Menos alumnos por aula: el plan del Gobierno frente al escepticismo de los sindicatos docentes de Baleares

El Gobierno ha dado un paso firme en la reforma de las condiciones del sistema educativo español. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de ley que establece una reducción en el número máximo de alumnos por aula y una disminución de la jornada lectiva del profesorado. Esta medida, diseñada para revertir los recortes iniciados en 2012 y armonizar las condiciones laborales en todo el territorio nacional, busca, según el Ministerio de Educación, una atención más personalizada y un entorno de trabajo más digno para los docentes.

El núcleo de la propuesta se centra en ajustar las capacidades máximas de las aulas. El texto legislativo plantea situar el límite en 22 estudiantes para Educación Primaria y 25 para Secundaria, rebajando las cifras actuales de 25 y 30, respectivamente. Asimismo, el proyecto introduce un criterio fundamental para la inclusión al establecer que el alumnado con necesidades educativas especiales contará como doble plaza en todos los centros sostenidos con fondos públicos. En cuanto a la carga laboral del profesorado, la ley fija un tope de 23 horas lectivas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y lo reduce a 18 horas para Secundaria y Bachillerato.

El calendario de implantación es, sin embargo, uno de los puntos que genera mayor fricción. Aunque la normativa se plantea para comenzar a aplicarse en el curso 2026-2027, la realidad es que el despliegue de las nuevas ratios será progresivo, alcanzando su plena operatividad en el curso 2031-2032. Esta cadencia ha provocado que comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y el País Vasco soliciten más tiempo y una memoria económica detallada, argumentando que el ajuste de plantillas y recursos supondrá un coste elevado que debe ser cubierto por el Estado.

La tramitación parlamentaria se antoja compleja y sujeta a posibles demoras. Con la clausura de las sesiones plenarias ordinarias prevista para junio, existe una notable incertidumbre sobre si los plazos permitirán que las medidas entren en vigor al inicio del próximo curso. De hecho las discrepancias en el sector educativo son notables y han quedado reflejadas en las reacciones de las organizaciones sindicales de Baleares.

Críticas y exigencias

El STEI Intersindical ha expresado a este diario su "rechazo rotundo" ante lo que consideran una "falta de ambición" por parte del Ministerio. Según el sindicato, el Gobierno pretende cerrar la legislatura con una reforma "low cost" que no responde a las necesidades reales de los centros. El STEI denuncia que el descenso de ratios no responde a una "apuesta decidida por la calidad educativa", sino a la "inercia del descenso de la natalidad" , además de advertir que la reducción de horas lectivas, sin un aumento real de las plantillas, está provocando una "pérdida de supresión de apoyos para el alumnado con necesidades específicas". Asimismo, califican de "olvido sistemático" la ausencia de propuestas para reducir la "asfixiante carga burocrática" que soporta el profesorado.

Por su parte, el sindicato ANPE, aunque valora positivamente las medidas, advierte de que "estas iniciativas deben ir acompañadas de una financiación estatal suficiente y de un calendario de implantación realista que garantice su viabilidad". El sindicato lamenta que no se haya abordado la reducción de la carga burocrática y subraya la necesidad de tener en cuenta las especificidades de territorios como Baleares, "donde la dificultad de cubrir plazas se suma a la falta de infraestructuras adecuadas", apuntan.

En las islas, la insatisfacción es más aguda por el contraste con la legislación autonómica. Alternativa Docent ha calificado el calendario de implantación de "insuficiente", recordando que en Baleares, gracias a una enmienda propia, las ratios deberían estar un 10% por debajo de las estatales, un punto que, según denuncian, el Govern está incumpliendo. UOB Ensenyament también califica la propuesta del Ministerio de "insuficiente" y reclama reducciones de alumnos por aula "mucho más drásticas", mostrando además su suspicacia sobre la reducción de horas lectivas, al temer que "pueda esconder alguna trampa" que no suponga una reducción real de la carga laboral.

Finalmente, el Sindicato Independiente, Autónomo y Unitario (SIAU) coincide en que la reforma es un avance, pero subraya que "debe ir acompañada de medidas adicionales" como el fomento de desdoblamientos en aulas de alta complejidad. SIAU insiste en que factores como la insularidad y el elevado coste de vida deben ser determinantes en las políticas educativas para asegurar la permanencia de los docentes en las islas. Cabe destacar que el Ministerio de Educación ha recordado que la nueva ley "se ajustará mejor a la realidad de las aulas" y permitirá una "atención más justa y personalizada", al tiempo que planea la elaboración de un índice de vulnerabilidad socioeconómica para identificar los centros que requieren una mayor intervención.

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