El sindicato CSIF denuncia el “fracaso” de la implantación de los tribunales de instancia en Baleares

El sindicato CSIF ha denunciado hoy el “fracaso” de la implantación de los tribunales de instancia en Baleares. “No se puede construir una nueva organización judicial a costa del caos interno, de la improvisación y del deterioro de las condiciones de trabajo. Y no se puede exigir profesionalidad y responsabilidad a la plantilla mientras la Administración responde con desorden, opacidad y falta de previsión”, advierte la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en un comunicado.

Una encuesta elaborada por el sindicato, en la que han participado más de 440 empleados públicos de la Administración de Justicia en el archipiélago, pone de relieve graves deficiencias en la implantación de los tribunales de instancia. La plantilla considera que esta reforma se ha llevado a cabo de forma “precipitada, desorganizada y sin garantías”. El estudio evalúa este proceso en las islas y le pone un suspenso.

Los bajos resultados se repiten en Mallorca, Ibiza y Menorca, “lo que demuestra que no estamos ante problemas puntuales o casos aislados, sino ante un problema estructural y generalizado en toda Baleares”, destaca la central sindical.

Por ello, CSIF Justicia Baleares exige a la Administración que “deje de maquillar la situación y reconozca el fracaso organizativo de este arranque”. El sindicato reclama una revisión inmediata del modelo implantado, la corrección urgente de las carencias detectadas, una definición clara de funciones y mandos, la dotación real de medios materiales y una información transparente y completa para todo el personal.

La encuesta realizada refleja que el suspenso se extiende a los aspectos esenciales del nuevo sistema que entró en funcionamiento por fases, tal como establece la Ley de Eficiencia de la Justicia. Así, la valoración global de la implantación de los tribunales de instancia en las islas apenas alcanza un 1,9 sobre 4, mientras que la percepción de que este nuevo modelo vaya a mejorar el servicio público de justicia se queda en un 1,96 sobre 5. Es decir, “quienes están sosteniendo cada día el funcionamiento de juzgados y servicios comunes no creen que esta reforma esté mejorando la Justicia”, detalla el CSIF.

La coordinación entre unidades obtiene una media de solo un 1,74 sobre 5, la distribución de cargas de trabajo se queda en un 1,83 sobre 5 y la supuesta mejora de la eficiencia en la tramitación apenas alcanza un 1,84 sobre 5. “Lejos de racionalizar el trabajo, lo que reflejan las respuestas es un modelo que genera más confusión, más sobrecarga y más problemas en el día a día”, añade el sindicato.

Sin preparación

El CSIF considera especialmente grave que esta implantación se haya producido sin una preparación material mínima. Solo un 28,7% del personal encuestado afirma que encontró su puesto preparado el primer día, lo que significa que más de siete de cada diez trabajadores se incorporaron al nuevo modelo en condiciones claramente deficientes. A ello se suma que solo un 29,1% conoce la RPT (relación de puestos de trabajo) de su partido judicial y apenas un 36,6% afirma conocer algún protocolo de funcionamiento de los tribunales de instancia. “No se puede vender como modernización un proceso que arranca sin información, sin transparencia y sin instrucciones claras”, concluye el sindicato.

Otro de los datos más significativos es que un 52,8% de las personas encuestadas asegura recibir instrucciones contradictorias en sus tareas diarias. Esta cifra “pone de manifiesto que la implantación no solo está mal diseñada, sino que además está generando inseguridad funcional, descoordinación jerárquica y conflictos organizativos que afectan directamente al trabajo diario y, en última instancia, al servicio que se presta a la ciudadanía”, denuncia la central sindical.

Tampoco la información previa ni la formación recibida salen bien paradas. La información recibida antes de la implantación apenas obtiene una valoración de un 1,93 sobre 5 y la formación recibida se sitúa en un 2,07 sobre 5, según la encuesta del CSIF Justicia Baleares.

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