración es, precisamente, promover la ocupación de personas con dificultades para encontrar un empleo. Estas tareas que ofrece el Govern, los consells insulares o los ayuntamientosde las islas permite que estas personas dejen de depender económicamente de la administración, ya que el empleo que consiguen, al estar contratados, les permite tributar y por tanto contribuir al Estado pagando impuestos.

Desde 2017 existe una ley específica que establece que las comunidades autónomas y las entidades locales están obligadas a ofrecer un determinado porcentaje de contratos públicos para ayudar a estas personas. Y las estadísticas reflejan que el año pasado, con respecto al año anterior, el número de estos contratos se dobló y con ello también se logró un mayor porcentaje económico dedicado a la ayuda de estas personas con dificultades.

El Govern ha sido el más activo, ya que el año pasado ofreció 32 de estos contratos específicos por valor de casi seis millones de euros. El resto del dinero, hasta alcanzar los 11,4 millones, lo han aportado el resto de administraciones de las cuatro islas de Baleares.

El 94% de estos contratos fueron adjudicados a empresas dedicadas al sector servicios, que han dado empleo a trabajadores que sufren una discapacidad o problemas sociales. El 6% restante se adjudicó a empresas dedicadas únicamente a la ocupación. La red desconoce el número exacto de trabajadores que se han visto beneficiados al encontrar un nuevo empleo que les permita salir de esta dificultad social, ya que no puede acceder a dichas cifras.

Aunque los resultados han sido buenos si se comparan con los del 2024, los responsables de esta red abogan por mejorar la calidad de la contratación pública, que en estos momentos se concentra en muy pocos servicios. La mayor parte de los empleos que se ofrecen están concentrados en la recepción o control de accesos en edificios públicos, trabajos de jardinería o gestión de residuos. Por ello, se considera que estas personas están más que preparadas para desarrollar también otras tareas profesionales.

También se denuncia que la administración valora, por encima de otros conceptos, la oferta económica, siempre a la baja, sin tener en cuenta otros criterios de calidad. Los responsables de esta red social aconsejan a los gestores públicos que se tenga en cuenta, a la hora de adjudicar un servicio, todos los conceptos que ofrece la oferta de la empresa que está interesada en desarrollar la tarea que ofrece la administración. La muestra de ello es que el año pasado se adjudicaron contratos por importes por debajo de la licitación, precisamente por las ofertas a la baja que se presentaron. Cuatro contratos de gestión de residuos ofrecidos por los ayuntamientos quedaron desiertos por falta de licitadores o fueron excluidos por motivos técnicos.

Las entidades que se dedican a ayudar a estas personas con dificultades también colaboran con empresas privadas de Baleares, para obtener un mayor número de empleos.