El Govern se opone a declarar zonas tensionadas como se exige desde Madrid

La Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares han organizado durante el día de hoy unas jornadas, con la presencia de expertos, para ahondar sobre la situación que atraviesa el mercado inmobiliario de las islas. Y entre los actos más interesantes de la jornada, esta tarde se ha celebrado un coloquio con la presencia de dos representantes de la administración autonómica que gestionan desde el Govern balear la política de vivienda que se desarrolla en Baleares.

Uno de los intervinientes ha sido José Francisco Reynés, arquitecto y director general de vivienda, que ha tratado muchos temas, pero sobre el que más ha incidido ha sido sobre las consecuencias que tendrá para Baleares el Plan Estatal de la Vivienda, anunciado la pasada semana por el presidente Sánchez. Reinés ha explicado que, por primera vez, desde Madrid se reconoce que estamos ante un problema de falta de oferta de viviendas, una realidad que se venía negando hasta ahora. El director general ha detallado que con este plan nacional, Baleares recibirá una subvención de 168 millones de euros, insuficiente para financiar todos los proyectos que se están impulsando desde la administración autonómica, por lo que el Govern tiene previsto invertir siete veces el dinero que llegará desde Madrid.

El plan establece, entre otras cosas, ayudas al pago del alquiler, pero lo limita a una renta de mil euros. Reinés señaló que el Govern quiere aumentar esta cantidad hasta los 1.200 euros, teniendo en cuenta el valor actual de los alquileres en Baleares.

Una de las polémicas que ha suscitado este plan de vivienda es que desde Madrid, a través del delegado del Gobierno, se ha exigido al Ejecutivo balear que declare determinadas áreas como zonas tensionadas, con la excusa de que se podrá controlar mejor el precio del alquiler y con ello se recibirá una mayor subvención. Sin embargo, Reynés rechaza esta afirmación y asegura que la declaración de espacios tensionados no supone que Madrid va a enviar más dinero a Baleares. Explicó que es cierto que los proyectos que se presenten en estas zonas tensionadas tendrán mayores ayudas públicas, pero si está declaración no se aprueba, la subvención beneficiará a más proyectos. Por lo tanto, el alto cargo del Ejecutivo dejó claro que el Govern no va a ceder ante las presiones del Delegado del Gobierno y no tiene previsto aprobar la declaración de zonas tensionadas.

El director general explicó que el Govern proyecta la construcción de siete mil viviendas y reiteró que el plan de choque ha realizado el Ejecutivo está pensado sobre todo para el residente. El 40% de las nuevas viviendas deben ser de protección, a precio limitado, pero Reynés recordó que la persona que pretenda acceder a una de estas casas ha de demostrar una residencia mínima de cinco años en Baleares. Sobre el resto de viviendas, que se venderán sin ningún tipo de limitación, el Govern no tiene previsto intervenir sobre ellas.

Por otra parte, Paz Andrade, directora general de Armonización Urbanística, que también ha intervenido en el coloco, ha explicado las medidas que ha realizado el Govern para simplificar y acelerar las tramitaciones administrativas para conseguir una licencia de construcción. Ha explicado que el Govern secunda la creación de unas empresas, que se dedican precisamente a simplificar estos trámites. Mientras que anteriormente se podía tardar entre uno y cinco años para conseguir una licencia de construcción, en el caso de Palma, si el proyecto lo presenta una de estas empresas, que se encargan de elaborar los informes técnicos y jurídicos, el Ayuntamiento está aprobando las licencias en apenas diez días.

Otro de los trámites que se están acelerando es la clasificación urbanística del suelo. La directora general de armonización urbanística explicó que el proceso para conseguir construir en un determinado suelo se podía prolongar entre quince y 20 años, con los perjuicios que suponía para los ciudadanos. Ahora, según Andrade, el tiempo de espera no supera los dos años, lo que permite adelantar la construcción de viviendas. Aclaró que los proyectos que se están aprobando, al menos, deben ser de 100 viviendas. De ellas, el 40% deben ser piso que se venden a un precio limitado.

Uno de los puntos que suscitó más polémica en la mesa de análisis es la obligación que todos los profesionales del sector estén incluidos en un registro. El Govern y la mayor parte del sector de Baleares era partidario de crear este listado, que lo que hace, de alguna manera, es que la persona que vende una casa a un cliente sea un profesional, con los conocimientos necesarios. Sin embargo, desde Madrid se ha rechazado la creación de dicho registro, por oposición sobre todo de Competencia y del ministerio de Hacienda. “El Estado está en contra de este listado porque se considera que afecta a la libre competencia y a la libertad del mercado”, se ha detallado durante la intervención de los expertos.

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