Trabajadores sociales denuncian presiones políticas ante el proceso de regularización de migrantes en Baleares

Profesionales de los servicios sociales de Palma han vivido durante las últimas jornadas una situación de importante tensión debido al proceso de regularización extraordinaria que se pusiera en marcha el 16 de abril. Lo que debería haber sido un trámite administrativo ordenado, en algunas Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) se convirtió la pasada semana en un escenario de colapso, incertidumbre y, según denuncian los propios profesionales, de una «preocupante interferencia política».

Este diario ha contactado con los diversos actores implicados, desde los trabajadores de primera línea hasta el Colegio Oficial de Trabajo Social de las islas (COTSIB), pasando por sindicatos y entidades sociales, quienes coinciden en señalar que la «falta de previsión» y el «bloqueo de soluciones técnicas han puesto en riesgo la dignidad tanto de los usuarios como de los profesionales».

El origen del conflicto se sitúa, sobre todo, en la respuesta del Ayuntamiento de Palma ante la avalancha de demandas. Dado el aumento de solicitudes, trabajadores de la OAC Social situada junto al edificio de Gesa cuentan que el equipo técnico y directivo propuso medidas organizativas «responsables», que incluían refuerzos de personal y la atención grupal para agilizar el proceso y evitar el desbordamiento. Sin embargo, señalan que estas medidas fueron frenadas por directrices políticas. «Sabemos que cuando tenían preparadas a las personas para ir a dar soporte, les dijeron que no se podían hacer esos cambios», explica a este rotativo la vicepresidenta del COTSIB, Elsa Herranz, quien subraya que esta falta de autonomía técnica fue el principal detonante del caos inicial.

La «frustración» dentro de la oficina fue absoluta, tal como relata uno de los trabajadores del centro que vivió en primera persona el contraste entre la eficiencia inicial y el bloqueo posterior: «Ayer, primer día del proceso, se reforzó el servicio con tres personas más y acordamos que cada una atendía a cinco dado que todo es genérico. Había una larga cola pero fue muy fluido. Hoy [por el viernes 17], por decisión política, se ha negado el refuerzo de personal y se ha obligado a atender uno a uno diciendo que se iba a controlar que fuese así. De hecho se pasearon por allí un par de regidores. Y las compañeras de OAC Social estuvieron bajo una presión por la situación y por no dar abasto. Ha sido una vergüenza. Han dejado en mal lugar a las compañeras y han maltratado a la gente que esperaba», concluye.

Desde el Colegio de Trabajo Social denuncian que estas interferencias no son una mera cuestión organizativa, sino un «obstáculo real para el ejercicio de derechos fundamentales». La vicepresidenta del colectivo es tajante al respecto: «Los servicios sociales son el último dique de contención de nuestra democracia». A su juicio, cuando se prioriza la burocracia o el bloqueo político sobre la atención directa, se corre el peligro de que una herramienta creada para reducir la exclusión se convierta en su propia gestora.

«Han dejado en mal lugar a las compañeras y han maltratado a los que esperaban», afean

La profesional insiste en que las decisiones técnicas deben estar fundamentadas en la realidad que los trabajadores tocan a diario: «Estamos hablando de que todas las personas que están atendiendo son personas que tienen una formación universitaria, que son especialistas en todas estas situaciones complejas a nivel social».

El malestar es compartido por CCOO, sindicato que se personó en la oficina señalada para «respaldar a la plantilla y proteger las medidas preventivas». En un comunicado, el sindicato califica de «inaceptable» que los responsables políticos, «lejos de aportar soluciones, cuestionen las iniciativas de los trabajadores para garantizar la seguridad y eficiencia del servicio». La labor de autoorganización ha sido clave para evitar situaciones de mayor gravedad, logrando implementar medidas como el reparto de tickets de turno y la organización de las colas bajo espacios cubiertos para evitar la exposición directa al sol, una situación que, según denuncias previas, no se contempló durante los primeros días de desbordamiento.

Crisis de gestión

La situación se complica al solapar este proceso con una crisis de gestión que viene de atrás. Tanto el COTSIB como otras entidades han puesto sobre la mesal la reciente retirada masiva de personas del padrón municipal, «una práctica que ha afectado especialmente a colectivos vulnerables y sin hogar», destacan. Esta política, tildada por los profesionales como una «muerte administrativa», impacta de lleno en la capacidad de los migrantes para acreditar su permanencia continuada en España, un requisito indispensable para la actual regularización. «Sacar a personas del padrón bloquea que tengan acceso a sanidad y otros derechos», advierte la representante del Colegio de Trabajo Social, quien cuestiona si esta práctica está estrechamente relacionada con las dificultades actuales, un punto que, enfatiza, «tendrá que aclarar el Ayuntamiento».

Paralelamente, la desesperación por obtener cita ha dado pie a la aparición de un mercado negro. Este diario ha podido confirmar a través de sus consultas que grupos organizados o particulares estarían cobrando entre 50 y 120 euros por citas que deberían ser gratuitas. Las fuentes consultadas expresan su tristeza ante esta instrumentalización de la vulnerabilidad. «Al final lo triste es que haya gente que se aproveche de personas que necesitan realizar este trámite, que son vulnerables», señalan desde el Colegio, que pide a la administración competente medidas contundentes para limitar el acaparamiento de citas y garantizar el acceso equitativo.

Ante la confusión generada en estos primeros días, entidades como Càritas Mallorca también han movilizado a sus expertos para clarificar el procedimiento y evitar que los solicitantes caigan en manos de oportunistas. María Crespí, abogada de la entidad, ha querido lanzar un mensaje contundente: «Sobre todo estén atentos a las informaciones que se ofrecen por canales oficiales. No hay que pagar para obtener citas presenciales». La jurista, que ha estado desgranando la nueva normativa en sesiones técnicas, recuerda que este trámite no requiere obligatoriamente de profesionales externos y que todas las personas pueden gestionarlo «sin necesidad de un abogado o gestor».

Mientras tanto, la Red por la Inclusión Social EAPN Illes Balears mantiene su firme defensa de la regularización como «un derecho imprescindible para la cohesión social». Pese a que la situación en las OAC «ha comenzado a normalizarse ligeramente gracias a la reorganización interna y a las aclaraciones del Ministerio»- destaca Herranz- el sector social insiste: «la gestión no puede depender de la improvisación». La exigencia es unánime: planificación, refuerzos de personal y respeto a la autonomía de los profesionales para que el sistema no falle a quienes más lo necesitan.

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