El Govern reivindica la residencia legal para acceder a ayudas y evita avalar la "prioridad nacional" de Vox: "Priorizamos a la gente de aquí, más allá de conceptos"

El Govern balear ha optado por desplazar el debate de la "prioridad nacional" al terreno técnico y centrar su respuesta en la exigencia de requisitos de residencia legal para acceder a prestaciones públicas. Sin querer entrar a debatir el marco impulsado por Vox, el Ejecutivo defiende que su política social se basa en criterios "efectivos" y aplicables, con el objetivo de "priorizar a la gente de aquí" sin entrar en el terreno de los conceptos.

La consellera de Asuntos Sociales, Sandra Fernández, ha sintetizado esta posición al asegurar que el Govern no quiere participar en el debate semántico: "Más allá del debate de los conceptos, con lo que nos quedamos es con aquellas medidas que son efectivas, que se pueden aplicar y lo estamos haciendo". Bajo esta lógica, ha confirmado que el acuerdo alcanzado con Vox se traducirá en la exigencia de tres años de residencia legal para acceder tanto a la renta social garantizada (Resoga) como a la renta de emancipación.

Fernández ha enmarcado esta medida dentro de una estrategia más amplia de ordenación del sistema de prestaciones. "Tenemos claro que debemos poner orden en las prestaciones, que debemos exigir unos requisitos mínimos para acceder a las ayudas", ha señalado, insistiendo en que el Ejecutivo apuesta por la "practicidad" frente al debate político. En este sentido, ha recordado que el requisito de residencia legal ya se aplica en otras ayudas, como el ingreso mínimo vital o las pensiones no contributivas, así como en el acceso a vivienda pública.

Propuesta de Vox

Esta misma semana Vox ha registrado en el Parlament una Proposición No de Ley (PNL) para implantar el principio de "prioridad nacional" en el acceso a ayudas sociales, vivienda, sanidad y pensiones no contributivas, una iniciativa que reabre el debate sobre la inmigración en Baleares y que sitúa al PP de Marga Prohens ante una disyuntiva política tras el reciente acuerdo alcanzado con la formación de Santiago Abascal en Extremadura.

La propuesta insta al Gobierno central a modificar el marco normativo para que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a los recursos públicos, al tiempo que reclama la repatriación de inmigrantes en situación irregular. Vox enmarca esta ofensiva en respuesta a los últimos decretos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, entre ellos el que amplía la cobertura sanitaria a extranjeros sin residencia legal y el que articula un proceso de regularización que podría afectar a miles de personas en Baleares.

Evitar el término "prioridad nacional"

El planteamiento del Govern es rechazar el lenguaje de la "prioridad nacional" pero incorporar parte de su lógica en la práctica. La exigencia de residencia se convierte así en el instrumento central para filtrar el acceso a determinadas ayudas, sin asumir explícitamente el discurso de Vox. Esta misma estrategia ha sido reforzada por el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, que ha evitado posicionarse directamente sobre la propuesta de Vox, alegando que no ha analizado su contenido. "No he leído la PNL de Vox sobre la prioridad nacional", ha afirmado, aunque ha dejado clara la orientación del Ejecutivo: "Apostamos por el sentido común: priorizar la gente de aquí, facilitando la vivienda con criterios de residencia".

Costa ha añadido que el Govern no tendría inconveniente en apoyar la iniciativa si se plantea en esos términos, aunque ha insistido en que no puede pronunciarse sin conocer el texto concreto. "No puedo darle una respuesta porque no he leído la propuesta de Vox", ha reiterado.

El vicepresidente ha defendido que la utilización de la residencia legal como criterio de acceso a ciertas ayudas no es una novedad, sino una práctica consolidada en distintos niveles administrativos. Ha recordado que Baleares exige cinco años de residencia para acceder a una vivienda de protección pública, y ha subrayado que "algunos municipios de izquierdas piden hasta 15 años", algo que ha calificado de "perfectamente legal".

Asimismo, ha señalado que el Estado fija en diez años de residencia legal en España el requisito para acceder a una pensión no contributiva, reforzando la idea de que las medidas impulsadas por el Govern se alinean con marcos ya existentes. Pese a ello, Costa ha querido marcar distancias con el debate político planteado por Vox: "No contribuiremos al debate sobre la prioridad nacional".

34 millones en ayudas

El Govern publicará una línea de ayudas destinada a inversiones en servicios de inclusión social de 2026 a 2035. El Consell de Govern ha autorizado este viernes a la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia para que pueda destinar 34 millones de euros a esta convocatoria de subvenciones.  

La convocatoria va destinada, concretamente, a entidades del tercer sector de acción social, para que puedan financiar la compra, construcción, reforma o rehabilitación, adaptación o ampliación de centros, o la mejora de los servicios actuales, en terrenos o edificios destinados a servicios de inclusión social. 

La modernización de los centros de servicios sociales, mediante la remodelación de los equipamientos, permitirá dotar nuevos espacios para acoger a profesionales que apoyen los servicios sociales comunitarios y que colaboren en la implantación de prestaciones básicas. Asimismo, permitirá tener unos centros de servicios sociales que se ajusten a las necesidades actuales y poder atender a las personas usuarias con criterios de calidad y accesibilidad. 

Los usuarios de estos servicios son, entre otros, personas en situación de vulnerabilidad, exclusión y aislamiento social, así como con dificultades de integración familiar, comunitaria o social. De este modo, por tanto, el Govern refuerza la red de servicios sociales de atención pública de Baleares.

Suscríbete para seguir leyendo