El Consell de Mallorca aumenta de tres a cinco años el requisito de residencia legal para optar a las ayudas sociales por la guerra de Irán

El Consell de Mallorca exigirá a petición de Vox cinco años de residencia legal para optar a las ayudas sociales para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán. Los ultraderechistas han celebrado este mediodía a través de un comunicado lo que consideran "un paso más en la lucha por la prioridad nacional", con la que han conseguido incrementar de tres a cinco los años de residencia exigidos para optar a las prestaciones económicas. Según reconocen en la nota informativa, "hemos puesto cinco años porque es hasta ahí donde nos deja llegar la ley". Los beneficiarios, han señalado fuentes próximas, no deberán superar los 25.200 euros de ingresos anuales y se priorizarán a familias con hijos.

Tres semanas después de que el presidente insular, Llorenç Galmés, anunciara en el Debate de Política General una línea de ayudas directas a familias y colectivos vulnerables para hacer frente a los efectos derivados del conflicto en Oriente Medio, no había habido noticia alguna sobre este paquete de medidas, cuyo valor se ha visto incrementado en las última semanas hasta los 22 millones de euros. Los servicios jurídicos del Consell, previo a que se aprobarse el escudo social en el pasado pleno, alertaron de que una elevada exigencia residencial en las ayudas podría poner en riesgo el marco legal de las mismas. Fueron retiradas por este y otros motivos y, desde entonces, no ha habido más pronunciamientos del la institución insular al respecto.

Sin embargo, este viernes ha sido Vox quien ha roto el silencio institucional y, adelantándose a Galmés, ha anunciando a través de una nota informativa el desbloqueo de las negociaciones y el incremento del requisito residencial, reivindicando que el partido ha "condicionado las ayudas que otorgará la institución insular para paliar la subida de precios". Cómo encajar la exigencia residencial en el escudo social era el último escollo a superar entre PP y Vox para dar por cerrado el asunto a la espera de su aprobación definitiva.

El vicepresidente del Consell y miembro de la formación ultraderechista, Pedro Bestard, ha sido el encargado de negociar con el Partido Popular, socio en el gobierno insular, la puesta en marcha del denominado escudo social. Desde Madrid -Bambú- dejaron claro desde el inicio de las conversaciones que la prioridad de la rama insular del partido no debía ser otra que conseguir incluir el requisito de residencia en las ayudas, convirtiéndolas en "solo para españoles", en consonancia con la línea actual del partido de apostar por la "prioridad nacional".

Según ha expuesto Vox en el comunicado, el Consell realizará una aportación extraordinaria de nueve millones de euros al Institut Mallorquí d'Afers Socials destinados a las ayudas para familias vulnerables. "Hemos adoptado una medida pionera en el Consell de Mallorca. Nunca se había llegado tan lejos", celebra Bestard en declaraciones recogidas en el comunicado.

Tras esta victoria, Vox asegura que la intención del partido a partir de ahora será "revisar todas las ayudas que otorga la institución para poner requisitos que nos ayuden a beneficiar a los españoles". "Queremos establecer prioridad nacional y el arraigo en todas las ayudas que sea posible", concluye Bestard.

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